“Alguien mintió”. La frase, pronunciada ayer desde el atril de la mañanera, tiene la contundencia de las grandes verdades y la ventaja de las grandes vaguedades: no dice quién. El gobierno de México exige ahora a Estados Unidos que aclare la participación del FBI en la detención de El Mayo Zambada, después de que la avioneta del traslado apareciera exhibida en un museo de Nuevo México con una placa en la que el Buró se atribuye el operativo. La indignación es comprensible y hasta obligada: si una agencia extranjera operó en territorio nacional sin avisar, se violaron la Carta de la ONU, la de la OEA, la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, todas invocadas ayer con solemnidad de letanía. La pregunta presidencial —¿quién mintió, el exembajador o el FBI?— es legítima. Lo notable es el calendario: la detención ocurrió hace casi dos años; la urgencia de la verdad nació la semana pasada, cuando un reportaje encontró la respuesta en la vitrina de un museo. Nuestra diplomacia tardó 23 meses en descubrir lo que un curador de aviones ya había rotulado.
Pero el problema de exigir cuentas es que las cuentas son un espejo. Mientras la Cancillería redacta notas diplomáticas reclamando transparencia, en los escritorios de la Fiscalía General duerme el expediente de los 10 de Sinaloa: el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios y exfuncionarios acusados formalmente, desde el 29 de abril, ante un Gran Jurado de Manhattan, con solicitud de detención provisional incluida. La respuesta mexicana fue auditarle la papelería al acusador: la FGR determinó que no se acreditaba “la urgencia”, exigió pruebas que el artículo 11 del Tratado de Extradición no contempla en esta etapa —la evidencia se entrega después, en los 60 días siguientes, no antes— y dejó correr el reloj. El reloj, obediente, corrió: ya pasaron más de 65 días y el gobierno no ha resuelto nada. Ni detención ni negativa formal ni proceso propio. El limbo como política de Estado.
La palabra que la Presidenta usó ayer para justificar el reclamo a Washington fue “reciprocidad”: no puede ser que Estados Unidos nos pida lo que nosotros no podemos pedirle. Tiene razón, y precisamente por eso la palabra la traiciona. Reciprocidad es también responder cuando a uno le piden. México exige un informe oficial sobre una avioneta de 2024 mientras debe, desde mayo, una respuesta sobre 10 acusaciones penales de 2026. Y la exige invocando la soberanía, ese concepto que en nuestro vocabulario oficial se ha vuelto anfibio: escudo cuando acusan a los nuestros, agravio cuando actúan los otros. Porque la soberanía bien entendida no consiste en impedir que Estados Unidos juzgue a políticos mexicanos; consiste en juzgarlos nosotros. Si las acusaciones contra los 10 son endebles, que lo diga una resolución fundada; si son sólidas, que lo diga un tribunal mexicano. Lo que no puede decirlo es un cajón.
Hay un detalle que retrata el estado del expediente mejor que cualquier editorial: dos de los acusados —el exsecretario de Seguridad de Sinaloa y el responsable de las finanzas estatales— decidieron entregarse directamente a las autoridades estadunidenses. Piense el lector lo que eso significa: funcionarios mexicanos, acusados de delitos gravísimos, que prefieren la justicia del país que los acusa a la protección del país que los cobija. Cuando los imputados le tienen más confianza al fiscal extranjero que al propio, la pregunta de la mañanera se responde sola, aunque cambie de sujeto.
Que el gobierno exija la verdad sobre El Mayo está bien. Que la exija con esta energía selectiva es lo que desnuda el método: la verdad como reclamo hacia afuera, el silencio como política hacia adentro. Alguien mintió, sí. Pero en este expediente binacional, hasta ahora, el único actor que ha dicho toda su verdad está atornillado al piso de un museo en Nuevo México. Y es una avioneta.