Alerta en Chimalapas: denuncian riesgo de violencia y cuestionan omisión del gobierno de Salomón Jara
Familias enteras, menores de edad, mujeres y adultos mayores permanecen en un ambiente de incertidumbre
El Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas lanzó una advertencia sobre el riesgo de un episodio de violencia en las comunidades de Chocomanatlán, antes conocida como López Portillo, y Nuevo San Andrés, ambas pertenecientes al municipio de Santa María Chimalapas, donde cerca de 700 habitantes viven bajo amenazas atribuidas presuntamente a personas vinculadas con el crimen organizado.
La denuncia exhibe un escenario alarmante y, al mismo tiempo, coloca bajo cuestionamiento la capacidad de respuesta del gobierno estatal encabezado por Salomón Jara, señalado por organizaciones y habitantes de mantener una distancia preocupante frente a los conflictos que afectan a comunidades indígenas y rurales de Oaxaca.
De acuerdo con el Comité Nacional, autoridades agrarias y locales de ambas comunidades solicitaron de manera urgente y por escrito la presencia de fuerzas federales para garantizar la seguridad de la población. El llamado surge tras una serie de intimidaciones y amenazas de muerte que, aseguran, se intensificaron luego de la detención del presidente municipal de Cintalapa, Chiapas, Ernesto Cruz.
Personas ajenas a las comunidades y provenientes de Chiapas habrían ingresado a la zona y buscado refugio en los poblados, presuntamente obligando a habitantes a firmar documentos que podrían perjudicarlos y sometiéndolos a constantes amenazas.
El temor no es menor. Familias enteras, menores de edad, mujeres y adultos mayores permanecen en un ambiente de incertidumbre ante la posibilidad de agresiones por parte de individuos que se identifican como integrantes del crimen organizado.
La gravedad de la denuncia no solo radica en las amenazas, sino en la abierta desconfianza hacia las autoridades estatales de Oaxaca y Chiapas. El Comité informó que los pobladores exigen la presencia de la Guardia Nacional, la Marina o el Ejército Mexicano, y rechazan la intervención de corporaciones estatales.
Nuevo San Andrés, uno de los poblados amenazados, posee además una historia marcada por el desplazamiento y la resistencia. Fue fundado en la década de 1970 por familias provenientes de Guerrero que escapaban de la violencia de la llamada guerra sucia. Décadas después, denuncian, vuelven a enfrentar el miedo a ser expulsados o asesinados.
En este contexto, las críticas hacia el gobernador Salomón Jara se intensifican. Diversos sectores cuestionan que, mientras comunidades indígenas alertan sobre un posible escenario de violencia y desplazamiento, la respuesta estatal no ha generado la confianza ni la certeza que los habitantes reclaman.
Para los pobladores de Chimalapas, el silencio institucional y la ausencia de acciones visibles reflejan una falta de empatía frente a una crisis que amenaza directamente su seguridad y permanencia en el territorio.
El Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas insistió en que el llamado no debe minimizarse. Advirtió que ignorar las amenazas podría derivar en consecuencias irreparables y urgió a las autoridades federales a intervenir antes de que la violencia alcance a estas comunidades enclavadas en territorio oaxaqueño.