ONGs advierten peligro de ratificación de juez imputado por violencia sexual
Las organizaciones enfatizan que esta decisión, de dejar en su cargo a Héctor Ulises Orduña, acarrearía consecuencias para el acceso a la justicia
Organizaciones de la sociedad civil han emitido una enérgica advertencia sobre la inminente ratificación de Héctor Ulises Orduña Hernández como Juez de Distrito en Veracruz, quien se encuentra bajo investigación por acusaciones de violencia sexual contra una adolescente. Las organizaciones enfatizan que esta decisión acarrearía consecuencias para el acceso a la justicia y la salvaguarda de los derechos de las víctimas, particularmente niñas, niños y adolescentes.
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Alumbra, Reinserta, Te Protejo, Freedom, Guardianes, Conciencia, World Vision y ChildFund México son las voces que se suman a esta alerta, donde detallaron que Orduña Hernández, elegido como juzgador mixto en el Distrito 2 de Veracruz, está actualmente detenido por su presunta participación en el delito de violencia sexual contra su sobrina, involucrando tocamientos lascivos y la coerción a observar material sexualmente explícito. Adicionalmente, existen vínculos en Estados Unidos con la posesión de material de abuso sexual infantil.
Las organizaciones expresaron su profunda inquietud, señalando que la ratificación de un individuo con tales imputaciones sentaría un precedente de inaceptable tolerancia social e institucional hacia la violencia sexual y la impunidad. Argumentan que la integridad y credibilidad del sistema judicial se verían comprometidas si se permite que una persona bajo investigación por crímenes de esta magnitud ocupe una posición de alta responsabilidad, menoscabando el principio de imparcialidad y enviando un mensaje desalentador a las víctimas y sus familias.
Las ONGs instaron a las autoridades pertinentes, incluyendo al Instituto Nacional Electoral (INE), al Tribunal Electoral Federal y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz, a proceder con celeridad, transparencia y bajo los más estrictos estándares de protección de la infancia y adolescencia. Hicieron un llamado a la acción en defensa del interés superior de la niñez, destacando que la presunción de inocencia es compatible con la obligación ineludible del Estado de actuar con la máxima diligencia en la protección de este sector vulnerable de la población.
Subrayaron que cualquier persona acusada de violencia sexual debe ser suspendida cautelarmente de cargos públicos hasta la resolución completa de los hechos.
Finalmente, exhortaron a la sociedad civil, a los medios de comunicación y a las organizaciones defensoras de derechos humanos a unirse en la demanda de un sistema de justicia conformado por individuos íntegros, éticos y comprometidos con la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La Comunidad Alumbra enfatizó que la impartición de justicia para las víctimas debe ser una prioridad ética, legal y política en México, abogando por un modelo de justicia que no solo repare, sino que también evite la revictimización. La potencial ratificación de Héctor Ulises Orduña Hernández se considera una amenaza directa a la confianza pública en el sistema judicial y al compromiso estatal de salvaguardar a las infancias y adolescencias.
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*mcam
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