Integrantes de Guerreros Unidos irán a juicio por delincuencia organizada

Al rechazar un incidente de inejecución de sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que siete integrantes del Cártel de Guerreros Unidos irán a juicio por el delito de delincuencia organizada, a unos días de cumplirse los primeros 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero.

Serán sometidos a proceso Miguel Ángel Landa Bahena, alias “El Duvalín”; Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”; Darío Morales Sánchez, “El Comisario”, Salvador Reza Jacobo, “El Lucas”; Patricio Reyes Landa, “El Pato”; Jonathan Osorio Cortés, “El Jona”, y Agustín García Reyes, “El Chereje”, principales involucrados en la desaparición de los normalistas.

El acuerdo dictado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena desecha un incidente de inejecución de sentencia, derivado de varios juicios de amparo en los que integrantes de Guerreros Unidos solicitaron la protección de la justicia federal.

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La resolución ordena reponer el proceso penal por el delito de delincuencia organizada en contra de los siete presuntos responsables, a quienes en las investigaciones de la llamada “Verdad Histórica”, se les imputó llevar a las víctimas a casa del líder de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, “El Cabo Gil”, y en donde presuntamente se ordenó la desaparición de los 43 estudiantes.

En el acuerdo del Pleno de la SCJN se ordena al juez que dicte una nueva sentencia en la que, al momento de realizar el análisis concreto de la causa, revoque la resolución apelada y ordene la reposición del procedimiento hasta el auto de donde se tuvo cumplida la orden de captura.

En octubre de 2018, el juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales ordenó la libertad de “El Chereje”, “El Jona”, “El Pato”, “El Lucas” y “El Cepillo”, por falta de elementos al considerar que, presuntamente, fueron objeto de actos de tortura o que el Ministerio Público Federal no acreditó la existencia de la organización delictiva Guerreros Unidos.

En su resolución, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena estableció que también se beneficie a las víctimas indirectas, para que hagan valer sus derechos y, en caso de no contar con un abogado, el juzgado les asigne un asesor legal con cargo al Estado.

JCS