EU otorga 12 mdd para combatir el trabajo infantil en México

De acuerdo con el Inegi, en México, 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes trabajan, la mayoría en ocupaciones no permitidas. Foto: Archivo

El Departamento del Trabajo de Estados Unidos anunció el otorgamiento de más de 12 millones de dólares para combatir el trabajo infantil y el trabajo forzado en México, así como promover los derechos de los trabajadores migrantes.

Destacó que dicho financiamiento se alinea con las obligaciones bajo el T-MEC y los objetivos de la reforma laboral que entró en vigor en 2019 en México.

El respaldo es por un total de 12.4 millones de dólares en subvenciones para tres organizaciones dedicadas a atender estos fenómenos.

El primero de ellos es por 4.4 millones para Verite, Inc. a fin de aumentar las acciones lideradas localmente que aborden el trabajo infantil y el trabajo forzado en los municipios de Chiapas y San Luis Potosí. Verite tiene como objetivo que su proyecto aumente la capacidad y la colaboración entre las partes interesadas (gobierno municipal, sector privado, trabajadores y sociedad civil) para coordinar, diseñar e implementar iniciativas para combatir estos problemas laborales.

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El Departamento también otorgó 5 millones de dólares a la Fundación Panamericana para el Desarrollo para abordar el trabajo infantil, el trabajo forzado y otras violaciones laborales, y para promover los derechos de los trabajadores en el sector del trabajo doméstico en la Ciudad de México y Querétaro. El proyecto proporcionará una gama de servicios para promover los derechos laborales de los trabajadores domésticos, incluido el desarrollo del liderazgo, la capacitación en habilidades, y el acceso a servicios legales y sociales para niños y adultos.

Además, se canalizaron 3 millones de dólares a la Organización Internacional del Trabajo para promover la protección de los derechos laborales de los migrantes, y apoyar los esfuerzos de la sociedad civil en nombre de los trabajadores migrantes. Las actividades de subvención fortalecerán la capacidad de la sociedad civil para proteger a los trabajadores migrantes, en particular a los nacionales mexicanos que participan en programas de trabajadores extranjeros temporales de Estados Unidos.

Apoyará iniciativas de contratación justa, y mejorará el conocimiento de la sociedad civil y de los trabajadores migrantes sobre los derechos laborales.