El arancel silencioso

Nadie levanta una planta para un año. Una fábrica no se decide con el ánimo de una temporada ni con la paciencia de un calendario electoral. Se decide con deuda, tierra, permisos, cadenas de suministro, contratos laborales, proveedores, energía, agua, aduanas y una apuesta casi religiosa por el futuro. Imagine a un consejo de administración en Alemania, Corea o Japón evaluando si coloca en México una inversión de 300 millones de dólares para producir autopartes destinadas a Norteamérica. Los números cierran. La ubicación seduce. La mano de obra existe. La frontera parece una bendición. Hasta que alguien hace la pregunta que mata los discursos: ¿quién invierte sabiendo que dentro de un año las reglas pueden cambiar?

Ahí empieza el problema. No en el comunicado de Washington ni en la fotografía de los negociadores. Empieza en esa pausa helada donde un director financiero recalcula el riesgo y le pone precio a la duda. Porque la decisión de EU de no extender el T-MEC en su forma actual no equivale todavía a romper el tratado, pero sí le arranca una de sus virtudes centrales: la certidumbre. El acuerdo sigue vigente, pero su horizonte quedó cubierto por una neblina política. Y en comercio internacional la neblina también cuesta.

Lo que se activó es una mecánica poco entendida y peligrosísima. El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 y fue diseñado para durar 16 años, hasta el 1 de julio de 2036, salvo que los tres países acordaran extenderlo por otro periodo de 16 años. En la revisión sexenal, si los tres gobiernos confirman por escrito su voluntad de renovar, el tratado recupera horizonte largo. Si uno no lo hace, como ahora ocurre con Estados Unidos, comienza una revisión anual durante el resto de la vigencia. 10 años en los que cada presupuesto de inversión tendrá que preguntarse si el acuerdo será igual al año siguiente.

Ése es el arancel silencioso. No se paga en la aduana. No aparece en el pedimento. No se discute como fracción arancelaria ni se liquida con una transferencia bancaria. Se cobra en la tasa de descuento, en el costo del crédito, en el aplazamiento de proyectos, en la cautela de los comités globales y en la decisión de esperar. El daño más grave quizá no será la fábrica que cierre, sino la fábrica que nunca llegue. La inversión extranjera directa rara vez se va dando portazos; muchas veces simplemente deja de tocar la puerta.

México tenía en el nearshoring una oportunidad casi irrepetible. La rivalidad entre Estados Unidos y China, la pandemia, la fragilidad logística y la obsesión estadunidense por acercar cadenas de suministro habían convertido al país en una respuesta geográfica evidente. México no ofrecía solamente salarios competitivos; ofrecía pertenencia regional. Su promesa era producir aquí para vender allá con reglas conocidas. Si esa promesa se vuelve anual, el atractivo no desaparece, pero se encarece. El inversionista ya no pregunta sólo cuánto cuesta producir en México. Pregunta cuánto cuesta confiar en México.

Las consecuencias pueden ser profundas. La industria automotriz será el primer termómetro, porque vive de reglas de origen, contenido regional, proveedores cruzados y decisiones de largo plazo. Pero el efecto se extenderá a electrodomésticos, dispositivos médicos, electrónica, acero, químicos, alimentos procesados y cualquier sector que dependa de cadenas integradas en Norteamérica. Cada revisión anual puede convertirse en una subasta de presión: más contenido estadunidense, nuevas condiciones laborales, exigencias ambientales, vigilancia sobre insumos chinos. México entrará a cada año defendiendo lo que antes podía proyectar.

El riesgo no es sólo económico. Es narrativo. Durante décadas, México logró vender una idea simple y poderosa: somos la puerta industrial de América del Norte. Esa frase necesita estabilidad para ser creíble. Sin estabilidad, la puerta sigue ahí, pero parece tener candado ajeno. Ningún país puede construir una estrategia de desarrollo si su principal ventaja depende del humor político de otro.

Pero tampoco conviene escribir el obituario del T-MEC con tinta histérica. El tratado sigue vivo. La integración regional es demasiado densa para desarmarse por capricho. Hay millones de empleos y empresas de EU que también dependen de México. Además, la propia cláusula permite revertir el escenario en cualquier momento: si los tres países acuerdan extender, el tratado puede recuperar su horizonte de 16 años. La incertidumbre no es destino; es una decisión política.

También importa el calendario. La administración de Trump concluiría al mediodía del 20 de enero de 2029, conforme al diseño constitucional estadunidense, y una administración posterior, más pro libre mercado o simplemente más consciente de la competitividad regional frente a China, podría reconstruir el incentivo de largo plazo. El péndulo político no cancela el daño de hoy, pero impide tratarlo como condena eterna.

México no puede esperar sentado a que cambie el viento en Washington. Debe hacer lo que sí controla: energía, agua, seguridad, infraestructura, Estado de derecho, cumplimiento laboral, aduanas eficientes y defensa técnica impecable. Si el T-MEC entra en revisión anual, México debe entrar en disciplina permanente. Porque el arancel silencioso ya empezó a cobrarse. Y se cobra donde más duele: antes de que la inversión decida venir.