Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria inicia una visita oficial a México

Este lunes, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria inicia una visita oficial a México para evaluar la situación de la privación de la libertad en el país.

La delegación, integrada por los expertos Matthew Gillett, Ganna Yudkivska y Miriam Estrada-Castillo recorrerá durante 12 días diversas entidades como la Ciudad de México, Nuevo León y Chiapas, en las cuales se reunirán con representantes de instituciones gubernamentales, comisiones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y otros actores interesados. 

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Los funcionarios estarán en lugares de privación de la libertad, incluidas cárceles, comisarías de policía e instituciones para menores, migrantes y personas con discapacidad psicosocial. 

Desde el 2018, este Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas, a través de sus opiniones y comunicaciones, ha insistido a México sobre la necesidad urgente de anular la prisión preventiva oficiosa que “es contraria a las garantías internacionales de protección de derechos humanos y representa un problema estructural en la impartición de justicia”.

Esta misma conclusión la han asumido la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura.

Una de las más serias consecuencias de la prisión preventiva obligatoria ha sido el que muchos mexicanos pasen más de una década privados de su libertad a la espera de un juicio, sin sentencia y en condiciones de grave riesgo a sus vidas e integridad personal. Esto además contribuye al hacinamiento carcelario.

“La prisión preventiva oficiosa es, igualmente, contraria a la independencia judicial y al deber de fundamentar jurídicamente los motivos de la detención”, señaló Estrada-Castillo en su más reciente exhortó a las autoridades mexicanas en septiembre del año pasado.

Agregó que “la prisión preventiva oficiosa pone a México en franca violación de sus obligaciones internacionales de derechos humanos, asumidas con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La visita de este 2023 tiene como objetivo corroborar si estas condiciones prevalecen en el país pese a los llamados de atención de organismos internacionales y a resoluciones de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Dentro del itinerario de la delegación de la ONU se tiene contemplada una conferencia de prensa el próximo 29 de septiembre donde se dará a conocer un primer acercamiento al panorama que observaron, previo al informe que ofrecerán al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2024.

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fdm