INE ahorra 795 mdp; irán a ejes prioritarios

El instituto electoral reportó economías, ingresos excedentes y retiros de recursos disponibles, a pesar de haber tenido que redirigir recursos para la elección judicial

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La elección judicial representó para el INE un gasto no previsto originalmente en su presupuesto.

El Instituto Nacional Electoral reportó que, al cierre del cuarto bimestre de 2025, acumuló 794.9 millones de pesos producto de ahorros, economías, ingresos excedentes y retiros de recursos disponibles.

Del total, 213.8 millones (27%) provienen del Capítulo 1000 “Servicios Personales”, recursos generados principalmente por el Presupuesto Base Operativo que serán reorientados a prioridades institucionales y presiones de gasto en personal. Los 581 millones restantes (73%) corresponden a economías en los capítulos 2000 y 3000, así como a ingresos excedentes.

En paralelo, el INE informó que de la ampliación presupuestal de 800 millones de pesos otorgada este año, ya reasignó 547.8 millones para atender el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, particularmente en capacitación, asistencia electoral, desarrollo tecnológico y apoyo jurídico.

Las áreas con mayores reasignaciones fueron: Capacitación y educación cívica con más de 431 millones de pesos; Tecnologías de la información (UTSI), casi 65 millones para sistemas informáticos, infraestructura, voto digital desde el extranjero y automatización de procesos.

Para asistencia y logística electoral de la Dirección de Organización Electoral, 29.3 millones; apoyo jurídico, 18.1 millones y otras áreas como el Registro Federal de Electores y la Unidad Técnica de Transparencia, así como atención ciudadana también recibieron recursos menores.

El informe destaca que el INE ha mantenido disciplina financiera, pero al mismo tiempo debió redirigir recursos para garantizar la organización del proceso extraordinario del Poder Judicial, que no estaba previsto originalmente en su presupuesto anual.

De esta forma, el instituto enfrenta presiones operativas en un contexto donde deberá planear las elecciones de 2027 y, al mismo tiempo, sostener proyectos estratégicos como el voto electrónico y modernización tecnológica, lo que anticipa una negociación presupuestal compleja para 2026.

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