Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum presenta su Segundo Informe de Gobierno desde Palacio Nacional. En unas horas escucharemos cifras alegres, un país que va viento en popa, homicidios a la baja, economía “robusta” y un gobierno que, según su propio relato, no comete errores. El guion ya lo conocemos porque es el mismo del año pasado y del sexenio anterior. Cambia la vocera, no cambia el libreto.
Empecemos por la deuda. Mientras Morena presume “soberanía” y “finanzas sanas”, la deuda pública de México superó ya los 18 billones de pesos, un máximo histórico, y la deuda externa alcanzó cerca de 654 mil millones de dólares en el primer trimestre de este año. La proporción de la deuda respecto al PIB llegó a 52.6% al cierre de 2025, la cifra más alta en 26 años. Para 2026, el país destinará 1.6 billones de pesos sólo al pago de intereses, más de lo que se invierte junto en infraestructura, salud y educación. Eso no es soberanía financiera: es una hipoteca que están firmando a nombre de todos los mexicanos, y hoy no lo van a mencionar así. Y esa hipoteca tiene una consecuencia directa: cada peso que se destina a pagar el costo de la deuda es un peso que deja de estar disponible para atender las necesidades de los mexicanos. Por eso vale la pena mirar qué ocurre precisamente en las áreas que el gobierno presume como prioridades. En educación, el discurso oficial hablará de grandes inversiones, nuevos programas y avances históricos. Pero detrás de las cifras están las escuelas que siguen teniendo carencias, la infraestructura educativa que no alcanza y los millones de estudiantes que continúan enfrentando rezagos. El gobierno puede presumir cuánto dinero presupuestó, pero una cosa es anunciar recursos y otra muy distinta es convertirlos en mejores escuelas, mejores condiciones para aprender y mejores resultados para los estudiantes.
En salud, la historia tampoco cambia. También escucharemos que se han destinado más recursos y que el sistema está siendo transformado. Pero para millones de mexicanos la realidad se encuentra en las clínicas saturadas, en las citas que no llegan, en los medicamentos que faltan y en familias que tienen que pagar de su bolsillo lo que el Estado debería garantizar.
Y lo mismo ocurre con la inversión. El gobierno puede presentar grandes montos destinados a infraestructura y presumir proyectos, carreteras, trenes y obras. Pero México necesita que esas inversiones se traduzcan en infraestructura terminada, empleos, crecimiento y mejores condiciones para competir. Porque anunciar una obra no es lo mismo que construirla, y presupuestarla no significa que los mexicanos ya estén disfrutando de sus beneficios. Ahí está otra de las trampas del discurso oficial: confundir el tamaño de las cifras con los resultados. Billones de pesos suenan impresionantes en un video de Palacio Nacional, pero lo que importa es qué recibe a cambio el ciudadano que paga impuestos.
Y luego está la seguridad, el tema que más cuidan en la narrativa oficial porque es también el que más golpea a las familias. El gobierno repetirá el dato que más le gusta: una baja de 48% en homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y junio de este año. Suena bien. Pero especialistas en seguridad y académicos llevan meses documentando algo distinto: una parte de esa “reducción” no es que haya menos muertes, es que las muertes se están contando distinto. Homicidios que antes se clasificaban como dolosos ahora aparecen en categorías como “otros delitos contra la vida”, homicidio culposo o simplemente no se contabilizan si los cuerpos aparecen en fosas clandestinas que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no actualiza en sus reportes oficiales. Un consultor en seguridad lo explicó sin rodeos: si mañana encuentran decenas de cuerpos en una fosa en Michoacán, esa cifra simplemente no entra en el conteo de homicidios del mes.
Entre 2018 y 2024 las víctimas de delitos contra la vida crecieron 103%, los homicidios culposos subieron 11% y un promedio de 40 personas al día desaparecieron sin ser localizadas, la cifra más alta en la historia reciente del país. Aun así, el discurso oficial insiste en que vivimos en un México más seguro. En estados como Sinaloa, la realidad cotidiana, robos, desapariciones, vehículos sustraídos que se cuentan por decenas cada semana, desmienten el optimismo presidencial: no vivimos en cifras alegres. Y mientras se nos pide creer que la violencia está bajo control, la realidad vuelve a golpear en los lugares más inesperados. Apenas ayer, en Zacatecas, un coche bomba explotó frente a instalaciones de seguridad en Ojocaliente, dejando personas lesionadas y daños materiales. Un hecho que por sí solo debería obligarnos a preguntarnos qué tan lejos estamos realmente de ese país seguro que nos van a describir hoy desde Palacio Nacional. Porque un coche bomba no es una estadística. No es una gráfica. No es una cifra que pueda acomodarse para que el discurso cierre. Es la expresión más brutal de la capacidad de fuego y de intimidación que todavía tienen los grupos criminales en distintas regiones del país.
Así que cuando en unas horas la Presidenta suba al templete, con los 14 videos triunfalistas, la gira nacional ya anunciada y el cierre programado en el Zócalo, vale la pena tener esto presente: un informe de Gobierno no es un balance, es un producto de comunicación política diseñado para convencernos de que todo va bien. Los números que de verdad importan no van a caber en el discurso de hoy.