Históricamente, México y Estados Unidos han tenido una relación de tensión, de constantes negociaciones, conflictos, alianzas, amistad y rivalidad.
Hemos atravesado muchos momentos críticos: desde la colonización de Texas en la década de 1820, para posteriormente vivir la revolución de ese territorio, la anexión del mismo a Estados Unidos y, posteriormente, la guerra de 1846-1848 entre ambos países por la disputa fronteriza, que culminaría con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, mediante el cual se formalizó la cesión de gran parte del territorio mexicano a Estados Unidos.
Después vendrían nuevos episodios de tensión, como la ocupación estadunidense de Veracruz en 1914 y los conflictos alrededor del petróleo mexicano, que tendrían uno de sus momentos más importantes con la expropiación petrolera de 1938.
Posteriormente, terminaríamos siendo aliados en el marco de la Segunda Guerra Mundial.
Y, sin embargo, hoy nos encontramos nuevamente ante un contexto álgido, de disputa y de una narrativa alrededor de la soberanía nacional.
El gobierno federal de nuestro país ha construido una retórica en la que las cancelaciones de visas, las solicitudes de extradición, los exhortos a combatir al crimen organizado y los señalamientos contra políticos presuntamente involucrados con los cárteles de la droga se han convertido en una bandera de soberanía nacional, de defensa frente a las supuestas injerencias y de rechazo a cualquier intento de intervención de EU.
En 1978 se firmó el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, mismo que, después de la ratificación por los respectivos poderes legislativos, entraría en vigor en 1980. Posteriormente, sería modificado en 1997 y, con esas modificaciones, ha permitido establecer un mecanismo de colaboración entre ambas naciones para poder impartir justicia y castigar a quienes han cometido delitos en alguno de estos dos territorios.
No se trata, desde luego, de que una solicitud de extradición implique automáticamente la entrega de una persona. Cuando Estados Unidos presenta una solicitud formal de extradición, México no está recibiendo una orden que deba obedecer de manera automática, sino que está activando un procedimiento jurídico que nuestro propio país decidió aceptar mediante un tratado internacional.
Por eso, cumplir con este tratado ante una solicitud formal y documentada por parte de Estados Unidos no debería pasar por una cuestión de patriotismo, de defensa de la patria o de aceptación de una supuesta injerencia. Es, antes que nada, una cuestión jurídica. México decidió, de manera soberana celebrar ese tratado. Lo sometió a los procedimientos correspondientes y decidió incorporarlo a su orden jurídico.
Un país soberano no es aquel que se niega a cooperar con otros países, es aquel que decide, por sí mismo, con quién coopera, bajo qué condiciones y conforme a qué leyes, y aquí es donde la narrativa comienza a resultar contradictoria, porque mientras se presenta la negativa a entregar criminales como una defensa de la soberanía nacional, quienes realmente menoscaban nuestra soberanía son aquellos que tienen la capacidad de corromper instituciones, controlar territorios y desafiar al Estado mexicano.
Son los grupos criminales quienes ponen en entredicho la capacidad del Estado para ejercer plenamente su autoridad dentro de su propio territorio, por eso resulta paradójico que, en nombre de la soberanía, terminemos convirtiendo la extradición de un delincuente en una batalla contra Estados Unidos.
Es irrisorio que se utilice la bandera del patriotismo para justificar que alguien que ha cometido delitos pueda continuar operando y delinquiendo.
La soberanía no consiste en proteger criminales frente a otros países.
Y quizás esa sea la mayor contradicción de esta discusión: que aquellos que realmente menoscaban la soberanía nacional, los criminales, puedan terminar operando impunemente mientras se les envuelve en una bandera de patriotismo.
Defender a México no puede significar defender a quienes lo lastiman.