EU da beneficio a mando de Rocha; podrá conocer pruebas en su contra

SAN DIEGO.

La corte federal de Brooklyn, en Nueva York, ordenó a la fiscalía entregar al exsecretario de Seguridad de Sinaloa Gerardo Mérida Sánchez toda la información en su contra que pueda servir a su defensa, especialmente aquella que contribuye a declararlo culpable, de acuerdo con nuevos documentos a los que Excélsior tuvo acceso y que están firmados por la jueza Sarah Netburn.

Él es uno de los diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa que investiga Estados Unidos por tener nexos con el narcotráfico. Además, integran la lista el ahora gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el exsecretario de Finanzas Enrique Díaz, quien también fue aprehendido por autoridades estadunidenses.

De acuerdo con la corte, Mérida Sánchez, mando de Seguridad en el gobierno de Rocha, no se declaró culpable ni inocente al ser presentado ante la corte el viernes, por lo que su situación jurídica está en el limbo hasta ahora.

Aunque al entregarse en la frontera de Arizona el 11 de mayo, Mérida Sánchez pudo expresar su deseo de ser testigo protegido, esa condición no la otorga el marshal federal en automático; depende de una prolongada negociación entre sus abogados y la fiscalía, como ha ocurrido con cualquier otro acusado de narcotráfico, por ejemplo, los hijos de El Chapo.

Tanto Mérida como Díaz, y aquellos narcopolíticos señalados por EU serán juzgados bajo leyes contra terrorismo, pero no ocurrirá lo mismo con los 92 capos que México extraditó.

El Departamento de Justicia estableció esta semana como prioridad de las 93 fiscalías federales formular cargos por terrorismo contra funcionarios mexicanos ligados con el narcotráfico.

Ese tipo de cargos no los enfrentan Rafael Caro Quintero, Vicente Carrillo Fuentes o Antonio Oseguera Cervantes, entre otros.

EU despeja el camino a defensa de Mérida; Corte ordena abrir expediente

La jueza Sarah Netburn exigió proporcionar toda la información que pueda servir al exsecretario de Seguridad de Sinaloa, incluyendo datos que influyan en su condena.

Una corte federal en Brooklyn, Nueva York, ordenó que la fiscalía estadunidense entregue a Gerardo Mérida Sánchez todos los documentos y pruebas relacionadas con su proceso judicial.

De acuerdo con los documentos judiciales a los que Excélsior tuvo acceso, la jueza Sara Netburn pidió que se le facilite al exsecretario de Seguridad de Sinaloa cualquier información relevante para su defensa, particularmente aquella que pudiera contribuir a su condena o a declararlo culpable.

Esta disposición ocurre tras su reciente presentación ante el tribunal de Nueva York, donde Mérida Sánchez no se declaró culpable ni inocente, manteniendo el caso abierto mientras se define si entrará en una negociación para convertirse en testigo protegido.

Aunque al ser capturado en la frontera de Arizona el pasado 11 de mayo, Mérida Sánchez pudo expresar su deseo de ser testigo protegido, esa condición no la otorgan los Marshal federales en automático, sino que depende de una prolongada negociación entre sus abogados y la fiscalía, como ha ocurrido con cualquier otro acusado de narcotráfico, como en el caso de los hijo de El Chapo.

Un abogado consultado al respecto dijo que, si la condición de testigo protegido se otorgara automáticamente al entregarse, narcos con décadas de tráfico e incluso asesinatos quedarían legalmente impunes, porque habrían dicho que quieren cambiar de bando, de cárteles a testigos y además, protegidos de inmediato contra cualquier represalia.

El abogado, a condición de anonimato, dijo que las negociaciones para que un acusado sea testigo protegido toman de entre varios meses a años.

Si Mérida se hubiera declarado inocente el viernes, la corte habría seleccionado una próxima fecha de audiencia; sin embargo, la calendarización en la corte no establece por ahora alguna fecha.

Los documentos de la corte en Nueva York tampoco mencionan que Enrique Díaz Vega se haya entregado. Hay un documento sellado del 5 de mayo, al que la prensa no tiene acceso, pero antes de ese documento las acusaciones contra el exjefe financiero de Rubén Rocha están en el expediente de 2023 de los Chapitos.

La Oficina federal de Prisiones (BOP) tampoco tiene algún registro sobre Díaz Vega.

Cambios

De acuerdo con la información más reciente, el estatus del exfuncionario Gerardo Mérida Sánchez es el siguiente:

·         No se ha declarado culpable ni inocente.

·         Se entregó de forma voluntaria el 11 de mayo.

·         Aún no es considerado testigo protegido.

·         Su proceso puede tomar desde meses hasta años.

Capos no enfrentarán narcoterrorismo; acusación será exclusiva contra funcionarios

SAN DIEGO.— El gobierno de Estados Unidos investigará bajo cargos por terrorismo a funcionarios mexicanos vinculados con el narcotráfico, mientras que ninguno de los 92 capos que México ha entregado a la administración Donald Trump en 14 meses enfrenta ese agravante.

Y es que Estados Unidos se prepara para acusar por primera vez en la historia de terrorismo a acusados mexicanos y la acusación será exclusivamente contra funcionarios, pero no contra los narcotraficantes. Fuera de ellos, sólo Nicolás Maduro enfrenta ese tipo de acusación.

El Departamento de Justicia estableció esta semana como prioridad de las 93 fiscalías federales formular cargos por terrorismo a funcionarios mexicanos ligados con el narcotráfico.

Ese tipo de cargos no lo enfrentan hasta ahora exlíderes del narcotráfico como Rafael Caro Quintero, Omar y Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40 y el Z42, fundadores de los Zetas; Vicente Carrillo Fuentes o Antonio Oseguera Cervantes.

En cambio, los enfrentan desde ahora Rubén Rocha Moya, Gerardo Mérida Sánchez, aunque se haya entregado, y otros ocho funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. Pero ahora el Departamento de Justicia exige que los cargos sean contra cualquier funcionario acusado de vínculos con el narco.

El sistema de justicia de EU no establece una pena específica para los cargos por terrorismo, pero son un agravante que magnifica cualquier otra acusación.

Por ejemplo, un acusado con un solo cargo de conspiración para tráfico de un solo tipo de droga, podría enfrentar una condena mínima impositiva de 10 años y posiblemente 20 años de prisión; con el agravante de terrorismo y conspiración, sería común que enfrente sentencia de cadena perpetua y mínimas obligatorias de unos 25 años de prisión.

Uno de los cargos que podrían ser comunes desde ahora para funcionarios acusados son los de apoyo a organizaciones terroristas.