Ciudadanos rompen el silencio y exigen; abren espacios de diálogo
Ante la alta incidencia de delitos, el aumento en las desapariciones, el crecimiento en la corrupción y el alza del precio en combustibles, la sociedad marchó para pedir justicia, seguridad, alto al secuestro y freno a los gasolinazos
CIUDAD DE MÉXICO.
En los últimos tres sexenios, la sociedad civil organizada en México salió del anonimato para convertirse en un actor político que abrió espacios de diálogo entre el gobierno y diversos grupos sociales, para buscar soluciones a problemas añejos como la corrupción, la inseguridad, la desaparición forzada, la tortura, el precio de los combustibles y pelear por un Fiscal General autónomo y sin conflicto de intereses.
INICIA EL CAMBIO
El cambio comenzó el 2 de julio del año 2000, cuando el presidente Ernesto Zedillo anunció el triunfo electoral de Vicente Fox, en la sede nacional del PAN, ubicada en la Colonia del Valle.
Un grito de júbilo invadió las calles aledañas y muchos rincones del país; Fox destapó una botella de champaña, diciendo al público que estaba mejor el tequila y así comenzaba el cambio de régimen.
En cuatro años, la sociedad civil pasó de ser un observador electoral a convertirse en un protagonista en las agendas y políticas gubernamentales de la última década.
El 27 de junio de 2004, cuando sin consignas aprendidas a fuerza de repetirlas, vestidos de blanco y sin etiquetar a quienes marchaban a su lado por ser de izquierda o de derecha, chairos o fifís, la sociedad se manifestó para exigirle al presidente Vicente Fox y al entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, seguridad, cuerpos policiacos honestos y eficaces y medidas de prevención que revirtieran las tendencias delictivas ante una realidad abrumadora de secuestros, asesinatos, robos y extorsiones.
Esa movilización multitudinaria por el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México abrió la puerta a la maduración de muchos años de lucha de la sociedad civil y con ello iniciaron las confrontaciones, los amagos, marchas masivas y movilizaciones primero en las calles y ahora en las redes sociales.
ACTIVISTAS SOCIALES
Durante el sexenio de Felipe Calderón, las movilizaciones de la sociedad civil se concentraron, principalmente, en temas de seguridad y defensa de los derechos humanos. Las demandas de justicia de cientos de familias terminaron por convertir a padres y madres en activistas sociales, como fue el caso de Isabel Miranda de Wallace y Fernando Martí, cuyos hijos fueron secuestrados y, posteriormente, asesinados.
Javier Sicilia también se convirtió en un activista relevante, luego de que su hijo, Juan Francisco, fue asesinado en marzo de 2011, lo que generó una nueva gran movilización nacional contra la violencia y encabezó la Marcha Nacional por la Seguridad en México y la Caravana del Sur y desde la dirigencia del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad reunió a Felipe Calderón con víctimas de la guerra contra el narcotráfico.
Pero no todas las demandas fueron escuchadas. Marisela Escobedo Ortiz y Nepomuceno Moreno fueron asesinados mientras exigían justicia por parte de las autoridades.
A Maricela la mataron el 16 de diciembre de 2010, mientras protestaba frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua para que las autoridades reaprehendieran al asesino confeso de su hija Rubí Frayre. A Nepomuceno lo mataron el 28 de noviembre de 2011, después de que denunció negligencia de las autoridades en la investigación del secuestro de su hijo Jorge Mario, ocurrido en julio del 2010.
La sociedad civil también impulsó el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio para aprobar una ley que regulara los servicios de cuidado en las estancias infantiles del Estado, tras la muerte de 49 bebés y niños en un incendio en la Guardería ABC, el 5 de junio de 2009. En junio de 2013, la ley se aprobó en Sonora.
CORRUPCIÓN Y VIOLENCIA
Con el presidente Enrique Peña Nieto en el gobierno federal, la sociedad civil se concentró en temas de corrupción y transparencia, sin dejar de lado la violencia que arrasa en todo el país y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, caso que derivó en la creación de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda, en cuya confección participaron colectivos de víctimas de este delito.
Fue tal la presencia de la sociedad civil en los temas legislativos que el Congreso de la Unión se vio en la necesidad de legislar en materia de participación ciudadana y tras varios intentos, en 2014 se promulgó la Ley de Consulta Popular.
Entre la LXII y LXIV Legislaturas se han presentado en el Senado y la Cámara de Diputados 11 iniciativas ciudadanas, de las cuales tres se dictaminaron en sentido negativo, cuatro se encuentran pendientes de dictaminar en comisiones, tres más fueron desechadas.
Únicamente el proyecto de Ley General de Responsabilidades Administrativas en la cual se establece la obligación de todos los funcionarios públicos de dar a conocer tres declaraciones: declaración patrimonial, de intereses y fiscal. Además, define reglas claras de conducta para los servidores públicos y actores privados, así como sanciones para los corruptos; en 2016 fue cuando se aprobó y entró en vigor.
Actualmente los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás, junto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, alertaron que pese a que ellos presentaron hace dos meses al Senado de la República un proyecto de Ley Orgánica para crear una nueva Fiscalía Autónoma resultado de 15 mesas de trabajo entre organizaciones civiles, académicos, legisladores e integrantes del equipo de transición del presidente electo, se dictaminará un proyecto distinto al elaborado en coordinación, lo que implicaría un retroceso en el esquema planteado que ponía al centro a las víctimas, los ciudadanos y el combate a la impunidad.
Así, con la sombra de la Gran Marcha Blanca a cuestas, la sociedad civil continuará organizándose pese a que en las redes sociales se burlan de ella y la muestran como una anarquista con un vaso de café en la mano a punto de lanzarlo y pretenden hacerla encajar en consignas que se escuchan en las manifestaciones, advirtió Laura Elena Herrejón, organizadora de la marcha Sí al Nuevo Aeropuerto Internacional de México.
“Nos llevó muchísimos años de esfuerzo y de sufrimiento, ensayo y error llegar a la democracia que hoy tenemos, que es reconocida internacionalmente como una de las mejores y no daremos ni un paso atrás”, resaltó.
EL RETO
Luego de tres sexenios de luchas dadas desde distintas trincheras, el reto para la sociedad civil será conservar su libertad e independencia, desde la convicción de que lo que hacen no lo puede hacer ningún gobierno, son parte de este ejercicio subsidiario de la vida política y la vida púbica de un país, aseguró Margarita Zavala.
“La libertad para las organizaciones sociales es fundamental porque lo que ellas hacen no lo puede hacer ningún gobierno, son parte de este ejercicio subsidiario de la vida política y la vida púbica de un país. La libertad es un valor que hay que cuidar porque cuando lo perdemos, que se puede perder muy fácil, es muy complejo recuperarlo”, afirmó.
En entrevista con Excélsior, acentuó que la libertad será la trinchera desde la cual podrán alcanzar sus objetivos para bien del país.
“Es un valor cardinal, no es el único, pero desde ahí se lucha por los otros valores, la verdad, la honestidad, la igualdad, los derechos humanos, creo que uno de los retos es defender su propia libertad, autonomía y hacerle ver al gobierno de cualquier nivel que lo que ellos hacen ningún gobierno lo puede hacer”, remarcó.
En este sentido, comentó que las organizaciones sociales serán indispensables para México siempre, independientemente quién gobierne, pero sobre todo cuando hay poder ilimitado a una persona aunque se haya entregado por la vía democrática, pues será necesario que encuentre en la sociedad, profesionales fortalecidos que cuando sea necesario ser contrapeso lo sea y cuando tenga que decir por dónde es mejor caminar lo puedan hacer.
EL RIESGO
A partir del empoderamiento del ciudadano como un actor que trabaja en los temas que le afectan a su comunidad que ya no solamente observa, sino que plantea en una agenda temática y está mucho mejor preparado, la sociedad civil se enfrenta al riesgo de confundirse con organizaciones clientelares que trabajan a favor de un partido político y no de causas genuinas, alertó Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.
“El riesgo más grande son las organizaciones clientelares que dependen o que apoyan a ciertos partidos o ciertos grupos a cambio de prebendas o beneficios directos, por eso la mayor preocupación es la participación de estos grupos; ése es el verdadero riesgo porque no son expresiones genuinas de una sociedad que se organice y participa por un tema o porque tengan una agenda”, reviró.
Al respecto, Bohórquez señaló que el objetivo es buscar que todas las organizaciones sociales sean lo más democráticas e incluyentes posibles, así como técnicamente sólidas, pero sobre todo evitar caer en expresiones contrarias a la ley.
“En lo que no podemos ceder ni podemos permitir es que las expresiones de participación social sean contrarias a los derechos que hemos conseguido y garantizado en nuestro marco constitucional, esto está muy identificado en el caso de la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación), pues no son expresiones espontáneas de la ciudadanía por organizarse y defender ciertos temas, sino porque se activan políticamente alrededor de un partido”, subrayó.
SOCIEDAD CIVIL
En las propuestas legislativas prioritarias del grupo parlamentario de Morena en la Agenda Legislativa prioritaria de la Cámara de Diputados y el Senado de la República se buscará posicionar la participación de la sociedad civil como en la reforma al artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la cual se crean las comisiones intersecretariales, consultivas y presidenciales.
En las reforma que se aprobó el 13 de noviembre se precisa que las comisiones intersecretariales serán aquellas creadas para el despacho de asuntos en que deban intervenir varias Secretarías de Estado y las comisiones consultivas estarán conformadas por profesionales, especialistas o representantes de la sociedad civil, con la finalidad de resolver una consulta determinada o emitir una opinión sobre algún tema específico, pero las conclusiones no serán vinculantes.
En los cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que definieron la nueva arquitectura institucional del gobierno del presidente electo, se mantuvo en la Secretaría de Gobernación la atención a las organizaciones de la sociedad civil y la promoción de la participación ciudadana para el desarrollo democrático, y la defensa y promoción de los derechos humanos.
Asimismo, en la Secretaría de Bienestar (antes Desarrollo Social) se precisó que fomentará las actividades de las organizaciones de la sociedad civil en materia de bienestar, combate a la pobreza y desarrollo humano.
Y en la iniciativa para la revocación de mandato y consulta popular, también se plantea la participación de la sociedad civil, ya que de acuerdo con la propuesta, éstas se celebrarán cada año el primer domingo de julio, organizada por la autoridad electoral y podrán solicitarlas el Presidente de la República, el 33 por ciento de los miembros de alguna de las dos cámaras del Congreso o el 2 por ciento de la lista nominal con las firmas de los ciudadanos.