Monte de Piedad: 251 años de historia y un futuro en disputa ante la Corte
El Monte nació en una peculiar frontera entre la piedad religiosa, la asistencia social y las prácticas económicas de una ciudad quese estaba convirtiendo en uno de los grandes centros urbanos de América.
En México hay instituciones cuya presencia puede leerse como una forma particular de la historia social del país. Esa institución que hoy permanece en huelga, carga con una tradición de siglos.
El Nacional Monte de Piedad, fundado el 25 de febrero de 1775 por Pedro Romero de Terreros, nació en la Nueva España de Carlos III y bajo el virreinato de Antonio María de Bucareli, cuando el crédito, la caridad y la necesidad cotidiana estaban estrechamente ligados a una sociedad profundamente jerarquizada.
Su origen: una institución sin fines de lucro concebida para prestar dinero con garantía prendaria.
La fundación respondió a una cultura de beneficencia propia del mundo católico novohispano, pero también a una necesidad económica muy concreta: obtener liquidez sin recurrir a mecanismos de crédito que podían resultar abusivos.
El historiador Francisco de Solano documentó que el proyecto fue autorizado por una real cédula de Carlos III en 1774 y que entre sus propósitos estaban llevar “socorros a los necesitados” y realizar sufragios por los difuntos.
El Monte nació, así, en una peculiar frontera entre la piedad religiosa, la asistencia social y las prácticas económicas de una ciudad quese estaba convirtiendo en uno de los grandes centros urbanos de América.
Del Zócalo a la profesionalización del empeño
La propia arquitectura de la institución terminó convirtiéndose en otra capa de esa memoria.
En 1836, cuando México atravesaba los años convulsos de la primera República, el Monte De Piedad adquirió el inmueble que hoy ocupa frente al Zócalo, un edificio levantado sobre un territorio de enorme densidad histórica: allí había estado el Palacio de Axayácatl y posteriormente una residencia vinculada con Hernán Cortés.
Gobernaba entonces José Justo Corro, presidete interino por el mal estado de salud de Miguel Barragán, en un país marcado por el centralismo, la guerra de Texas y la fragilidad de sus instituciones. El Monte de Piedad, mientras tanto, fijaba físicamente su presencia en el corazón de la nueva nación.
En 1872, durante el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, la institución fue nombrada “establecimiento de beneficencia pública”, según la cronología conservada por el propio Monte de Piedad.
Era un momento de reconstrucción política después de la Reforma y la intervención francesa, pero también de aparición de nuevas formas de organización social y laboral.
Junto a ese nombramiento nació una primera agrupación obrera, una coincidencia reveladora: mientras el Estado liberal intentaba ordenar sus instituciones, la sociedad mexicana comenzaba a organizarse alrededor de nuevas demandas de trabajo, representación y protección.
La profesionalización llegó en 1931, cuando gobernaba Pascual Ortiz Rubio y México vivía todavía la consolidación del régimen posrevolucionario.
Ese año el Monte estableció, de acuerdo con su cronología, la primera escuela de valuadores del país, en paralelo con la creación de la primera Ley Federal del Trabajo.
El empeño dejaba de ser únicamente una operación de confianza entre quien necesitaba dinero y quien lo prestaba: requería especialistas capaces de determinar el valor de una joya, una herramienta, un objeto doméstico o cualquier otro bien que pudiera convertirse temporalmente en garantía.
En una sociedad que salía de una década de violencia revolucionaria, esa profesionalización hablaba también de la creciente racionalización de la vida económica de los mexicanos.
Expansión, asistencia y transformación institucional
Cincuenta años después, en 1981, el Monte de Piedad sufre intervención directa del Estado: el gobierno de José López Portillo dispuso un crédito de 700 millones de pesos y la venta de inmuebles para incorporar recursos al circulante de la institución.
Era la época de la euforia petrolera, del crecimiento acelerado del gasto público y de un modelo económico que poco después desembocaría en la crisis de la deuda.
Al mismo tiempo, la vida cultural mexicana vivía una expansión de sus espacios masivos: el propio registro histórico del Monte de Piedad recuerda el concierto de Queen en Puebla como uno de los primeros grandes espectáculos de esa escala.
La institución, el Estado y la cultura popular participaban de una misma época de expansión que pronto mostraría sus límites.
En 1990, bajo la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, la Junta de Asistencia Privada reconoció al Monte de Piedad como Institución de Asistencia Privada.
La transformación coincidió con un México que modificaba profundamente sus relaciones con el Estado, el mercado y el mundo: se reprivatizaba la banca, se reformaban las instituciones electorales y comenzaba a consolidarse el giro económico que culminaría con el Tratado de Libre Comercio, que en estos días de 2026 llega a su tercera versión.
En el terreno cultural, Octavio Paz recibía el Nobel de Literatura y se convertía en una de las grandes figuras intelectuales de un país que buscaba proyectarse internacionalmente.
El Monte conservaba su vocación asistencial, pero entraba también en una época en que las instituciones debían demostrar su capacidad para sobrevivir dentro de una economía más abierta y competitiva.
El salto de escala se hizo visible en 2010, durante la presidencia de Felipe Calderón y en el año de las conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución.
Según la historia institucional, fue el año de mayor crecimiento del Monte hasta entonces:
- 226 sucursales.
- 22 millones de operaciones prendarias.
La cifra adquiere otro significado al observar la sociedad mexicana de ese momento: el INEGI registraba un país cada vez más concentrado en el comercio y los servicios, mientras las celebraciones históricas intentaban construir una memoria común en una nación atravesada por desigualdades y por una creciente violencia.
En ese contexto, la casa de empeño seguía funcionando como una institución cotidiana, mucho menos solemne que las celebraciones oficiales pero directamente vinculada con la economía de los hogares.
En 2012, el año en que Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia y México celebró la medalla de oro olímpica de su selección de futbol, el Monte de Piedad cerró el ejercicio con 305 sucursales y nueve millones de préstamos, según la cronología institucional.
La cifra muestra hasta qué punto el empeño había dejado de ser una práctica confinada a ciertos sectores para convertirse en una pieza reconocible de la economía popular.
La expansión territorial también modificaba la experiencia social de la institución: ya no era solamente el edificio histórico del Zócalo, sino una red nacional que acompañaba las necesidades de familias en ciudades y regiones muy distintas.
El año siguiente, 2013, muestra otra transformación: el Monte de Piedad comenzó a presentarse como algo más que una casa de préstamos.
Su historia registra el lanzamiento de POSiBLE para apoyar a emprendedores sociales y la obtención de la declaratoria de “Marca Famosa” del IMPI, primera institución de asistencia privada y primera institución financiera en recibirla.
En México, Peña Nieto impulsaba las reformas estructurales y el Senado aprobaba la reforma energética, mientras la muerte de la campeona olímpica Soraya Jiménez recordaba la dimensión simbólica que habían adquirido las mujeres mexicanas en el deporte.
El Monte buscaba entonces ampliar su identidad: de intermediario prendario a marca reconocible, plataforma social y actor de una cultura empresarial cada vez más orientada hacia la innovación.
En 2014 esa voluntad se tradujo en servicios como “Pagos Libres” y en las pequeñas sucursales instaladas en KidZania para enseñar a los niños el funcionamiento del sistema prendario y la importancia de ayudar a los demás.
Pero el país que aparece alrededor de esas iniciativas era mucho más contradictorio: ese mismo año la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa provocó una de las mayores conmociones sociales de la historia reciente.
Las movilizaciones estudiantiles y ciudadanas mostraron hasta qué punto la confianza en las instituciones se había convertido en un problema central de la vida pública mexicana.
La historia del Monte de Piedad, vista desde ese ángulo, deja de ser únicamente una sucesión de estrategias de crecimiento y empieza a revelar una pregunta más profunda, ¿cuánto puede durar la confianza en una institución cuando cambian las condiciones sociales que la sostienen?
Los 250 años y una huelga que lleva casi once meses
El 2025 que aparece en las capturas tiene, por ello, una carga simbólica particular.
Al cumplir 250 años, el Monte de Piedad eligió celebrar su aniversario mediante tres intervenciones artísticas en Casa Abierta Monte:
- El mural Mexicanos Ayudando a Mexicanos, de Erick Tzucumo.
- Mutua presencia de tiempos eternos, de Arnaldo Coen.
- La instalación monumental Prosperidad y abundancia, de Tania Candiani.
La decisión resulta significativa porque devuelve la institución al territorio de la representación cultural: después de dos siglos y medio de objetos empeñados, bóvedas, valuadores y sucursales, su aniversario quiso contar la historia mediante imágenes, materia y espacio.
Pero el aniversario también quedó atrapado por una crisis laboral que modificó radicalmente el significado contemporáneo de aquella historia.
El 1 de octubre de 2025 estalló una huelga en las sucursales del Monte de Piedad, después de un emplazamiento sindical que invocó presuntas violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo.
En febrero de 2026, un juez federal concedió un amparo a la institución y declaró inexistente el movimiento; el sindicato recurrió la decisión y el conflicto permaneció abierto.
Hoy la huelga se aproxima a los once meses y las sucursales continúan sin operar normalmente.
La propia institución mantiene una página específica de comunicados sobre el conflicto y afirma que las prendas permanecen resguardadas y aseguradas.
La Suprema Corte atrae el caso
La coyuntura dio un nuevo giro el 24 de agosto, apenas un día antes de escribir esta nota.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió atraer, por ocho votos contra uno, el amparo en revisión 33/2026 promovido por el sindicato.
El máximo tribunal deberá determinar si la declaratoria de inexistencia puede sostenerse por el incumplimiento de los estatutos internos del sindicato o si, como sostiene la controversia, la inexistencia sólo puede fundarse en alguno de los supuestos previstos por el artículo 459 de la Ley Federal del Trabajo.
La decisión de atraer el expediente no significa que la huelga haya terminado ni que las sucursales vayan a reabrir de inmediato: el caso entra ahora en una nueva etapa judicial.
El contraste entre la historia larga y el conflicto presente es difícil de ignorar.
Un archivo del Censo-Guía de Archivos de España e Iberoamérica resume la trayectoria histórica del Monte de Piedad como una tensión persistente entre “el espíritu e intenciones” de su fundación y los intereses y políticas de los distintos gobiernos.
Esa lectura resulta especialmente útil para entender por qué una institución creada para atender necesidades económicas privadas ha terminado, una y otra vez, vinculada con debates públicos sobre beneficencia, Estado, trabajo, regulación y confianza.
La historia del Monte de Piedad nunca fue solamente la historia del dinero empeñado: fue también la historia de quién protege al necesitado, quién administra los recursos y bajo qué reglas se ejerce esa protección.
Dos versiones del conflicto y una institución en disputa
El conflicto actual reproduce esa vieja tensión bajo un lenguaje laboral.
La administración sostiene que ha cumplido el Contrato Colectivo y los acuerdos de 2024; en sus comunicados afirma que el problema central está relacionado con la asignación de plazas vacantes y rechaza que estén en riesgo las prestaciones de los trabajadores.
El sindicato, por su parte, sostiene que existen violaciones al contrato y ha defendido la continuidad de la huelga.
En el recuento realizado en noviembre de 2025, 1,408 de los 1,893 trabajadores con derecho a voto respaldaron mantenerla, según los datos publicados por La Jornada.
No existe, por tanto, una sola narrativa legítima del conflicto: hay dos interpretaciones enfrentadas de la relación laboral y una disputa judicial que todavía no ha producido una resolución definitiva.
También hay una dimensión humana que las cifras institucionales tienden a ocultar.
Durante meses, trabajadores han permanecido sin recibir sus remuneraciones ordinarias y miles de clientes han tenido sus bienes empeñados dentro de sucursales cerradas.
El nuevo director general, José Antonio Murillo Garza, asumió el cargo en junio con la promesa de trabajar con colaboradores, patronato, autoridades y otros grupos para “fortalecer su impacto social” y construir bases para el futuro.
Esa formulación revela la magnitud del problema: la discusión ya no se limita a determinar quién tiene razón en un expediente laboral, sino a decidir qué tipo de institución puede emerger después de una parálisis que ha puesto a prueba su vínculo con trabajadores, clientes y beneficiarios.
Hay algo especialmente revelador en que la crisis llegue después de los 250 años y de una celebración artística.
La institución que en 1775 se definió por la ayuda al necesitado, que en el siglo XIX se convirtió en establecimiento de beneficencia, que en el XX profesionalizó la valuación y que en el XXI buscó reinventarse como marca, plataforma social y espacio cultural, enfrenta ahora una pregunta elemental sobre su propia continuidad.
La historia demuestra que el Monte ha sobrevivido a virreinatos, guerras, cambios de régimen, crisis económicas, transformaciones del sistema financiero y mutaciones culturales.
Pero también demuestra que ninguna institución permanece idéntica a sí misma: cada época redefine aquello que una sociedad espera de ella.
El próximo capítulo está, por ahora, en manos de la Suprema Corte, pero también de quienes trabajan, empeñan, administran, resguardan y utilizan el Monte.
La decisión judicial podrá resolver una cuestión fundamental sobre la existencia jurídica de la huelga, pero no resolverá por sí sola el problema histórico de fondo: cómo conservar una institución nacida hace 251 años como instrumento de auxilio sin convertir esa memoria en una pieza de museo.
En un México donde la necesidad de crédito, la fragilidad económica de los hogares y la discusión sobre los derechos laborales siguen formando parte de la vida cotidiana, el futuro del Nacional Monte de Piedad será también una disputa por el significado contemporáneo de la palabra ayuda.