Hoteles y aeropuertos bajo la lupa: los desafíos del turismo ante la trata de personas

Mixi Cruz vivía en una comunidad rural de Cuautitlán Izcalli. A los 13 años, tras la muerte de su madre y en medio de una situación de vulnerabilidad extrema, Mixi fue captada por su hermanastra, quien le prometió un hogar y protección para después someterla a explotación laboral: se encargaba de las labores domésticas y del cuidado de cinco niños, hijos de su hermanastra. Posteriormente fue víctima de explotación sexual. Durante dos años y medio, Mixi vivió bajo el control de su hermanastra y por un tiempo fue trasladada a diversos hoteles de la Ciudad de México, donde señala que ninguna persona del personal cuestionó su presencia ni su edad.

«Eran hoteles de lujo, de cuatro y cinco estrellas. No eran hoteles de paso; era gente que venía de viaje y solicitaba estos servicios. No me pedían identificación, me dejaban pasar y entraba con mi hermanastra a habitaciones de hombres solos (…) Nadie del personal me preguntaba «¿cómo estás?» o «¿qué haces aquí a las 2 de la mañana siendo una niña?», nadie decía nada ni lo cuestionaba», expresa Mixi.

Su rescate ocurrió gracias a un camarista que la auxilió tras presenciar una agresión en una habitación del hotel al que Mixi había sido requerida. El trabajador la resguardó en una habitación vacía mientras se enfrentaba a la hermanastra de Mixi, quien lo amenazó de muerte. En esa época (2008-2009), a diferencia de los esfuerzos actuales, las empresas carecían de protocolos de protección a la dignidad humana o de actuación ante indicios de este delito. El caso de Mixi pone en evidencia cómo la falta de capacitación y sensibilidad en la industria turística facilitaba la operación de redes criminales y ponía en riesgo a quienes se animaban a alzar la voz.

Un panorama alarmante en el turismo

Este lunes, el Castillo de Chapultepec fue sede de la presentación del estudio Panorama de la trata de personas en el turismo en México, a cargo de Nayely Sánchez, titular de Programas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) México. El informe señala que la trata de personas es la tercera actividad ilícita más lucrativa a nivel mundial, solo por debajo del tráfico de armas y de drogas, con un incremento del 25 % de víctimas a nivel global, de las cuales más de una cuarta parte son niñas y niños. Según el estudio, entre 2015 y 2025 se detectaron 9,018 víctimas, siendo el sector turístico un espacio de alta vulnerabilidad debido a la movilidad masiva, la informalidad laboral y la exposición al riesgo.

El estudio detalla que la explotación sexual afecta principalmente a mujeres jóvenes nacionales (provenientes de Chiapas, Ciudad de México, Colima, Jalisco, Tabasco y Veracruz) y extranjeras (de países de América Latina y Estados Unidos) en hoteles, centros nocturnos y embarcaciones privadas, destacando entidades como Quintana Roo y la Ciudad de México.

El documento refiere que estas mujeres provienen de zonas de escasos recursos y, en su mayoría, son madres solteras, estudiantes o jefas de familia. La red criminal, integrada tanto por hombres como por mujeres, capta a las víctimas mediante el engaño: en algunos casos a través de una supuesta oferta laboral de servicios de modelaje; en otros, por medio de una relación sentimental o de amistad.

Hombres que trabajan como telefonistas y taxistas (que hablan español e inglés) ofrecen el servicio de «acompañamiento» de dichas mujeres a personas que visitan las zonas de alta afluencia turística mediante una agencia, redes sociales, grupos de mensajería instantánea o de manera presencial. Para ello, utilizan un catálogo con fotografías de las víctimas.

La red criminal retiene a las víctimas a través de amenazas y el cobro de deudas en inmuebles de alojamiento vacacional o casas de seguridad. Cuando la explotación se realiza en hoteles o alojamientos temporales, integrantes de la red trasladan a las víctimas al establecimiento donde se hospeda el «cliente» para un «servicio» de 24 horas. El pago solo se realiza a través de transferencias o terminales punto de venta (TPV).

Asimismo, el informe alerta sobre la explotación laboral de niñas, niños y adolescentes en negocios turísticos y la situación de personas migrantes irregulares. En estos casos, las personas tratantes son individuos cercanos a las familias y a las comunidades de origen, quienes se aprovechan de la necesidad económica de los padres, madres o tutores, prometiéndoles enviar las ganancias del trabajo realizado por los menores (NNA).

Los victimarios trasladan a los menores de sus comunidades a Cancún a través de líneas de autobuses formales e informales. Al llegar, las víctimas son sometidas a condiciones de vivienda hacinadas y precarias; además, hablan únicamente lenguas indígenas o tienen un dominio limitado del español, lo que incrementa su vulnerabilidad.

La red criminal explota laboralmente a los NNA en actividades vinculadas con el sector turístico, como la entrega de mercancía y el abastecimiento para restaurantes y hoteles, así como en empleos informales de venta de comida. En otras ocasiones, son obligados a pedir dinero en las calles (mendicidad forzada) o utilizados en actividades delictivas.

Hacia una red de protección y prevención

Frente a este panorama, sobrevivientes como Mixi insisten en que la narrativa debe cambiar para que la responsabilidad no recaiga únicamente en las víctimas. Actualmente, iniciativas como la de Aeroméxico —que cumple 10 años impulsando la prevención de la trata— y la reciente firma de la Declaración de Principios para la Prevención de la Trata de Personas por parte de autoridades federales, aeropuertos y el sector empresarial, buscan consolidar una cultura de alerta preventiva.

La implementación de guías de identificación, canales de reporte seguros y la capacitación constante del personal del sector turístico representan herramientas clave para que historias como la de Mixi no se repitan y los espacios turísticos se conviertan en una línea de defensa contra la explotación.

El estudio se acompaña del ABC de la actuación para personal y empresas del sector turístico, una herramienta que fortalece la prevención, la detección y la respuesta en el sector. En este documento se exponen señales de alerta para identificar un posible caso:

Ante estas situaciones, lo primero que debe hacer el personal del establecimiento turístico es detectar las señales de alerta, recabar información útil para el reporte y dar aviso al punto focal de seguridad del establecimiento. El personal de seguridad deberá verificar y completar la información para compartirla con la autoridad competente; el Ministerio Público será el encargado de iniciar la carpeta de investigación por trata de personas.

De acuerdo con el estudio, 2 de cada 10 trabajadores del sector detectaron situaciones sospechosas en su entorno laboral, y 4 de cada 10 nunca recibieron capacitación específica sobre la trata de personas. Además, existe un 93 % de cifra negra debido a la falta de denuncia por desconfianza institucional.

«Nosotros, como fundación comprometida con la protección y la prevención del delito, consideramos que este documento representa el compromiso de la sociedad y de todo el sector turístico involucrado en el combate a la trata de personas. Es también una herramienta que nos servirá para implementarla en campañas de prevención a nivel nacional», expresó Paola Tolsá, de Fundación Libera.

Según el Informe Mundial sobre la Trata de Personas 2024 de la UNODC, tan solo en la región de Norteamérica (México, Canadá y Estados Unidos), la mayoría de las víctimas detectadas son mujeres adultas (56 %), seguidas por niñas (25 %), hombres adultos (13 %) y niños (4 %). Además, la principal modalidad detectada es la explotación sexual (69 %), seguida de los trabajos forzados (23 %).

Si conoces o sospechas de un caso de trata de personas, puedes comunicarte a la Línea y Chat Nacional contra la Trata de Personas, operada por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX, al 800 5533 000.

Mixi Cruz, además, es activista contra la trata y se ha puesto a disposición para capacitar, prevenir y ayudar a estructurar planes de denuncia y acción.