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Nacional

En sigilo, acuerdo con los comuneros del Aeropuerto General Felipe Ángeles

La Sedatu argumenta que la declaratoria de terrenos nacionales de 745 hectáreas de San Miguel Xaltocan es un tema sin “decisión definitiva”

ANDRÉS BECERRIL | 16-11-2020
Comuneros de San Miguel Xaltocan desalojaron el campamento que ocupaban dentro de las 128 héctáreas donde se construye el aeropuerto Felipe Ángeles, tras un acuerdo con el gobierno federal.

CIUDAD DE MÉXICO.

La información sobre las 745 hectáreas del municipio mexiquense de Nextlalpan —617 que el gobierno se comprometió a repartir entre 722 comuneros de San Miguel Xaltocan y las 128 cedidas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la construcción del Aeropuerto General Felipe Ángeles— fue clasificada como “reservada” por cinco años, hasta el 15 de septiembre de 2025.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) así lo resolvió, ante la solicitud de información hecha por Sergio González Tostado, unas de las personas que reclaman la propiedad privada de parte de estos terrenos, sobre el expediente 831506, que contiene la declaración de terrenos nacionales del 26 de abril de 2019 y publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Excélsior, en su edición de ayer, publicó que el conflicto de las tierras donde se construirá la nueva terminal aérea había concluido, una vez que un grupo de comuneros entregó a la Sedena las 128 hectáreas que tenían ocupadas desde el pasado 8 de junio.

De esta manera, los trabajos para la construcción de lo que será la entrada principal del aeropuerto ya empezaron, aunque siguen pendientes de resolverse varios puntos: uno de ellos es conocer si las 745 hectáreas que desde el 26 de abril son terrenos nacionales, tienen propietarios privados o no; eso lo determinará un juez; si se otorga propiedad a particulares, la declaratoria quedaría sin efecto; eso tendría dos vías: una, a la expropiación, el pago de las respectivas indemnizaciones a los propietarios y entonces el reparto entre 722 comuneros, y la otra, que, acreditada la propiedad, se dé posesión a los propietarios reclamantes y los comuneros queden sin lo comprometido el 10 de marzo de 2019.

El 10 de marzo del año pasado se realizó una consulta indígena en San Miguel Xaltocan para acordar la distribución de 617 hectáreas, a cambio del desalojo de las 128 que se requerirían para la construcción de la terminal aérea y una serie de obras en la población de origen otomí, que apenas van a comenzar y que se empatarán con las otras que el gobierno se comprometió con el grupo de comuneros que tuvo en su poder desde el 8 de junio las 128 hectáreas para el aeropuerto.

El mismo día que González Tostado hizo la petición de información a la Sedatu, la subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Agrario, a cargo de Ricardo Cervantes Peredo, uno de los firmantes del acuerdo con los comuneros de ayer, notificó que:

“Se localizó el expediente administrativo 831506, relativo al predio Xaltocan polígonos I, II y II, ubicados en el municipio de Nextlalpan, del Estado de México, así como el expediente 831506, relativo al anexo Xaltocan. Al respecto, se solicita la reserva al expediente administrativo 831506 (…) toda vez que se actualiza la causa del artículo 113, fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, en vista de que se trata de un procedimiento que se encuentra en trámite a cargo de esta Unidad Administrativa, mismo que corresponde a un procedimiento deliberativo dentro del cual no se ha adoptado la decisión definitiva, faltando diversas etapas que pondrán fin a los trámites respectivos (..) a la Ley Agraria”.

Esta resolución del Comité de Transparencia de la Sedatu inhibe la posibilidad de conocer públicamente y para los directamente relacionados con el caso, todos los datos, escrituras, planos, pago de predial, registros catastrales y demás, que podrían ser valiosos para conocer la evolución de la propiedad de esos terrenos, donde estuvo hace cientos de años un lago, y que poco a poco se fue desecando hasta convertirse en tierra firme, y que, de acuerdo con documentación obtenida desde hace meses, esos terrenos tendrían escrituras a partir de principios del siglo XX.

 

 

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