La mala alimentación también golpea la economía de México; alertan por impacto en el PIB

El costo de la mala alimentación en México va más allá del dinero que las familias destinan a comprar comida. También se refleja en los gastos del sistema de salud, la pérdida de productividad y las presiones económicas asociadas con enfermedades crónicas que podrían comprometer el desempeño de la economía nacional.

De acuerdo con estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades relacionadas podrían reducir el Producto Interno Bruto (PIB) de México en 5.3% durante el periodo 2020-2050, además de representar 8.9% del gasto sanitario.

Las cifras fueron retomadas por especialistas del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (Equide) de la Universidad Iberoamericana y del Tecnológico de Monterrey, quienes advierten que los costos de una alimentación poco saludable no se limitan al ámbito individual, sino que también tienen consecuencias para las finanzas públicas y la actividad económica.

La proyección no representa una pérdida del PIB ya registrada ni un costo atribuible exclusivamente al consumo de alimentos ultraprocesados, sino el impacto económico asociado con el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades relacionadas.

En un análisis elaborado por Pablo Gaitán Rossi, director del Equide; Mauricio Hernández-Solano, investigador del mismo instituto, y Abril Campos, especialista de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, los autores plantean que México necesita transformar su sistema alimentario para facilitar el acceso a opciones saludables.

El desafío, sostienen, no puede resolverse únicamente mediante recomendaciones individuales sobre qué comer, pues las decisiones de consumo también están condicionadas por los ingresos de los hogares, los precios, la disponibilidad de productos y las condiciones en que se producen y distribuyen los alimentos.

ENFERMEDADES Y COSTOS SOCIALES

En México, más de siete de cada diez personas adultas viven con sobrepeso u obesidad 

Además, las enfermedades del corazón y la diabetes ocuparon los primeros lugares entre las causas de muerte en 2024, según las estadísticas de defunciones registradas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En conjunto, ambas enfermedades representaron más de una tercera parte de los fallecimientos registrados en el país.

Aunque estos padecimientos responden a múltiples factores y no pueden atribuirse exclusivamente a la alimentación, los patrones dietéticos poco saludables forman parte de los riesgos que pueden prevenirse o reducirse.

Los investigadores explican que una parte de los costos asociados con estos problemas se relaciona con las llamadas externalidades económicas: consecuencias de una actividad que no quedan reflejadas completamente en el precio que paga el consumidor.

En el ámbito alimentario, esto significa que un producto puede tener un precio accesible en el punto de venta, pero los efectos sanitarios asociados con determinados patrones de consumo pueden traducirse en mayores gastos médicos, presión sobre los servicios públicos y pérdidas de productividad.

Desde esta perspectiva, el precio de los alimentos no refleja necesariamente todos sus costos sociales.

Los especialistas también destacan la importancia del etiquetado frontal de advertencia, una herramienta que busca proporcionar información sobre las características nutricionales de los productos y ayudar a las personas consumidoras a tomar decisiones informadas.

PRECIOS, COMERCIO Y HÁBITOS DE CONSUMO

El acceso a una alimentación saludable también está relacionado con las condiciones económicas y comerciales que determinan qué productos están disponibles y cuánto cuestan.

En su análisis, los autores recuperan una investigación publicada en el Journal of International Economics, según la cual la exposición a importaciones alimentarias podría explicar hasta 20% del incremento de la obesidad entre las mujeres mexicanas de 1988 a 2012.

El estudio apunta a que los cambios en los precios relativos de los alimentos, vinculados con la apertura comercial, pueden modificar los hábitos de consumo y contribuir a transformaciones en la salud de la población.

Esto no significa que todos los alimentos importados sean perjudiciales ni que todos los productos de bajo precio sean poco saludables. La relevancia del hallazgo radica en que las condiciones del mercado pueden influir en las decisiones alimentarias de la población.

Por ello, los investigadores consideran insuficiente explicar el problema únicamente como una cuestión de voluntad individual. Las familias eligen sus alimentos dentro de un entorno condicionado por sus ingresos, los precios y la disponibilidad de alternativas.

La discusión también cobra relevancia ante las revisiones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), debido a que las decisiones comerciales relacionadas con el etiquetado, el maíz y las compras públicas pueden tener implicaciones para las políticas nacionales de alimentación.

Los especialistas plantean que estas decisiones deben considerar no sólo sus beneficios económicos inmediatos, sino también sus posibles consecuencias para la salud pública.

LEY ALIMENTARIA, CON REGLAS PENDIENTES

Otro de los desafíos identificados en el análisis es la aplicación de la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible (LGAAS), diseñada para contribuir a la garantía del derecho a una alimentación adecuada.

Los especialistas señalan que el reglamento de esta legislación continúa pendiente, pese a que la ley estableció un plazo de 180 días naturales para su expedición.

La falta de este instrumento, advierten, dificulta precisar responsabilidades institucionales, mecanismos de supervisión y recursos para poner en práctica distintas disposiciones.

Entre las tareas pendientes mencionan la instalación del Sistema Intersectorial Nacional de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (SINSAMAC), así como la definición de reglas para las compras públicas de alimentos.

Estos mecanismos podrían ayudar a establecer criterios comunes para la adquisición de productos frescos en programas de alimentación, incluidos los escolares, y favorecer la participación de pequeños productores.

Para los investigadores, mejorar la alimentación de la población requiere medidas que vayan más allá de las campañas informativas: también implica generar condiciones para que las opciones saludables sean accesibles y estén disponibles.