Dejan en el aire la Plataforma Nacional de Transparencia

El dictamen de reforma que pone fin a los organismos constitucionales autónomos deja en la incertidumbre el futuro de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) que en los últimos 24 años se convirtió en un bien del Estado mexicano bajo la custodia del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Datos Personales (INAI).

Dicha Plataforma aloja actualmente 15 mil millones de registros relacionados con contratos, facturas, expedientes y reportes, de los cuales únicamente mil millones corresponden al gobierno federal.

El resto de la información contenida en la PNT es de las entidades de la República, y de los llamados sujetos obligados, los que se consideran como tales ante el INAI cuando se trata de entes que reciben recursos públicos o tienen control de datos personales.

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El dictamen aprobado el jueves por los diputados modifica varios preceptos del Sexto Constitucional como es el carácter autónomo, especializado e imparcial que debían tener los mecanismos de acceso a la información pública.

En cambio, ahora, según quedó establecido en el numeral V de ese artículo, “se establecerán mecanismos de acceso a la información pública y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante las instancias competentes en los términos que fija esta Constitución y las leyes”.

¿Sobrevivirá la plataforma?

A las preocupaciones ventiladas por legisladores, usuarios y organizaciones de la sociedad civil ante la pérdida de autonomía e imparcialidad en el cumplimiento del derecho a la información, se suma ahora la del destino de la PNT, una vez que las facultades del INAI pasen a manos del gobierno federal.

Según lo previsto por los impulsores de la reforma, dichas facultades serán asimiladas por la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción, antes de Función Pública.

Sin embargo, la minuta que todavía deberá analizar, dictaminar y aprobar el Senado de la República eliminó párrafos del Sexto Constitucional que habían sido clave para el cumplimiento del acceso a la información, a través de la PNT, como es el caso del siguiente que ya no tiene correlato alguno, es decir, no fue sustituido por otro precepto.

“Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. El consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley, sólo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley de la materia”

La eliminación de texto aún vigente de la Constitución corresponde a la fracción VIII del Sexto Constitucional.

En la minuta de la reforma, también se quita de esa fracción la parte que señala que el Estado mexicano contará con un organismo garante que tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal.

Un derecho en riesgo

La periodista Lilia Saúl, experta en el manejo de la PNL, expuso en sus redes sociales la preocupación por el destino de ésta, alertando que el derecho de acceso a la información, tutelado en la Constitución, se encuentra en riesgo ante la eliminarse el INAI.

“Se deberá hacer una recomposición de los cómo y los cuándos y de la preservación de los archivos, tanto digitales como físicos”, planteó la destacada integrante de equipos internacionales de periodismo de investigación que velan por este tipo de herramientas.

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Considera Lilia Saúl que “lo que falle de aquí en adelante en materia de transparencia será porque no existe un mecanismo que sancione a funcionarios que se niegan a entregar información”.  Será el gobierno federal, plantea la periodista, el que tendrá que cargar ahora con la responsabilidad total.

Diputados de oposición intentaron en la discusión en lo particular de reparar esta laguna mediante reservas que buscaban garantizar que no sería el gobierno federal el depositario de los 14 mil millones de registros de datos personales de la PNT que no le corresponden.

Legislación secundaria

Actualmente, porque así lo indica la ley secundaria, la Plataforma se alimenta de información cada tres meses.

Una vez promulgada la reforma de Simplificación Orgánica, todavía en curso, el Congreso tendrá que aprobar la regulación que especifique en qué entes recaerá la tarea del mantenimiento de la PNT.

Bajo el INAI, la Plataforma es considerada un bien de la nación y del Estado mexicano y por lo tanto carece de un administrador único y es reivindicada como un patrimonio de carácter público.

El diputado federal Héctor Saúl Téllez (PAN) plantea que “con la extinción de los órganos autónomos, este gobierno irresponsable deja en el olvido y en la incertidumbre la protección de más de mil millones de archivos que se encuentran resguardados bajo la Plataforma Nacional de Transparencia.

“Tenemos una total incertidumbre, porque con la extinción del INAI no habrá un órgano garante de protección de esos archivos ni de la operación adecuada de la PNT, donde ahora la ciudadanía tiene acceso de forma inmediata a datos de servicios públicos y sobre contratos y el gasto de los recursos de las dependencias del gobierno”, previó el legislador.

Dijo Saúl Téllez que se tendrá que atajar esta laguna en las leyes secundarias para darle una protección especial a esos archivos de la Plataforma y dar garantía de acceso a la ciudadanía, por ahora en la ambigüedad. 

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