Corte observa caso Castilla Roche–Ponce García tras negativa de prescripción en Yucatán

Corte vuelve la mirada al polémico caso Castilla–Ponce en Yucatán

El Tribunal Primero de Enjuiciamiento del estado de Yucatán rechazó la excepción de prescripción solicitada por la defensa en el juicio entre Ermilo Castilla Roche y Fernando Francisco Javier Ponce García, en una resolución que mantiene vigente un caso de alto perfil que se remonta a 2013.

Según el equipo legal defensor, la denuncia original fue presentada el 18 de septiembre de 2013, y el plazo legal para declarar prescrita la acción penal venció el 18 de septiembre de 2014, conforme al artículo 121 del Código Penal del Estado. No obstante, la reapertura de la carpeta el 15 de junio de 2015 habría excedido por más de ocho meses el límite legal, por lo que, a su juicio, el expediente debió ser archivado definitivamente.

Durante la audiencia inicial, el querellante fue interrogado y contrainterrogado, presentando, de acuerdo con los abogados defensores, inconsistencias sobre la vigencia del poder notarial y otros aspectos centrales del caso, lo que consideran evidencia de la debilidad de la acusación.

La defensa también ha cuestionado la competencia territorial del caso, señalando que la carpeta fue radicada en Yucatán bajo el argumento de que el supuesto ilícito “se ideó en pleno vuelo”, una tesis que consideran insostenible y que, aseguran, impuso forzadamente la jurisdicción local.

Poder notarial, eje del litigio

Uno de los elementos centrales del proceso es el poder notarial mediante el cual se llevaron a cabo las operaciones inmobiliarias que hoy son impugnadas. La defensa sostiene que este documento estaba plenamente vigente al momento de su ejecución y fue reconocido por tribunales de Quintana Roo en todas las instancias, lo que refuerza la legalidad de los actos realizados.

La validez de este instrumento está respaldada por dos documentos notariales integrados al expediente, lo que, en opinión del equipo jurídico, debilita sustancialmente la acusación formulada por la parte denunciante.

Defensa de alto perfil y acusaciones de justicia selectiva

El abogado Elmer Novelo, quien encabeza la defensa junto con un equipo que ha representado casos de alto impacto nacional como los de Florence Cassez y Julio Scherer, ha calificado el proceso como una muestra de “revanchismo jurídico” y ha señalado que la Fiscalía ha ignorado la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de prescripción penal.

El juicio continuará mañana con la comparecencia de nuevos testigos. Mientras tanto, el caso sigue bajo escrutinio público y jurídico, alimentando un debate más amplio sobre la eficacia del sistema de justicia en Yucatán.

De acuerdo con datos del INEGI, solo tres de cada diez denuncias en la entidad llegan a los tribunales, y los procesos suelen prolongarse por cinco años en promedio. El expediente Castilla–Ponce ya supera la década de litigio.