A nadie le retiran una visa por capricho. Eso lo sabe Andy López Beltrán, hijo de López Obrador, a quien Washington le canceló dicho documento. Las leyes estadunidenses contemplan diversas causales para revocar una visa, pero cuando una medida de esta naturaleza alcanza a un personaje políticamente relevante, lo mínimo que merece es una explicación seria, no una reacción basada en el berrinche diplomático.
Mucho menos cuando la respuesta es una carta como la que envió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que acusó a funcionarios del gobierno estadunidense, entre ellos Marco Rubio y Christopher Landau, de actuar por motivos “politiqueros”, sin presentar públicamente pruebas que sustentaran semejante acusación.
A partir de ahí ocurrió lo previsible: Morena y la propia presidenta Claudia Sheinbaum envolvieron el asunto en la bandera de la soberanía nacional y acusaron a Estados Unidos de injerencia. Pero detrás de ese argumento queda una pregunta que el gobierno mexicano no ha querido responder: ¿por qué una decisión migratoria de Estados Unidos termina convirtiéndose, para Morena, en un asunto de soberanía nacional?
El debate adquiere otra dimensión cuando se observa el contexto. Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California; Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas; Alfonso Durazo, gobernador de Sonora; Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, y Adán Augusto López Hernández, entre otros funcionarios, han sido objeto de señalamientos públicos sobre presuntos vínculos con grupos criminales. Algunos de estos casos han derivado incluso en denuncias o investigaciones en México.
Frente a estas acusaciones, la respuesta oficial ha sido defender, minimizar o descalificar a los señalados, o exigir pruebas, en lugar de explicar con claridad qué investigaciones existen, qué diligencias se han realizado y cuáles han sido sus resultados.
La soberanía no puede convertirse en una coartada para evitar investigaciones. Cuestionar a un gobernador, a un secretario o a un integrante del círculo cercano de López Obrador no debería interpretarse automáticamente como un acto de injerencia extranjera. Y menos aun cuando lo que está en juego es la seguridad de millones de mexicanos que enfrentan todos los días extorsiones, amenazas y violencia.
Los señalamientos no se resuelven con discursos políticos. La verdadera pregunta es otra: ¿por qué las autoridades mexicanas no investigaron a fondo cuando surgieron las primeras acusaciones?
Ahí está la disyuntiva que la Presidenta ya no puede posponer: gobernar para todos los mexicanos, incluidas las familias víctimas del crimen organizado que hoy invade colonias, negocios y territorios enteros, o terminar siendo garante de la impunidad de quienes forman parte del círculo político de López Obrador.
La lealtad política debería tener límites. Uno de ellos tendría que ser, como mínimo, la sospecha fundada de posibles vínculos delictivos. Cuando un gobierno exige pruebas para investigar a los suyos, pero al mismo tiempo utiliza todo el peso de las instituciones contra sus adversarios, deja de existir una política de justicia imparcial y comienza a instalarse una lógica de protección política.
El problema resulta aún más preocupante porque no estamos hablando de un gobierno en su quinto o sexto año, desgastado por el paso natural del tiempo. Se trata de una administración que apenas cumple dos años y que ya enfrenta un deterioro considerable en materia de seguridad y un desgaste social cada vez más visible, mientras intenta convencer al país de que los problemas pueden resolverse mediante discursos y conferencias mañaneras.
La ciudadanía no necesita que le expliquen la diferencia entre soberanía e impunidad. La vive todos los días en carreteras inseguras, negocios extorsionados y comunidades sometidas por el crimen. Lo que exige son resultados: seguridad, investigaciones serias y consecuencias para quienes resulten responsables. No comunicados defensivos ni discursos destinados a proteger a los mismos de siempre.
Desde este espacio expresamos también nuestra solidaridad con quienes han sido señalados únicamente por ejercer el periodismo y exigimos que este tipo de listas no se conviertan en la nueva normalidad del debate público.