La respuesta ante la indignación por el agua contaminada en Guadalajara revela la ligereza con que se atienden los asuntos públicos.
La gestión errática de una crisis que afecta a miles de familias desde hace meses exhibe las consecuencias de relegar la obligación de garantizar servicios básicos y privilegiar la imagen sobre la responsabilidad. Este mal atraviesa a la clase política, pero resulta más evidente en gobiernos indiferentes a las demandas de los sectores vulnerables.
La crisis del agua se ha convertido en un problema político. Lo que en el fondo revela no son sólo fallas de gestión, sino también una forma de ejercer el poder que se hace más visible por la indiferencia ante las demandas de los sectores más vulnerables. “Si no pueden, que se vayan”, espetó Morena con un estándar oportunista que no aplican a sus gobiernos.
Pero sí, su contestación refleja una visión que antepone la defensa del gobierno a la atención ciudadana y privilegia el rejuego de negocios con las élites económicas en la obra pública. Un partido que se presenta como alternativa progresista queda expuesto cuando sus gobiernos contradicen ese discurso.
Y quizá explique mejor el debilitamiento de la oposición desde 2018 que atribuirlo a los programas sociales de Morena. La confianza de la gente no depende sólo de lo que los gobiernos ofrecen, sino también de la distancia con sus problemas, de lo que omiten y de cómo responde ante una emergencia.
Tras pedir a la población el sacrificio del racionamiento, se responde con represión a la protesta. Después se justificaron al señalar la presencia de provocadores. Sin embargo, atribuir la inconformidad a una maniobra partidista no resuelve sus causas ni exime al gobierno como último responsable de la situación.
La emergencia tampoco surgió de la nada. La red del Sistema de Agua Potable de Guadalajara arrastra infraestructura obsoleta, falta de mantenimiento y descargas irregulares: una cadena de problemas que las autoridades no han ni comenzado a resolver. La indignación crece tanto por las afectaciones cotidianas como por la impunidad de quienes permitieron que la situación llegara al punto de cortes que afectaran a un millón de personas, aunque el problema sea heredado.
La situación deriva de una cadena de omisiones y negligencias que se volvió inocultable en enero, cuando se multiplicaron los reportes de agua sucia y fétida en las casas. Sin embargo, las autoridades actuaron hasta octubre, cuando cerraron el flujo del Sistema Antiguo de Abasto Chapala-Guadalajara para sanearlo e identificar más de 70 descargas irregulares en la presa Las Pintas.
La magnitud de las medidas correctivas confirma la gravedad y obliga a preguntar por qué no se actuó antes. Los cortes y el suministro por tandeo agravan la incertidumbre de una población que aún desconoce el origen y el alcance de la contaminación.
Un problema central es la falta de una explicación que deslinde responsabilidades e identifique a las empresas o instituciones que contaminan y sus efectos en la salud. No basta con atribuir lo ocurrido a errores humanos ni con anunciar obras futuras. Una emergencia de esta naturaleza exige transparencia, medidas verificables y rendición de cuentas.
La dependencia del contaminado lago de Chapala agrava la situación. Más de 60% del agua que abastece a los hogares metropolitanos proviene de esa fuente a través de canales construidos hace medio siglo, y uno de ellos transcurre a cielo abierto. El gobierno propone sustituirlo por un nuevo con inversión privada, que aún deberá aprobar el Congreso local. La obra tardaría, al menos, dos años, y abre otro frente con el gobierno federal, que cuestiona la privatización del agua.
El cálculo electoral otra vez pesa. La crisis avanza hacia las elecciones de 2027, cuando se renovarán el Congreso y municipios, en un estado que Morena busca conquistar antes de la sucesión estatal de 2030. La oposición tiene incentivos para aprovechar el desgaste del gobierno estatal, mientras éste reduce sus tropiezos a errores humanos y permanece inconsecuente. Pero ninguna estrategia sustituye la obligación de resolverla.