Morelos legaliza represión en las marchas; publican protocolo previo al 8M

A sólo unas horas de las marchas por el Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, el gobierno de Morelos legalizó tácticas que a nivel internacional son vistas como violaciones a los derechos humanos.

Bajo una narrativa de “protección”, el nuevo protocolo policial publicado el viernes en el periódico oficial Tierra y Libertad faculta a las fuerzas de seguridad a realizar detenciones basadas en la “apariencia” de las personas y aislar a manifestantes de sus contingentes. Además, prácticamente faculta a la policía a utilizar extintores químicos como armas de dispersión de protestas.

En entrevistas con Excélsior bajo condición de anonimato, activistas y abogados alertaron que este documento es, en realidad, un andamiaje legal diseñado para criminalizar la protesta social y blindar la impunidad policial.

El mensaje que envía el gobierno estatal es, afirman, de una incongruencia total: “Estamos abiertos al diálogo, pero estamos blindados; queremos coadyuvar con ustedes, pero hacemos esta ley para reprimir”, advierten.

Uno de los puntos más críticos de la publicación, calificada como “exprés” por parte de los abogados, es la autorización para usar extintores de Polvo Químico Seco (PQS) o CO2 en las manifestaciones.

Aunque el gobierno estatal argumenta su uso para sofocar incendios, expertos legales advierten que disparar estos agentes químicos a corta distancia provoca asfixia y quemaduras en vías respiratorias, funcionando como un gas lacrimógeno “legalizado”.

Incluso, aplicar CO2 a una persona con asma puede ser fatal, alertaron.

Se supone que para contener manifestaciones deben usar las armas menos letales, en las leyes hay una prohibición en torno al uso de armas dentro de las manifestaciones y el uso de químicos”, señalaron.

El protocolo introduce conceptos que vulneran la presunción de inocencia, consagrada en la Constitución federal. Por ejemplo, los artículos 10 y 11 permiten detenciones por la “apariencia de comisión de delito”, un término subjetivo que da discrecionalidad total a los policías para arrestar a ciudadanas bajo prejuicios estéticos o de actitud, sin necesidad de que haya una flagrancia real.

Pueden arrestarte y usar candados de mano o esposas para inmovilizarte, es un caso criminal”, denunciaron los colectivos.

El documento establece el “aislamiento” de manifestantes, una táctica de encapsulamiento que, ante eventuales detenciones en el marco de las marchas del 8M, puede dejar a las mujeres vulnerables y sin el respaldo de su red de acompañamiento.

Los abogados destacaron que el protocolo, por sí mismo, indica un exceso de facultades del secretario de Seguridad estatal, Miguel Ángel Urrutia Lozano, pues él es quien lo emite a pesar de que en la Constitución local no hay facultades para que el mando regule temas relativos a los derechos humanos, que además sólo pueden normarse por leyes, no por reglamentos administrativos, como es en este caso.

En la publicación no viene la firma del Ejecutivo estatal (Margarita González Saravia) ni del Poder Legislativo”, acusaron.

Otra señal de alerta es que aunque la primera línea de seguridad en las manifestaciones esté conformada por mujeres policías, unidades masculinas de choque podrán intervenir si las agentes se ven “rebasadas”, un criterio que el protocolo deja sin definición técnica.

El uso de hombres puede ser un indicativo de que hay un gobierno machista: ‘si las mujeres no pueden, legislamos que entren los hombres’. Al final, lo que dicen es que los hombres pueden golpear a las mujeres”, dicen.

Insistieron en que el protocolo es ilegal y represor. “El estado está pensando mandar a hombres para golpear a mujeres, detener a mujeres, encapsular a mujeres y a usar químicos contra ellas”. Ante esto, adelantaron que alistan una acción de inconstitucionalidad ante las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos para detener el protocolo.

Ante este panorama, llamaron a una vigilancia internacional sobre el actuar de las autoridades morelenses.

MANUAL DE ABUSOS:

Algunas alertas lanzadas por abogados y activistas sobre el nuevo protocolo policial de Morelos.

PUNTO CRÍTICO:

• Uso de extintores.

• Detención por apariencia.

• Aislamiento.

• Agrupamientos masculinos.

LO QUE DICE EL PROTOCOLO:

• “Sofocar conatos de incendio”.

• Intervención por “apariencia de delito”.

• Separar a personas que opongan resistencia.

• Intervención si la policía mujer es “rebasada”.

EL RIESGO REAL:

• Asfixia, ceguera y quemaduras químicas.

• Perfilamiento y detenciones arbitrarias.

• Ruptura de redes de seguridad y vulnerabilidad.

• Escalamiento de la violencia física contra mujeres.

AMURALLAN PALACIO, TRAS INDIGNACIÓN Y RECHAZO 

Las vallas metálicas que suelen resguardar el Palacio Nacional en la capital del país aparecieron este fin de semana en Morelos, soldadas alrededor del Palacio de Gobierno.

Durante 15 días, los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) han convertido las calles en un foro cotidiano para denunciar la inseguridad y el acoso que asfixia a sus campus.

Sin embargo, la tensión ha escalado más allá de las aulas: con la marcha del 8 de marzo, la exigencia de justicia por los feminicidios de jóvenes como Karol Toledo y Kimberly Joselin Ramos ha puesto bajo un intenso escrutinio no solo al sistema judicial, sino también a la élite política estatal, en un ambiente de confrontación que no se veía en años en la entidad.

La marcha feminista de este 8 de marzo se desarrollará en un ambiente de mucha tensión, no solo en Cuernavaca, sino también en municipios como Cuautla, Jojutla y Yautepec, en este último las colectivas llamaron a protestar contra el alcalde de Yautepec, Eder Alonso, y su hermano el diputado federal Agustín Alonso, luego de exhibir un vídeo donde un feminicida y su padre cómplice, dicen que la máquina utilizada para enterrar a una joven madre fue prestada por esa familia de políticos.

- Pedro Tonantzin

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