Morena enfrenta su gran paradoja. Un gobierno que se proclama defensor de los trabajadores enfrenta protestas de quienes mantienen funcionando la institución de seguridad social más importante de México. Médicos, enfermeras, camilleros, personal administrativo y jubilados del IMSS han salido a las calles para denunciar insuficiencia salarial, sobrecarga laboral, falta de insumos y una representación sindical cuestionada. ¿Cómo explicar que, después de ocho años de la llamada Cuarta Transformación, quienes deberían ser sus aliados naturales terminen convirtiéndose en sus críticos?
El conflicto rebasa la discusión salarial. También expresa el descontento con la representación sindical progobiernista y la exigencia de recuperar derechos pensionarios. No todas las demandas son financieramente viables ni todos los problemas nacieron con Morena. Pero ocho años de gobierno bastan para exigir resultados y no solamente negar la realidad y acusar un complot. Hay un mal gobierno y éste ha provocado muertes.
La contradicción está en el corazón del proyecto político. La 4T convirtió la justicia social en su principal bandera, pero confundió con frecuencia la distribución de transferencias monetarias con la construcción de instituciones públicas eficientes. Entregar apoyos económicos puede aliviar la pobreza; garantizar atención médica oportuna exige inversión sostenida, personal suficiente, medicamentos, infraestructura y capacidad administrativa.
Las principales víctimas de esta improvisación fueron las familias de menores recursos. La desaparición del Seguro Popular, su sustitución por el Insabi y la posterior transferencia de responsabilidades al IMSS-Bienestar exhibieron una preocupante incapacidad de planeación institucional. Según el Coneval, la población con carencia de acceso a servicios de salud pasó de 16.2% en 2018 a 39.1% en 2022.
Aunque este indicador no mide directamente la calidad de la atención, revela la magnitud del retroceso en el acceso declarado. Para millones de mexicanos, las promesas de universalidad contrastaron con consultas postergadas, medicamentos faltantes y mayores gastos familiares. Quienes podían pagar buscaron alternativas privadas; quienes no, quedaron sujetos a las deficiencias del sistema público.
El gobierno puede argumentar que aumentó la plantilla laboral y construyó hospitales. Sin embargo, ampliar la cobertura mientras crecen la demanda, las enfermedades crónicas y las presiones financieras no garantiza mejores servicios. La verdadera medida de una política sanitaria no está en las conferencias oficiales, sino en la experiencia cotidiana de pacientes y trabajadores.
México tampoco constituye una excepción latinoamericana. En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro impulsó una transformación sanitaria bajo la bandera de la equidad, pero su administración enfrentó cuestionamientos por desabasto, dificultades financieras y deterioro de servicios. La coincidencia no demuestra que toda política de izquierda fracase, pero revela un riesgo compartido: creer que la legitimidad ideológica puede sustituir la eficacia administrativa.
El problema de fondo no es que un gobierno de izquierda enfrente protestas laborales. Lo preocupante es que pretenda conservar su autoridad moral sin someter sus resultados al mismo escrutinio que exigía cuando era oposición.
La rebelión del IMSS plantea una pregunta incómoda para la titular del Ejecutivo: ¿puede llamarse transformación social a un proyecto cuyos trabajadores sanitarios consideran necesario salir a las calles para exigir condiciones dignas, incluso para la población pobre?
Una izquierda que escucha únicamente a los trabajadores cuando votan por ella, pero no cuando protestan contra sus decisiones, corre el riesgo de terminar defendiendo aquello que prometió transformar.
Lamento la partida de Pancho Garfias, muchas veces compañeros en la cobertura legislativa. Buen regreso a casa y un abrazo a tu familia.