Julio Menchaca se olvida de comunidades indígenas afectadas por el huracán Priscila
La inconformidad crece porque, si bien hubo presencia oficial en los primeros días tras el huracán, esta no se tradujo en acciones sostenidas.
Seis meses después del paso del huracán Priscila, la promesa de reconstrucción en la sierra hidalguense se diluye entre omisiones, trámites inconclusos y una creciente molestia social.
En esta comunidad de Tianguistengo, la realidad contradice el discurso oficial: no hay obras de fondo, no hay prevención y, sobre todo, no hay respuestas claras del gobierno que encabeza Julio Menchaca Salazar.
El panorama es evidente desde el primer recorrido. El río continúa saturado de sedimentos, elevado por encima de su cauce original, convertido en una amenaza que los habitantes observan con inquietud ante la cercanía de las lluvias. No es un tema menor. Aquí, cualquier tormenta puede traducirse otra vez en desastre.
Los pobladores no hablan desde la especulación, sino desde la experiencia reciente. Alberto Jiménez Montiel lo explica sin rodeos: han insistido en la necesidad de maquinaria para desazolvar el río, han tocado puertas, han presentado solicitudes. La respuesta, dice, ha sido el silencio. Y en ese silencio, la percepción de abandono se vuelve inevitable.
La inconformidad crece porque, si bien hubo presencia oficial en los primeros días tras el huracán, esta no se tradujo en acciones sostenidas. Se limpiaron calles, se restablecieron servicios básicos, sí, pero las obras que realmente podrían reducir riesgos siguen sin ejecutarse. Ni muros de contención, ni intervención integral en el cauce.
En voz de Maricruz Villegas Monroy, la preocupación es directa: el río ya no es el mismo y ahora representa un peligro constante. Por eso, insiste, el llamado es urgente. No piden dádivas ni reubicaciones forzadas, piden algo más elemental, seguridad para permanecer en su propio territorio.
A esta situación se suma otro factor que ha tensado el ambiente: las irregularidades en los censos. Habitantes denuncian que personas ajenas a la comunidad lograron registrarse como afectadas, desplazando a quienes realmente perdieron patrimonio. Nicolás Fernández lo describe como un proceso plagado de inconsistencias, donde incluso se utilizaron espacios que no eran viviendas para justificar apoyos.
El tema de la reubicación tampoco ha sido bien recibido. Para muchas familias, abandonar Chapula no es opción. Aquí tienen su vida, su trabajo, sus vínculos. La insistencia institucional en moverlos, sin resolver primero las condiciones del lugar, ha sido interpretada más como presión que como alternativa.
Mientras tanto, la figura del gobernador se percibe lejana. Los habitantes recuerdan su visita tras el impacto del huracán, pero coinciden en que no hubo continuidad. Llegó, escuchó, prometió, y después… nada cambió.
La crítica, en el fondo, no se limita a la falta de infraestructura. Apunta a una gestión que, según los propios afectados, no ha sabido sostener el diálogo ni cumplir compromisos básicos.
Pastor Hernández Hernández lo resume con claridad: han pedido apoyo, han planteado soluciones, pero las respuestas no llegan. Y el riesgo, advierte, sigue creciendo con cada día que pasa.
En Chapula, el tiempo corre distinto. Aquí no se mide en meses, sino en temporadas de lluvia que se acercan sin que haya prevención. A medio año del desastre, la reconstrucción sigue detenida y la confianza, francamente, también. Porque cuando la ayuda no llega, lo que queda no es solo daño material, es la sensación de haber sido dejados atrás.
