El cambio de régimen con la ley en la mano

CIUDAD DE MÉXICO. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha ido desmontando el régimen neoliberal y ha logrado calzar la cuarta transformación en la Constitución, a partir de reformas y leyes.

A la fecha ha podido hacer modificaciones en 55 artículos de la Carta Magna; con 29 reformas constitucionales y 18 ya en operación. La mayoría son de carácter social, y también su lugar en lo político: la democracia participativa.

Como parte de su proyecto político tiene en el tintero otras tres: reforma eléctrica; electoral y la que inscribiría a la Guardia Nacional —creación de López Obrador—, como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, como herramienta para seguir en su cruzada contra la inseguridad pública.

La estructura jurídica armada y aprobada en el Congreso de la Unión se ha desarrollado merced a la interlocución que el equipo de abogados de la Consejería Jurídica de la Presidencia, encabezada por Julio Scherer Ibarra, han tenido con actores políticos, legisladores, hombres de negocios.

El 5 de febrero del año pasado, en la conmemoración de 103 aniversario de la Constitución, en Querétaro, el presidente López Obrador mencionó que con el espíritu de la Constitución de 1917 “ahora estamos emprendiendo la cuarta transformación de la vida pública del país y se están actualizando las reformas que han hecho los legisladores a propuestas del Ejecutivo o iniciativas de diputados y de senadores… pueden ser consideradas dichas reformas como una nueva Constitución. Es una nueva Constitución dentro de la Constitución del 17. Las reformas que se han hecho han atendido la necesidad de cambio”, dijo.

La médula de la cuarta transformación es la justicia social. En marzo del año pasado, después de la intervención presidencial en Querétaro, se elevaron a rango constitucional una serie de programas sociales, con acento en grupos vulnerables de la población. Además, la puesta en marcha de un sistema nacional de salud para el bienestar, que incluye medicamentos gratuitos. En este mismo carácter está el derecho a la pensión de adultos mayores, para niñas y niños con discapacidad y las becas académicas.

Para todo este entramado social, la Consejería Jurídica de la Presidencia realizó la redacción para que la reforma se suscribiera en el artículo 4 de la Constitución y así poder garantizar la extensión progresiva de seguridad social para la población, sobre todo la que se encuentra en estado de vulnerabilidad.

Tan pronto como el presidente López Obrador tomó las riendas del país; la Conserjería Jurídica, que en el periodo de transición parlamentó con los legisladores de Morena —que entraron en acción desde el 1 de septiembre de 2018—, para poner en marcha otras de las reformas emblema de la cuarta transformación.

EL HUACHICOL

De esa forma, en diciembre de 2018, la corrupción —entre ellos el robo de combustible conocido como huachicol—, enriquecimiento ilícito y el ejercicio abusivo de funciones de los servidores públicos, fueron tipificados como delitos graves y objeto de prisión preventiva. Entonces se reformó el artículo 19 de la Constitución, donde quedó establecido como delito grave el uso de programas sociales con fines electorales.

Otras de la tareas que el equipo de Scherer Ibarra tuvo tan pronto como López Obrador ganó las elecciones de julio de 2018, fue la negociación para dejar de tener los servicios del Estado Mayor Presidencial; ocupar el Palacio Nacional como vivienda en lugar de hasta entonces llamada residencia oficial de Los Pinos; no ocupar el avión presidencial  y poner en marcha una serie de acciones para acabar con los privilegios ostentaban la alta burocracia, como sueldos y toda las medidas de vehículos y telefonía celular que administraciones anteriores utilizaban de forma indiscriminada.

El presidente López Obrador se redujo el salario en 50 por ciento. De la mano de esta medida nunca antes vista en México, el jefe del Ejecutivo federal solicitó a la Consejería Jurídica armar una iniciativa para reducir los salarios de los funcionarios de primer nivel.

El 16 de abril de 2019, el presidente envió un memorándum para dar por terminada la reforma educativa de la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

Como es de público conocimiento, las reformas conocidas como estructurales y la agenda impuesta desde el extranjero durante el periodo neoliberal no han dejado más que pobreza, violencia, corrupción y malestar social. Particularmente, la mal llamada reforma educativa no se ha traducido en una mejoría de la calidad de la enseñanza; en cambio, este conjunto de modificaciones legales, impuesto mediante actitudes autoritarias y recurriendo a campañas de descrédito en contra del magisterio nacional han causado una indeseable polarización en la sociedad, así como una manifiesta erosión institucional”.

EN EDUCACIÓN

Aunque la idea original era solamente quitarle los puntos punitivos a la reforma de Peña, la reforma fue aprobada, con 6 iniciativas más que permitieron modificarla y enriquecerla.

Los puntos de la reforma del presidente López Obrador son: la educación inicial como derecho de la niñez y la responsabilidad del Estado de concientizar sobre su importancia; se declara obligatoria la educación superior y su garantía por el Estado; se declara que corresponde al Estado la rectoría de la educación y se dispone que la educación que éste imparta, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica; se declara que la educación se basará en el respeto irrestricto a la dignidad de las personas, con un enfoque de género y de igualdad sustantiva; el Estado dará prioridad a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos; se reconoce a las maestras y a los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, su contribución a la transformación social; se les reconoce, igualmente, el derecho de acceder a un sistema integral de formación, capacitación y actualización, entre otros.

De acuerdo con el dicho del Presidente de México, en diciembre pasado, al cumplirse el segundo año de gobierno, las bases de la cuarta transformación quedaron listas.

Hace una semana, el jefe del Ejecutivo Federal aseguró que en los casi tres años de su administración se han revertido las reformas constitucionales hechas en el periódico neoliberal, que, dijo, se hicieron para “saquear los bienes de la nación”.

López Obrador dijo que “la verdad es que durante todo el periodo neoliberal se dedicaron a modificar la constitución para legalizar el saqueo, el robo, para eso fueron todas esas reformas (…) se puede probar cómo fueron ajustando el marco constitucional, el marco legal, para llevar a cabo el saqueo de los bienes de la nación, desde Salinas hasta el último gobierno neoliberal”.

En el tema de democracia, la Consejería Jurídica de la Presidencia fue afinando cómo debía quedar el texto relativo a la revocación de mandato, que se realizará en marzo del próximo año, y también la pasada consulta popular del 1 de agosto, que existe en la Constitución desde 2014, pero en la reforma de 2019 se agregó la posibilidad de consultar temas de trascendencia regional y no sólo nacional, así como para completar la lista de aquellos que no pueden ser objeto de consulta: los derechos humanos derivados de tratados internacionales, así como las garantías para su protección; la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular; el sistema financiero, ingresos y gastos, así como el Presupuesto de Egresos de la Federación y las obras de infraestructura en ejecución.

El primer ejercicio de democracia participativa tuvo como objetivo que la ciudadanía decidiera si se enjuicia o no a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña. Aunque no se lograron los votos para tal efecto, el Presidente celebró el arranque de este ejercicio.

Como parte de toda esa nueva arquitectura legal para afianzar la cuarta transformación, la Consejería Jurídica cabildeó para hacer realidad la modificación al artículo 28 de la Constitución, donde se establece que está prohibida la condonación de impuestos, como se hizo en otras administraciones y que llegó a ser de hasta 413 mil millones de pesos.

LOS SALARIOS

La Consejería Jurídica de la Presidencia, también por iniciativa de López Obrador ejecutó la reforma de los artículos 116 y 127 de la Constitución. Con ella se pretende afirmar y extender a todos los organismos e instituciones del Estado mexicano la política del presidente López Obrador en materia de remuneraciones de los servidores públicos. También fue aprobada una iniciativa de reforma a los artículos 108 y 111 constitucionales, por la cual se precisan las causas de acusación al presidente de la República durante el tiempo de su encargo, pues, además de la traición a la Patria y los delitos graves, se agregan como causas actos de corrupción y delitos electorales.

Lo más importante es que ya están sentadas las bases de la transformación. A dos años de ocupar la Presidencia, puedo afirmar que ya logramos ese objetivo. Repito, sentar las bases para la transformación de México", dijo en Palacio Nacional, en un mensaje por los dos años de su toma de posesión.

 

ALGUNOS CAMBIOS

• Ha modificado 55 artículos de la Carta Magna, con 29 reformas constitucionales y 18 ya en operación.
• Se reformó el artículo 19 de la Constitución, donde quedó establecido como delito grave el uso de programas sociales con fines electorales.
• Se prescindió de los servicios del Estado Mayor Presidencial.
• Se decidió ocupar el Palacio Nacional como vivienda en lugar de hasta entonces llamada residencia oficial de Los Pinos.
• Ya no se ocupó el avión presidencial.
• Puso en marcha una serie de acciones para acabar con privilegios burocráticos.

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