Alertan por impunidad en la muerte de Ángel Moreno, fallecido bajo cuidado del DIF Nuevo León
La organización civil Tejiendo Redes Infancia emitió una alerta ante el riesgo de impunidad en el proceso penal por el homicidio de Ángel Moreno, el adolescente con discapacidad que falleció bajo custodia del Estado
La organización civil Tejiendo Redes Infancia alertó ante el riesgo de impunidad en el proceso penal por el homicidio de Ángel Moreno, el adolescente con discapacidad que falleció el 9 de febrero de 2022 bajo custodia del DIF Nuevo León.
La red de activistas advirtió la próxima realización de una audiencia en la que la defensa de Raymundo Francisco "N", uno de los principales imputados por homicidio doloso, buscará modificar la medida cautelar de prisión preventiva.
Ante esto, el colectivo exigió al Poder Judicial de Nuevo León actuar con la máxima diligencia y bajo la perspectiva de infancia para evitar entorpecer un caso considerado de gravedad institucional.
El expediente involucra a otros exfuncionarios estatales de alto nivel, entre ellos Mauricio Miguel "N", Miguel Ángel "N" y Alan “N”, acusados formalmente de homicidio y encubrimiento. El primero era director de Atención Integral al Menor y la Familia y el segundo era director general del DIF del estado de Nuevo León.
De acuerdo con los activistas, el riesgo de sustracción de la justicia, la influencia política de los involucrados y la posibilidad de intimidación hacia los testigos son causales suficientes, bajo el Código Nacional de Procedimientos Penales, para mantener la prisión preventiva.
¿Cómo murió el adolescente Ángel Moreno?
Ángel Moreno era un adolescente de 14 años que vivía con múltiples condiciones de discapacidad. Debido a su situación de vulnerabilidad, pasó más de una década institucionalizado en centros de cuidado alternativo bajo la responsabilidad directa del DIF Nuevo León.
En febrero de 2022, mientras se encontraba en el albergue Fabriles, en Monterrey, Ángel presentó una crisis de salud derivada de un episodio de dolor abdominal. La investigación oficial reveló que el adolescente fue golpeado en el estómago por Raymundo Francisco “N”, entonces encargado de la enfermería de Fabriles.
Posteriormente se confirmó que el menor de edad no recibió la atención médica especializada ni los cuidados profesionales requeridos para su condición. Por el contrario, sufrió maltrato físico y omisión institucional por parte del personal a cargo durante sus últimas horas de vida.
Tras confirmarse su fallecimiento en las instalaciones públicas, directivos del albergue ordenaron la cremación inmediata del cuerpo del adolescente sin realizar una autopsia legal previa ni notificar adecuadamente a sus familiares, en un intento deliberado por ocultar las evidencias del deceso.
Debido a estas anomalías, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León emitió la Recomendación 01VG/2023, donde calificó de forma histórica el hecho como un “crimen de estado", resolución que fue ratificada recientemente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Ante el escenario de la próxima resolución judicial, Tejiendo Redes Infancia enfatizó que el principio de presunción de inocencia de los imputados no debe pasar por encima del interés superior de la niñez ni del derecho a la verdad.
La organización solicitó formalmente al tribunal garantizar la participación de las víctimas indirectas en la audiencia, evaluar el impacto de la red de protección política de los acusados y tomar como base la recomendación de la CEDHNL para juzgar el caso con un enfoque diferenciado, especializado e interseccional.