Gobierno de Rocío Nahle rechaza convenio con la ASF para auditar participaciones
A pesar de la negativa del gobierno de Veracruz, la ASF mantendrá la facultad de revisar la cuenta pública estatal, pero deberá hacerlo en solitario y sin la coadyuvancia de la instancia local.
Bajo el argumento de una “incompatibilidad de metodologías”, el gobierno de Veracruz, encabezado por Rocío Nahle, es el único de las 32 entidades que se negó a firmar el convenio de colaboración con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De esta manera, la mandataria y el organismo estatal de fiscalización rechazan participar en la revisión a detalle que la ASF pretende efectuar sobre la forma en que se gastan las participaciones federales en instancias locales y municipios.
Los denominados Convenios de Colaboración entre la ASF, que encabeza Aureliano Hernández, y los titulares de los órganos de fiscalización de las entidades (ORFIS) se firmaron el 29 de julio, a convocatoria de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
Delia González Cobos, titular del ORFIS de Veracruz, justificó la negativa a colaborar con la ASF al señalar que era necesario modificar el contenido de algunas disposiciones del convenio, “principalmente por haberse establecido en el proyecto de convenio que el organismo fiscalizador federal determinaría la metodología para la realización de las auditorías”.
Según el gobierno de Veracruz y su instancia fiscalizadora, las reglas que habrán de aplicarse por parte de la ASF no son compatibles con el esquema local en la materia, “por lo que actualmente se está trabajando en un proyecto con las sugerencias correspondientes que permita conciliar un modelo de revisión acorde para la colaboración eficiente de ambas instituciones”.
Sin embargo, la Constitución establece que el único organismo facultado para revisar los recursos de la Federación es la ASF y que, en el caso de las participaciones federales, podrá fiscalizarlas en conjunto con los órganos estatales, siempre y cuando exista un convenio.
El diputado local independiente Héctor Yunes cuestionó el rechazo del gobierno de Nahle a suscribir esa colaboración.
“Nada es casualidad. La decisión coincide con que la ASF detectó irregularidades administrativas en la forma en que el gobierno de Rocío Nahle administró y distribuyó más de 17 mil 122 millones de pesos en participaciones federales para los municipios”, argumentó el expriista y exsenador.
Los convenios de colaboración nunca dejaron de celebrarse durante los últimos siete años de gestión del auditor David Colmenares.
En consecuencia, al no contar con el apoyo de recursos humanos de los ORFIS, la ASF dejó de efectuar inspecciones físicas, particularmente en municipios alejados.
Según un diagnóstico realizado por la Comisión de Vigilancia y Auditoría de la Cámara de Diputados, esa falta de colaboración generó la imposibilidad de comprobar irregularidades detectadas por la ASF.
Para superar esas deficiencias, la reforma en materia de fiscalización —aprobada este año por el Congreso y vigente desde mayo— dio paso a la formulación de nuevas reglas sobre la manera en que la Auditoría habrá de apoyarse en las instancias locales, mismas que se exponen en los convenios.
En concreto, el cambio de fondo es que las fiscalizaciones a detalle que se realicen en las entidades sobre recursos federales estarán supervisadas y bajo la directriz y el mando de la ASF.
Se trata de un candado que impide a los órganos estatales actuar por su cuenta en la revisión de cómo se ejercen los presupuestos que la Federación transfiere a estados y municipios.
Lo anterior significa que, cuando se requiera la revisión a detalle de asuntos solicitados por la ASF, esta fijará las líneas de revisión, aplicando investigaciones diversas, algunas con apoyo de inteligencia artificial y nuevas tecnologías.
También será la ASF la que indicará dónde y cómo auditar determinados problemas observados. Bajo esos términos se suscribieron los convenios con todos los gobiernos estatales, excepto el de Veracruz.
Dicha entidad seguirá siendo auditada por el máximo órgano federal fiscalizador, pero sin el apoyo de la instancia estatal.
Los convenios suscritos implicarán una homologación de los procesos de auditoría en todo el país, a la que la gobernadora Rocío Nahle se ha negado.