Majo Osorio propone blindar programas sociales en Quintana Roo
La iniciativa plantea sancionar el uso de programas, apoyos y recursos gubernamentales para promover la imagen de servidores públicos u obtener ventajas políticas y electorales.

La diputada Majo Osorio presentó una iniciativa para reformar la legislación electoral de Quintana Roo, con el objetivo de impedir que programas sociales, bienes, servicios y recursos públicos sean utilizados para promover la imagen de funcionarios o generar posicionamiento político.
La propuesta plantea adicionar el artículo 400 Bis a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Quintana Roo, a fin de considerar como infracción el uso de programas, bienes, servicios o apoyos sociales que incorporen nombres, imágenes, voces, colores o logotipos con fines de promoción política o electoral.
De acuerdo con el planteamiento, los apoyos gubernamentales son financiados con recursos públicos y constituyen derechos de la ciudadanía, por lo que no deben ser presentados como favores o concesiones personales de los servidores públicos.
Osorio busca que la legislación estatal establezca con mayor claridad la separación entre la operación de los programas sociales y la promoción de quienes ocupan cargos públicos.
La iniciativa también contempla que la difusión de las acciones gubernamentales se realice de manera continua a través de los canales oficiales de los entes públicos y tenga propósitos exclusivamente informativos, educativos o de orientación social.
En su planteamiento, la legisladora reconoce a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Mara Lezama como referentes de una política social basada en principios de transparencia, objetividad e institucionalidad, así como en la prioridad del bienestar colectivo sobre la promoción individual.
La propuesta será analizada en el Congreso de Quintana Roo y, de avanzar en el proceso legislativo, reforzaría las disposiciones destinadas a separar el ejercicio de gobierno de la promoción política personal.
La iniciativa se presenta además en medio del proceso de posicionamiento de distintos perfiles políticos de cara a las elecciones de 2027. En Playa del Carmen, Osorio ha aparecido en mediciones difundidas en meses recientes sobre posibles aspirantes a la presidencia municipal.
La diputada ha combinado su actividad en el Congreso local con trabajo territorial en colonias de Playa del Carmen, mientras su nombre comienza a formar parte de la discusión sobre la próxima sucesión municipal.
Con la reforma propuesta, Osorio plantea establecer en la legislación electoral un principio central: los recursos gubernamentales son públicos y los programas sociales constituyen derechos, por lo que su utilización no debe estar vinculada con la construcción o promoción de una imagen política personal.