Instan expertos a jueces mexicanos a aplicar el control difuso en protección de la Constitución
Señala Pablo Andrei Zamudio Díaz de Arte Jurídico, que el control difuso no es ir en contra de la Constitución, sino hacerla más fuerte y protegerla

En México, los jueces no solo deben aplicar la Constitución, sino también los tratados internacionales sobre derechos humanos que México ha firmado.
Ambos forman un bloque de constitucionalidad, que lleva consigo que con igual jerarquía normativa sirvan tanto como parámetro de validez como de interpretación jurídica respecto a nuestras normas jurídicas internas, entre las cuales se encuentra incluso la Constitución misma.
El abogado experto en Derecho Constitucional, Pablo Andrei Zamudio Díaz así lo explica: “a esto se denomina “control difuso de convencionalidad" y significa que cualquier juez, en cualquier caso que tenga que resolver, puede decidir si una ley o norma, incluso reformas o adiciones constitucionales, se apegan o no al núcleo duro de la Constitución y los tratados internacionales de protección de los derechos humanos. De no ser fieles a la esencia y los principios de la Constitución y dichos tratados, el juez puede dejar de aplicarlas”.
Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los jueces deben elegir siempre la opción que mejor proteja los derechos humanos, a la luz de lo establecido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales.
A partir de lo ordenado en el artículo 1 de la Constitución, debe hacerse lo posible porque la Constitución y los tratados internacionales se interpreten de manera armónica, y si hay un conflicto entre ellos, se debe aplicar la opción que más favorezca a la persona” refiere Zamudio Díaz.
El abogado señala que el control difuso no es ir en contra de la Constitución, sino hacerla más fuerte y protegerla mejor, “pues lleva consigo la encomienda de que su esencia de salvaguarda no sea desconocida, por ejemplo, a través de modificaciones del poder reformador de la Constitución que socaven los principios jurídicos que la sustentan. De igual modo, sirve para evitar que leyes o cambios que se hagan, incluso a la Constitución, vayan en contra de los derechos de las personas. De esta forma, los jueces pueden rechazar cualquier cambio que no sea compatible con los principios y derechos que la Constitución debe proteger, así se trate de una reforma o adición a la Constitución” concluye Pablo Andrei Zamudio Díaz de Arte Jurídico.
En definitiva, el control difuso de convencionalidad es una herramienta que ayuda a que nuestra Constitución cumpla su misión principal: proteger los derechos y la dignidad de todas las personas, asegurando que siempre se respeten los compromisos que México ha asumido en materia de derechos humanos.
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