Las democracias no suelen desaparecer de un día para otro. No se derrumban con un solo decreto ni con una única reforma. Comienzan a erosionarse cuando los ciudadanos dejan de sorprenderse ante aquello que antes les habría parecido inadmisible. El mayor riesgo para una democracia no es únicamente la concentración del poder, sino la normalización de esa concentración
Por ello, quizá la pregunta que deberíamos hacernos no sea quién gobernará México en los próximos años, sino qué clase de democracia estamos dispuestos a conservar.
Desde hace varios años, el país vive una transformación institucional profunda. El debate público se ha concentrado en defender o condenar al gobierno en turno, pero esa discusión ha dejado en segundo plano un asunto más importante: el debilitamiento de los contrapesos que caracterizan a toda democracia constitucional.
La independencia judicial, la fortaleza de las instituciones, los mecanismos de transparencia y la vigencia efectiva del Estado de derecho han dejado de ser causas compartidas para convertirse en banderas partidistas.
Ése es, quizá, el mayor triunfo de la polarización: lograr que la defensa de las instituciones deje de verse como una obligación de todos y se interprete como una posición ideológica.
Las democracias maduras descansan sobre la premisa de que el poder debe tener límites. Ningún gobierno, por legítimo que sea, debe ejercer el poder sin controles eficaces. La historia demuestra que los contrapesos existen para proteger a los ciudadanos, no para obstaculizar a los gobernantes.
Sin embargo, en México pareciera que comenzamos a acostumbrarnos a que esos límites se reduzcan sin provocar una reacción proporcional a la trascendencia de los cambios. Las reformas para limitar el amparo, la captura del Poder Judicial y las discusiones sobre las reglas electorales generan debates intensos durante algunos días, para después ser absorbidas por la siguiente polémica. La capacidad de asombro se desvanece con rapidez.
A ello se suma la escasa exigencia ciudadana respecto del cumplimiento de las promesas de gobierno. En una democracia, votar no agota la responsabilidad cívica; apenas la inicia. Elegir gobernantes implica también supervisarlos, exigir resultados, cuestionar decisiones y sancionar políticamente los incumplimientos. Hoy, no existe rendición de cuentas ni equilibrio democrático.
La responsabilidad, sin embargo, no recae únicamente en los ciudadanos. También alcanza a quienes, por su influencia económica, académica o social, contribuyen a moldear el rumbo del país. El silencio de amplios sectores empresariales frente al deterioro de las condiciones que durante décadas consideraron indispensables para invertir —certeza jurídica, estabilidad institucional y respeto al Estado de derecho— plantea una interrogante incómoda. ¿Puede construirse prosperidad cuando se debilitan precisamente las reglas que la hacen posible? Defender el entorno institucional no debería responder a cálculos de conveniencia inmediata, sino a una visión de país.
No se trata de idealizar el pasado. México nunca ha tenido una democracia perfecta. Pero reconocer sus deficiencias no debería llevarnos a aceptar con indiferencia cualquier retroceso.
Hoy contamos con menos instituciones autónomas capaces de defender con eficacia la democracia y los derechos humanos, lo que reduce los espacios de vigilancia y equilibrio frente al poder.
Reconstruir las instituciones perdidas y luego generar confianza en éstas, fortalecer la cultura de la legalidad y recuperar el valor de los contrapesos no es tarea de un solo gobierno ni de una sola generación. Es una responsabilidad compartida que exige ciudadanos dispuestos a defender principios, incluso cuando esos principios beneficien a quienes piensan distinto.
La historia demuestra que las libertades rara vez se pierden de golpe; suelen extinguirse al ritmo de la indiferencia de quienes creyeron que nunca podrían desaparecer.