Mezclar los temas de Sinaloa y Chihuahua solo daña a las instituciones de México: Gómez Mont
También el “meter en el mismo costal” estas averiguaciones señala confusión e, incluso, posibles arbitrariedades, señaló el extitular de Segob
La postura que ha mostrado el gobierno federal sobre la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos y los diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa acusados por la corte de Nueva York, de vincularse con el crimen organizado, solo daña la credibilidad de las instituciones de justicia en el país. Además, meterlas “en el mismo costal” indicaría cierto grado de confusión en las autoridades.
Y es que se tratan de dos investigaciones distintas que han prendido los ánimos políticos, lo que puede derivar en cometer arbitrariedades desde el inicio de las mismas.
Así lo consideró Fernando Gómez Mont, ex secretario de Gobernación (Segob), al apuntar que una de las indagatorias trata sobre “la intervención de altos mandos políticos con delincuencia organizada para los efectos de la operación electoral de un partido durante las campañas”, mientras que la segunda “determina si existe una relación de comunicación, coordinaciones entre gobiernos estatales e instituciones de inteligencia extranjera”.
“Son cosas totalmente distintas, aunque sea en el mismo contexto. Me parece que meterlos en el mismo costal publicitario indica una confusión pues las diferencias son sustanciales. Eso es una valoración política pero sí afecta, afecta la percepción de objetividad o seriedad con la que esto se pueda investigar. Porque se trata de un contexto de escándalo, establecer equivalencias inaceptables entre lo que investigue un lugar y lo que investigue en otro”.
Los citatorios podrían tener el objetivo de generar “ruido mediático”, algo que finalmente afectaría a México, su relación con Estados Unidos, así como la credibilidad en las instituciones de justicia mexicanas. Incluso, apuntó Gómez Mont en entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio, convendría que estas indagatorias se desarrollaran en discreción, “de nada sirve el escándalo”.
“Esas investigaciones buscan desahogarse de manera que se llegue a resultados reales porque tienen que ver con actitudes y procedimientos institucionales. En este caso, hay que atender que se está dando en ese contexto. Cada vez que pasan estas cosas se va debilitando la percepción de credibilidad en las instituciones de investigación del país. Ojalá esto se remonte porque esta es una percepción que no le hace bien al país y pone a la justicia penal manifiestamente subordinada en datos donde no lo pueden estar y eso solo genera inseguridad para todos”
Esta no sería la primera vez que las autoridades federales solicitaran la presencia de gobernadores estatales en medo de una investigación, “no es nada extraordinario”, e incluso el abogado penalista recordó que así sucedió tras el homicidio del candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Donald Colosio, en Lomas Taurinas.
“Es algo que se atiende constantemente, altos funcionarios de la Federación o gobernadores pueden hacerlo. Lo hacen”.
Gómez Mont detalló que estos citatorios, dado que se trata de figuras de testigos, obliga a los funcionarios a presentarse ante la Fiscalía General de la República (FGR) para declarar en el marco de las investigaciones federales. Al contrario de lo que ocurriría si los citados fueran imputados directamente, donde pueden o no hacerlo.
Por ello, su recomendación para los solicitados es presentarse ante las autoridades, incluso si solo se trata de una comparecencia por escrito que “es mucho más ordenada, se le pide que formulen las preguntas y se les da tiempo ahora que contesten con todo orden, con toda la acumulación de la información, con todo el apoyo documental necesario y ya, sin mayores aspavientos”.
Asimismo, Fernando Gómez Mont calificó de “curioso” que la Segob sacara un comunicado solo para aclarar que el citatorio solo era en calidad de testigos, sin representar acusación alguna contra los llamados.