¿Sabe usted cuánto tiempo le toma a una comunidad perder la tranquilidad y la paz social frente a la ineficacia de sus gobernantes? En Sinaloa, la respuesta se cuenta en meses de fuego, extorsiones, parálisis económica y, ahora, un desfile de licencias políticas y detenciones en el extranjero que parecen ficción, pero que lamentablemente forman parte de la cruda realidad mexicana. ¿Cuándo serán prioridad los ciudadanos? Las mujeres y hombres que salen a trabajar todos los días con el corazón en un hilo, las y los empresarios que invierten su patrimonio para generar empleo, las maestras y maestros que se plantan frente al aula intentando rescatar el futuro, los estudiantes que buscan aprender y se encienden bajo un pupitre y los médicos que salvan vidas bajo condiciones extremas.
Vivir en un clima de paz y de seguridad es un derecho fundamental, pero a esta población se le ha arrebatado con total impunidad desde hace muchos años. Hoy la ciudadanía sinaloense se encuentra atrapada en una profunda crisis política y de seguridad, agudizada por una pugna entre facciones de los cárteles de la droga y salpicada por graves acusaciones del Departamento de Justicia de EU en contra de la administración local.
La respuesta de las autoridades interinas ha sido intentar minimizar la crisis. Piden mantener la calma, hablan de programas asistenciales y de planes integrales en las zonas más afectadas, como Villa Juárez. Sin embargo, los discursos oficiales se desmoronan frente a los hechos. EU mantiene una investigación abierta contra 10 servidores y exfuncionarios públicos de la entidad por importación de narcóticos, posesión de armamento y presuntos vínculos con el crimen organizado. Las detenciones recientes cruzan la frontera de lo creíble: Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad, fue arrestado por autoridades de EU tras cruzar de Sonora a Arizona; mientras que Enrique Díaz, exsecretario de Administración y Finanzas, optó por entregarse voluntariamente a la justicia vecina. En México, la UIF ordenó congelar las cuentas de Rubén Rocha Moya, sus familiares y colaboradores.
La entrega y detención de quienes fungían como los cerebros de la seguridad y el dinero en Sinaloa representan un golpe demoledor para Morena y la 4T. Quienes debían proteger y administrar el erario terminaron rindiendo cuentas en los tribunales de EU. Menudo ejemplo de gobernanza. Para los ciudadanos, esto marca una etapa de incertidumbre y contradicción, pues observa cómo el gobierno federal habla de la disminución de índices delictivos sin ofrecer una solución a la crisis de violencia.
Frente al abandono institucional, la sociedad responde con la única herramienta que le queda: la organización y la exigencia, como en Culiacán, donde el empresario y chef Miguel Taniyama convocó a una singular carne asada frente al ayuntamiento en nombre de la libertad, la paz y la esperanza. El chef expresó que la salida de Rocha Moya y sus funcionarios marca el inicio de un largo viacrucis para los sinaloenses. Si los gobernantes sabían que formaban parte del problema, resulta criminal que decidieran prolongar la agonía del estado. La “carnita asada” ciudadana buscó lo que las autoridades evaden, abrir el diálogo ante la violencia, la caída económica y el miedo generalizado.
Ya es hora de actuar ante la radiografía económica que ha presentado Martha Reyes, presidenta de Coparmex en Sinaloa, pues es francamente alarmante. Los empresarios ya no operan; sólo sobreviven a la violencia que desde hace 17 meses tiene bajo fuego a la entidad. El saldo es devastador, pues se ha registrado el cierre de tres empresas mineras y de más de 2 mil 697 comercios que sufrieron extorsiones, secuestros y robos. La preocupación empresarial se profundiza tras el hallazgo de fosas clandestinas en Concordia, donde se localizaron los cuerpos de trabajadores secuestrados de una mina canadiense. Estos hechos ahuyentan la inversión y destruyen el desarrollo en municipios mineros clave como El Fuerte, Mocorito, Cosalá, San Ignacio y Rosario.
Aferrarse a discursos de normalidad y minimizar la tragedia ciudadana sale muy caro a nuestra sociedad. La reconstrucción del tejido social en Sinaloa y en el país entero no llegará con omisiones ni con el despliegue pasivo de fuerzas armadas. Llegará cuando la justicia y la legalidad dejen de ser promesas y se conviertan en realidades cotidianas. ¿Cuánto más tendremos que esperar para recuperar la tranquilidad que nos pertenece?