Fiscalía y jueces operan para el despojo de tierras en Bahía de Banderas

Por Andy Dragonné Reyes

El gobierno de Nayarit, encabezado por Miguel Ángel Navarro Quintero, recurre a la Fiscalía General de Justicia y al Poder Judicial del estado para fabricar delitos, abrir carpetas de investigación y operar procesos a modo. El propósito, es expropiar tierras de particulares en Bahía Banderas y eliminar cualquier forma de oposición.

Hasta el momento se tienen documentados 87 casos en los que empresarios, ejidatarios y ciudadanos fueron víctimas del mismo esquema, presentado por las autoridades como parte del llamado Mega Operativo Nayarit.

En todos estos casos se abrieron carpetas de investigación a modo, se aseguraron bienes sin sustento legal y se impulsaron expropiaciones irregulares, incluso varias de las víctimas enfrentaron prisión preventiva como medida de presión y resoluciones judiciales usadas para concretar el despojo.

El llamado Mega Operativo Nayarit se presentó como parte de una estrategia de saneamiento financiero que incluyó la digitalización de la recaudación estatal, la cual pasó de 250 millones de pesos al año a más de 3 mil 400 millones. También contempló la recuperación de terrenos y recursos públicos que, según el gobierno, habían sido desviados.

Esas extensiones ahora fueron integradas al Fondo Soberano de Inversión del Estado, un mecanismo creado para supuestamente asegurar la sostenibilidad de las pensiones y financiar proyectos de infraestructura social, la cual hasta el momento no se ha realizado.

Una de las víctimas de la presión del gobierno de Miguel Ángel Navarro Quintero, es el caso del abogado Joel Marín García, quien en su momento era la defensa de uno de los afectados por la administración estatal de Nayarit.

En entrevista para Excélsior, su representante legal, Cristian González Puig, aseguró que la Fiscalía del estado le fabricó delitos - Marín García- para mantenerlo en prisión luego de que promovió amparos contra expropiaciones irregulares que favorecen a intereses privados disfrazados de utilidad pública.

Joel Marín defendía a un empresario de Jalisco con propiedades en la zona de Bahía de Banderas. Los predios fueron incluidos en procesos de expropiación promovidos por el gobierno de Nayarit sin indemnización alguna”.

La defensa identificó tres puntos que revelan un patrón. El primero, la falta de compensación económica, algo que la ley obliga. El segundo, una serie de movimientos administrativos, impulsadas por funcionarios cercanos al fideicomiso de Bahía de Banderas. Y el tercero, la presencia de una empresa inmobiliaria, cuyos terrenos en la misma zona no han sido tocados.

González Puig aseguró que hay documentados 87 casos que tienen la misma estrategia que se aplica cuando las expropiaciones no avanzan, cuando se tiene un amparo.

Aseguró que la fiscalía, por medio de la subfiscal estatal Elvia Ludmila Heredia Verdugo, quien en su momento encabezaba el del fideicomiso FIBBA (Fideicomiso de Bahía de Banderas), ahora interviene para asegurar inmuebles, pedir decomisos y solicitar órdenes de aprehensión.

La subfiscal estatal Elvia Ludmila Heredia Verdugo, quien anteriormente dirigió el fideicomiso, así como al coordinador jurídico estatal Gabriel Camarena, de impulsar mecanismos “pseudo legales” para despojar a los propietarios, prueba de ello, son las denuncias abiertas, como la carpeta NAY/TEP-III/RH/3317/2022, relacionadas con este conflicto”.

El abogado también señala al coordinador jurídico del Gobierno estatal, José Gabriel Camarena Morales, quien, de acuerdo con su declaración, lo acusa de recibir más de 70 millones de pesos provenientes, presuntamente, de la empresa inmobiliaria y hotelera de la zona Capital para impulsar un proyecto turístico privado.