No bastó a la 4T con echar a la calle a impartidores de justicia sin causa justificada y con desprecio a su carrera judicial, su experiencia y su trayectoria. No le bastó arruinar su proyecto de vida. El objetivo era la captura de los poderes judiciales del país. La finalidad fue terminar con la auténtica división de poderes, concentrar los tres poderes en uno solo, el Poder Ejecutivo.
Pero como la destitución de la mitad de esos juzgadores surtirá efecto hasta el año próximo tras la segunda fase de la elección judicial, la 4T se propuso evitar que ejercieran sus funciones con independencia. De ahí la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, cuyas resoluciones son inimpugnables y cuyos miembros en su totalidad son simpatizantes del partido en el poder. Sus facultades pueden llegar a la destitución, la denuncia penal y la privación de los haberes de retiro si se trata de jubilados. Las causales de sanción son de una ambigüedad tal que contrarían el principio de taxatividad.
La Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han sostenido que jueces y magistrados no pueden ser sancionados por el sentido de sus resoluciones, pues deben ejercer su tarea con libertad, sometidos exclusivamente a la ley, sin recibir órdenes, presiones o injerencias. Contra tales lineamientos, el Tribunal de Disciplina Judicial ha emprendido una feroz cacería autoritaria contra jueces de carrera. A ninguno de ellos se le ha imputado un acto de corrupción o el incumplimiento de sus deberes. No, el Tribunal de Disciplina, comportándose como un tribunal inquisitorial, está tomando represalias contra impartidoras e impartidores de justicia que han tenido el valor y la congruencia de dictar resoluciones que han desagradado al gobierno federal o a gobiernos estatales, y también porque han manifestado su desaprobación a la reforma judicial con la que nuestro país ha dejado de ser una democracia.
Al someter a los juzgadores a procedimiento administrativo por sus resoluciones —sólo a jueces de carrera, a ninguno de acordeón—, el Tribunal de Disciplina está violando escandalosamente el artículo 14 constitucional, en el que se consagran los principios de debido proceso, legalidad y no retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna. Ese artículo ordena que nadie sea privado de un bien o un derecho sino mediante juicio ante tribunal previamente establecido y conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho. El Tribunal de Disciplina no es un tribunal establecido previamente a las conductas que motivan los procedimientos y las resoluciones por las cuales se persigue a los juzgadores no estaban —ni están— prohibidas por ley alguna.
Las juezas Gabriela Ruiz y Martha Magaña están sometidas a procedimiento administrativo por haber concedido suspensiones contra el proceso legislativo que finalmente desembocó en la reforma judicial. De acuerdo con la acusación, no debieron conceder suspensión contra una reforma constitucional ni estimar que el asunto era urgente (por estar en huelga, los jueces sólo podían conocer de asuntos urgentes), y sus resoluciones fueron dictadas en su propio interés porque con la reforma su cargo estaba en juego. Ninguna de esas imputaciones resiste el análisis. Las suspensiones no fueron contra la reforma constitucional, que aún no existía, sino contra un proceso legislativo viciado. Los lineamientos de la huelga dejaban al criterio de cada juez determinar qué asuntos eran urgentes, y vaya que lo era un proceso legislativo que se sabía fast track. Las resoluciones no sólo defendían derechos de los impartidores de justicia, sino el derecho de todos a una justicia imparcial y de calidad.
El juez Sergio Sigales está suspendido desde hace un año por conceder, cumpliendo sentencias de la CIDH vinculantes para el Estado mexicano, libertades provisionales en delitos de prisión preventiva oficiosa. Se le paga solamente 33% de su salario y se le privó de prestaciones.
La jueza Citlallic Vizcaya ha sido suspendida por fallos que frenaron proyectos del gobernador zacatecano David Monreal.
No son, ni mucho menos, todos los casos. El propósito de tales procedimientos y tales sanciones es la intimidación. El mensaje es evidente: si los juzgadores se apartan de lo que la 4T espera de ellos, las represalias serán brutales como ya lo están siendo contra varias juezas y jueces.