Activista exige acciones urgentes por contaminación con chapopote en Los Tuxtlas

La crisis ambiental provocada por la presencia de hidrocarburos en las costas de Veracruz escaló este miércoles tanto en el terreno como en el ámbito institucional. Brigadas municipales confirmaron afectaciones a lo largo de 20.14 kilómetros de litoral de Catemaco. El activista ciudadano Gaspar Ángel Kú Valdés entregó petitorios formales a SEMARNAT y PROFEPA para exigir acciones inmediatas, información transparente y garantías para las comunidades costeras.

En Catemaco, un recorrido conjunto entre la Dirección de Medio Ambiente y Protección Civil municipal documentó la presencia de chapopote solidificado y material gelatinoso no endurecido desde Playa Carrizal hasta Playa Hermosa, en los límites con San Andrés Tuxtla.

En Playa Carrizal, pescadores reportaron daños en sus redes y mostraron evidencia fotográfica de un tramo de 500 metros contaminado con aceite. Aunque parte del material fue retirado por ellos mismos, la marea cubrió los residuos restantes.

En Jicacal, Playa Escondida y Capulteol, la presencia de hidrocarburos representa un riesgo crítico: estas zonas funcionan como campamentos tortugueros, donde entre junio y julio desovan al menos tres especies de tortugas marinas. La contaminación puede alterar la temperatura de la arena, afectar el desarrollo embrionario y comprometer la movilidad de las crías.

La situación más grave se registra en La Barra, donde se localizaron múltiples fragmentos de chapopote a lo largo de 1.5 kilómetros, incluido uno de casi una tonelada. Habitantes reportan ausencia de peces, lo que afecta directamente su sustento y pone en riesgo la única playa turística del municipio.

En paralelo a estas verificaciones en campo, Gaspar Ángel Kú Valdés presentó ante SEMARNAT y PROFEPA un documento en el que demanda: información inmediata y pública sobre el origen del derrame a lo largo del litoral veracruzano y el volumen del contaminante; determinación de responsabilidades con base en investigaciones técnicas; acciones efectivas de contención, limpieza y remediación ambiental; evaluación integral del daño y publicación de medidas de restauración ecológica; garantías para las comunidades costeras, incluido apoyo económico y protección ambiental.

“El daño debe ser investigado, sancionado y reparado conforme a la ley. La defensa del medio ambiente no admite dilaciones ni opacidad”, afirmó el activista en su escrito.

Por su parte, autoridades municipales de la región de Los Tuxtlas coincidieron en que la situación requiere vigilancia permanente, evaluación de riesgos y la intervención inmediata de instancias estatales y federales para coordinar acciones de limpieza y mitigación.

La combinación de evidencia territorial, afectaciones económicas y presión ciudadana coloca a las autoridades ambientales frente a una contingencia que amenaza la biodiversidad costera y la estabilidad económica de las comunidades que dependen de la pesca y el turismo.

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