En la alta política nada ocurre por casualidad, mucho menos cuando las urnas amenazan con disolver el control absoluto. Ante la probable pérdida de la mayoría inconstitucional en el Congreso de la Unión para las elecciones de 2027, el oficialismo ha activado un mecanismo defensivo tan predecible como peligroso: la censura institucional y el acotar la libertad de expresión.
La reciente determinación del INE para restringir cualquier alusión a términos como “narcopartido” o “narcogobierno” en la pauta publicitaria no representa una victoria del respeto cívico ni de la pulcritud democrática. Se trata de una operación de blindaje. El partido en el poder acude a las instituciones electorales para prohibir un vocablo, como si el borrado semántico tuviera el poder de extirpar la realidad social.
Lo contradictorio de este afán por amordazar a la oposición es el contexto en el que se ejecuta y patentiza que el oficialismo piensa que los mexicanos son tontos. Mientras en México el órgano electoral actúa con celo implacable para velar la reputación de la coalición gobernante, cruzando la frontera norte el panorama jurídico y diplomático apunta hacia una dirección radicalmente opuesta.
En Estados Unidos, el Departamento de Justicia, agencias federales de inteligencia y cortes de distrito en Nueva York e Illinois mantienen abiertas investigaciones y expedientes severos contra exfuncionarios, legisladores y gobernadores del oficialismo por presuntas alianzas estratégicas con el crimen organizado. Reportes de investigación publicados en medios internacionales, así como expedientes radicados ante fiscales norteamericanos, han documentado con precisión acusaciones que abarcan desde complicidad en el tráfico de fentanilo y esquemas de “huachicol fiscal” hasta el inminente riesgo de que dinero de procedencia ilícita financie activamente las campañas venideras.
Las autoridades estadunidenses no sólo sostienen pesquisas sobre la penetración del narcotráfico en estructuras gubernamentales, sino que han detectado que diversos actores políticos mexicanos buscan acercamientos directos con los fiscales de aquel país para entregar información comprometedora sobre sus propios correligionarios a cambio de acuerdos de colaboración judicial.
Resulta una paradoja grotesca: mientras del otro lado del Río Bravo los fiscales y jueces norteamericanos consolidan expedientes sustentados en redes de macrocriminalidad e infiltración financiera, en las oficinas de nuestro árbitro electoral se decreta que nombrar esa sospecha constituye una “calumnia” insostenible. Se pretende exigir un estándar probatorio de sentencia penal firme en México para que el debate público pueda siquiera cuestionar la severa crisis de seguridad y las complicidades territoriales que ahogan al país.
El oficialismo apela a la legalidad procesal para sofocar la crítica legítima. Alegan que imputar ligas con el narcotráfico excede la pauta de un debate constructivo. Sin embargo, omiten que el escrutinio público no es un juzgado de consigna, sino el espacio donde la ciudadanía evalúa el comportamiento y las sombras del poder. Si las autoridades del principal socio estratégico del país acusan la penetración del crimen en las estructuras operativas de la transformación, la respuesta del Estado no puede ser el silencio administrativo ni el veto.
A medida que se acerque 2027 y la pérdida de la hegemonía legislativa se transforme en una amenaza real para el proyecto oficial, este tipo de resoluciones enviará un mensaje devastador: el uso del aparato institucional para modelar el lenguaje a conveniencia.
Se equivoca el gobierno si cree que prohibiendo un concepto en las pautas electorales logrará disipar las sospechas que resuenan en los tribunales internacionales. La verdad no se administra por decreto ni se borra mediante cautelares; simplemente termina imponiéndose frente a los ojos del mundo.
Los muertos y las y los desaparecidos tienen nombre y habitan en la conciencia de quienes gobiernan.