ASF exhibe desorden financiero en Oaxaca
La administración del gobernador Salomón Jara Cruz quedó bajo observación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por deficiencias en el manejo de participaciones federales destinadas a los municipios de Oaxaca durante 2025.
Aunque el órgano fiscalizador exhibió fallas de control, retrasos en pagos, recursos retenidos temporalmente y afectaciones a participaciones municipales por adeudos fiscales.
Cabe destacar que Salomón Jara asumió la gubernatura de Oaxaca el 1 de diciembre de 2022, por lo que la revisión corresponde a recursos ejercidos durante su administración.
La revisión de la ASF abarcó 8 mil 830 millones 223 mil 264.49 pesos, equivalentes al 100 por ciento de las participaciones federales transferidas al Gobierno de Oaxaca para su distribución entre los 570 municipios.
En total, el organismo fiscalizador determinó 20 resultados: en 16 no detectó irregularidades y cuatro fueron solventados antes de la emisión del informe. Sin embargo, las observaciones muestran que la Secretaría de Finanzas estatal operó con controles insuficientes en áreas sensibles del manejo del dinero público.
Uno de los puntos más delicados fue el retraso en la entrega de participaciones federales a municipios. La ASF documentó que el Gobierno de Oaxaca excedió los plazos legales para transferir recursos del Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Fondo de Compensación, IEPS, Fondo de Gasolina y Diésel, ISR y FOCO ISAN. Esos retrasos generaron rendimientos financieros por 150 mil 971.82 pesos que, al momento de la auditoría, no habían sido pagados a los ayuntamientos.
El problema no terminó ahí. La auditoría también encontró rendimientos generados en la cuenta de controversias, sin que inicialmente existiera evidencia de su entrega a los municipios correspondientes. Después de los ajustes realizados durante la revisión, el monto total de rendimientos pendientes ascendió a 311 mil 329.11 pesos.
El gobierno estatal comprobó posteriormente la transferencia de 296 mil 149.12 pesos a 44 municipios, realizada el 21 de mayo de 2026, pero quedaron pendientes 15 mil 179.99 pesos para Santa María Quiegolani, Santiago Xiacuí y San Martín Itunyoso.
La ASF también detectó un manejo cuestionable de participaciones afectadas por adeudos. En 2025, la Secretaría de Finanzas aplicó descuentos por 102 millones 978 mil 766.90 pesos con cargo a recursos municipales. De ese monto, un millón 205 mil 309.20 pesos correspondió a un ajuste relacionado con el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), mientras que 95 millones 773 mil 457.70 pesos fueron descontados a 11 municipios para cubrir créditos fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria.
Entre los municipios afectados por esos descuentos se encuentran Acatlán de Pérez Figueroa, Loma Bonita, San Antonino Castillo Velasco, Santa María Huazolotitlán, Santa Cruz Xoxocotlán, Zimatlán de Álvarez, Salina Cruz, Oaxaca de Juárez, Santa Lucía del Camino, Asunción Nochixtlán y Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo.
La ASF señaló que el gobierno estatal presentó documentación para justificar el origen, autorización y destino de las afectaciones; aun así, el volumen de los descuentos exhibe una presión financiera relevante sobre recursos que originalmente correspondían a los ayuntamientos.
Otra irregularidad señalada por la ASF fue la falta de convenios en anticipos de participaciones. El Gobierno de Oaxaca afectó recursos de Loma Bonita y San Francisco Ixhuatán por 6 millones de pesos, de los cuales 5.9 millones correspondieron al Fondo General de Participaciones y 100 mil pesos al Fondo de Fomento Municipal.
Aunque la administración estatal presentó solicitudes, actas de cabildo, cartas compromiso y evidencia de transferencia, no formalizó los convenios exigidos por la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Oaxaca.
La observación es relevante porque los anticipos comprometen participaciones futuras de los municipios. No se trata de un trámite menor. Sin convenio, quedan debilitados los controles sobre condiciones de pago, amortización y responsabilidad administrativa.
La propia ASF asentó que, aunque el Gobierno de Oaxaca justificó afectaciones por más de 102 millones de pesos, no formalizó los instrumentos jurídicos para los anticipos otorgados a esos dos municipios.
El informe también evidencia recursos inmovilizados temporalmente. En la cuenta de controversias quedaron disponibles 285 mil 880.15 pesos, mientras que en subcuentas de fideicomiso permanecían 3 millones 72 mil 553.89 pesos, relacionados principalmente con San Pedro Sochiápam y Tlacolula de Matamoros, en espera de que se resolvieran condiciones jurídicas para su transferencia.
En materia de transparencia, la ASF detectó otra deficiencia: las publicaciones oficiales sobre participaciones fueron difundidas con decimales, pese a que debían presentarse en pesos. Aunque el punto fue solventado mediante compromisos de corrección, el hallazgo se suma a un patrón de fallas administrativas en la gestión de recursos federales.