Ante detención de Fiscal, Congreso de Morelos urge aplicar Constitución en soberanía
La detención del Fiscal estatal viola el Artículo 40 constitucional relativo al Pacto Federal, explicó el Presidente del Poder Legislativo local, Francisco Sánchez Zavala

Tras la detención del Fiscal General de Morelos, Uriel Carmona, el Congreso del estado busca ante la Suprema Corte de Justicia (SCJN) claridad sobre la autonomía y soberanía de los Estados, afirmó el Presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo local, Francisco Sánchez Zavala.
El cauce legal que se le quiso dar a la detención de un servidor público de Morelos no es la que está normada en nuestra propia ley”, opinó tras la conmemoración del 107 Aniversario luctuoso de los Mártires.
Recordó que el Artículo 40 constitucional, relativo al Pacto Federal, establece que la soberanía de las entidades y la división de poderes deben ser respetadas.
En la detención Carmona, explicó, fue evidente la violación constitucional, ya que el funcionario fue aprehendido y procesado por autoridades de otra entidad, y ni siquiera el Tribunal Superior de Justicia de Morelos fue avisado sobre ésta.
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Puntualizó que por la forma en cómo actuaron las autoridades federales y de la Ciudad de México en la aprehensión del funcionario de Morelos, el citado Artículo fue totalmente violentado y por ello se presentó una controversia.
Esperamos que este supremo Poder Judicial del país nos dé esa claridad, y no solamente a nosotros como estado de Morelos, sino a todos los Estados de la República (que) sepamos cuáles son los alcances, qué sí se puede o no se puede. No nos podemos apartar en la aplicación de la ley de la línea que marca nuestra Constitución”, expuso Sánchez Zavala.
Morelos, abundó, atraviesa por una compleja coyuntura contraria a los compromisos en favor del estado y al progreso de los pueblos, ya que se han hecho evidentes los insanos apetitos para promover intereses personales o de grupo.
Esto, consideró, siempre conducirá a un atraso y a seguir posponiendo las soluciones que demanda el pueblo de Morelos.
Carmona, el Fiscal ‘incómodo’ para la Cuatro T
Uriel Carmona, quien el pasado 4 de agosto se entregó a las autoridades que desde las 6 de la mañana sitiaron su domicilio sin anunciarle los motivos legales, fue aprehendido y privado de su libertad bajo el cargo de "retardo en la justicia".
Así lo expuso Carlos Trujillo Rodríguez, el Juez de Control de la Ciudad de México al frente del proceso del Fiscal General de Morelos, al cierre de la audiencia inicial.
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Desde el sábado 5 de agosto, el funcionario estatal permanece interno en el Reclusorio sur de la capital por diversas acciones inconstitucionales:
Fue ingresado a una cárcel de la Ciudad de México por un delito establecido en el Código Penal de la capital, Artículo 292 Bis, sólo imputable a funcionarios capitalinos.
El Fiscal de Morelos cuenta con fuero constitucional que le fue ratificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tiene además un amparo que le fue otorgado por el Juez Noveno de Distrito con sede en Cuernavaca, Morelos, que lo protege contra cualquier acto privativo de la libertad.
Se le acusa por una causa que ni siquiera es delito. De acuerdo con las consideraciones del Juez de Control de la CDMX, Carlos Trujillo Rodríguez, Carmona fue privado de su libertad porque en conferencias de prensa emitió opiniones que afectaron la dignidad de una víctima de feminicidio y entorpecieron una investigación. Pero, dar conferencias a medios no es delito.
En caso de que Carmona hubiera obstaculizado una investigación, la autoridad competente para actuar es la Fiscalía Anticorrupción de Morelos.
Llama la atención que en un Gobierno que enarbola la “cero corrupción” como uno de sus ideales, este caso es una muestra de exactamente lo contrario.
Carmona está preso por ser un Fiscal incómodo para el Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco y para la aspirante presidencial, Claudia Sheinbaum. Ahora que el expediente será analizado en el máxima institución de Justicia, el Ministro a cargo estará en posibilidades de evitar una violación al debido proceso y al Estado de Derecho.
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