Jueces buscan reactivar el Bar Adelitas en Tijuana
En el Bar Adelitas se obtenían ganancias de hasta 100 millones de pesos mensuales derivadas de actividades vinculadas con la explotación sexual de decenas de víctimas
A pesar de permanecer recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 11 (Cefereso 11), ubicado en Hermosillo, Sonora, Juvenal “N”, alias “El Padrino”, identificado por autoridades federales como líder de una red internacional de trata de personas que operaba en el Bar Adelitas en Tijuana, Baja California, mantiene una disputa legal para recuperar dicho inmueble, considerado por las autoridades como el principal centro de operaciones de esa organización criminal.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), en el Bar Adelitas se obtenían ganancias de hasta 100 millones de pesos mensuales derivadas de actividades vinculadas con la explotación sexual de decenas de víctimas.
Las indagatorias federales señalan que la intención de recuperar y reactivar el establecimiento sería generar nuevamente recursos económicos para solventar la defensa legal de Juvenal “N”, así como financiar a integrantes de la organización que actualmente cuentan con órdenes de aprehensión vigentes y permanecen prófugos de la justicia.
Una de las principales impulsoras de que se resuelva la devolución de los inmuebles a favor de la presunta red criminal es la jueza Decimosexta de Distrito en Baja California, María del Carmen Mondragón Rodríguez, quien, pese a que ya existía una fecha previamente fijada para la audiencia, ordenó modificarla a petición de la defensa de “El Padrino”.
Cabe recordar que Juvenal “N”, considerado un objetivo prioritario del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, fue detenido en la colonia Nueva Escocia, en Guadalajara, Jalisco, durante un operativo conjunto encabezado por la Secretaría de Marina (SEMAR), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional.
De acuerdo con funcionarios de la FGR consultados por Excélsior, la estrategia jurídica impulsada por la defensa del líder criminal tendría como objetivo recuperar el Bar Adelitas mediante la empresa Liga de Comercio Empresarial, S. de R.L. de C.V., con la intención de reactivar las operaciones del inmueble y obtener recursos económicos destinados al pago de abogados, así como al sostenimiento de integrantes de la organización que permanecen prófugos de la justicia.
El litigio del Bar Adelitas
El litigio se desarrolla dentro del juicio de amparo 642/2023 y del amparo en revisión 176/2025, donde el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito resolvió el 19 de marzo de 2026 reponer una audiencia relacionada con la solicitud de liberación y entrega del inmueble conocido como Adelitas Bar.
La resolución ordena repetir la audiencia en la que un apoderado legal de una persona moral, que no forma parte de la causa penal 19/2023, promovió la entrega del establecimiento. El caso volvió al Centro de Justicia Penal Federal de Hermosillo, Sonora, donde se fijaron fechas para dar cumplimiento a la ejecutoria.
En un primer momento, la audiencia denominada “tutela de derechos” fue programada para el 28 de octubre de 2026. Posteriormente, tras un requerimiento judicial, la fecha se modificó para el 10 de septiembre del mismo año.
Sin embargo, la jueza Decimosexto de Distrito en Baja California, María del Carmen Mondragón Rodríguez, consideró que el plazo seguía siendo excesivo y ordenó nuevamente al Centro de Justicia Penal Federal de Hermosillo remitir un nuevo informe y justificar la demora en el cumplimiento de la ejecutoria.
El acuerdo judicial, fechado el 6 de mayo de 2026, advierte incluso sobre posibles sanciones y medidas de apremio en caso de incumplimiento por parte de las autoridades responsables. Entre ellas, una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), así como la eventual remisión del expediente a un Tribunal Colegiado por inejecución.
Empresa fantasma reclama el Bar Adelitas
La empresa Liga de Comercio Empresarial, S. de R.L. de C.V., señalada en investigaciones federales por presuntos vínculos con inmuebles relacionados con actividades ilícitas en Tijuana, Baja California, no fue localizada en el Registro Público de Comercio (RPC) de la Secretaría de Economía ni en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), de acuerdo con revisiones realizadas a ambas plataformas oficiales.
Esta sociedad reclama diversos inmuebles mediante procedimientos judiciales y su apoderado legal es el abogado Rubén Fernando Benítez Álvarez de Castillo, quien actualmente funge como apoderado general de la compañía.
Documentos judiciales señalan a Damián y Aschey Jiménez Álvarez, identificados como hijos de Juvenal “N”, “El Padrino”, así como Servando Díaz López, alias “El Guante”, procesado por presunta explotación sexual forzada, están como propietarios y parte de la empresa.
Las investigaciones federales ubican a Liga de Comercio Empresarial, S. de R.L. de C.V. en expedientes relacionados con inmuebles como el Bar Adelitas, el Bar Valentina y el Hotel Coahuila, establecimientos situados en Tijuana y señalados en indagatorias por presuntas actividades ilícitas.
De acuerdo con reportes federales, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas investigaciones por delitos de trata de personas y delincuencia organizada vinculados con dicha estructura empresarial.
Las indagatorias señalan que algunos inmuebles asegurados por autoridades federales en 2023 fueron posteriormente objeto de amparos y resoluciones judiciales que derivaron en devoluciones parciales. Esa situación generó cuestionamientos públicos y señalamientos sobre posibles actos de corrupción en procesos judiciales relacionados con el caso.
Autoridades federales también investigan una presunta red conformada por al menos 22 empresas que de acuerdo con las pesquisas, habrían sido utilizadas para operaciones de lavado de dinero. Los reportes estiman que dicha estructura pudo generar ingresos superiores a 100 millones de pesos mensuales provenientes de explotación sexual internacional.
Abogado de delitos de alto impacto
Rubén Fernando Benítez Álvarez de Castillo ha participado en diversos litigios de alto perfil en México y Estados Unidos relacionados con procesos penales federales y defensas por delitos de alto impacto.
En 2011 encabezó la defensa del empresario Jorge Hank Rhon, detenido por presunto acopio de armas, asunto en el que obtuvo su libertad provisional. En 2014 representó al exmarine estadounidense Andrew Tahmooressi, detenido en Tijuana por portación de armas, caso que concluyó con su repatriación a Estados Unidos.
Dos años después figuró como asesor legal de Ethan Couch, conocido internacionalmente como el “affluenza teen”, quien huyó a México tras incumplir condiciones de libertad condicional impuestas por autoridades estadounidenses.
Más recientemente, en 2021, asumió la defensa del exalcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, señalado en una investigación por el homicidio de un influencer.
En 2025 se incorporó al equipo jurídico del boxeador Julio César Chávez Jr., ante señalamientos formulados por la FGR, mismos que calificó públicamente como “especulaciones” sin sustento probatorio.
Investigación en marcha por caso Bar Adelitas
Fuentes federales consultadas señalaron que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una línea de investigación contra diversos funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Sonora y Baja California por posibles vínculos y presuntos beneficios otorgados a integrantes de la organización criminal relacionada con el Bar Adelitas.
Las indagatorias buscan determinar si servidores públicos incurrieron en resoluciones, actos u omisiones que pudieran favorecer jurídicamente a la estructura criminal encabezada por Juvenal “N”.
De acuerdo con el Título Decimoprimero del Código Penal Federal, referente a los delitos cometidos contra la administración de justicia, el artículo 225 establece sanciones para los servidores públicos que “ejecuten actos o incurran en omisiones que produzcan un daño o concedan a alguien una ventaja indebidos”.
La fracción VII de dicho artículo establece que quienes incurran en estas conductas pueden enfrentar penas de tres a ocho años de prisión, además de multas que van de treinta a mil cien días multa.
jcp