Acatarán fallo sobre política energética

“Las sentencias de la Corte se acatan y no hay manera de que no. Sin embargo, éste fue un acuerdo, por eso se quedó en sala, porque la competencia era básicamente de la sala.” Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación / Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO.

Las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “se cumplen y no hay manera de no hacerlo”, aseveró la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, al fijar su postura en torno a la derrota judicial que sufrió en sus partes sustantivas el acuerdo del gobierno federal en el que se basó la política energética de esta administración.

La funcionaria explicó que lo que votaron los ministros de la Segunda Sala del alto tribunal, por una mayoría de cuatro votos, “fue sólo un acuerdo” y por ello habrá que esperar a la determinación del Congreso acerca de la iniciativa preferente que envió hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador con el propósito de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) frente a las empresas privadas para que el Estado mexicano tenga la rectoría en esa materia.

Las sentencias de la Corte se acatan y no hay manera de que no, se acatan. Sin embargo, éste fue un acuerdo, por eso se quedó en sala, porque la competencia era básicamente de la sala, no del pleno, porque era un acuerdo del Ejecutivo; ahora viene la reforma legal y en la reforma legal ya es otra situación, porque es el Congreso de la Unión quien tiene esta atribución y, desde luego, está en la cancha del Congreso la aprobación o no de esta ley”, expresó ayer.

Sánchez Cordero reiteró que la intención del gobierno del presidente López Obrador es que el Estado posea la rectoría en materia de la generación y suministro de energía eléctrica, lo cual no se traduce en un monopolio, tal como lo aseguran los críticos de la iniciativa recién enviada a los legisladores federales, ya que la participación de las empresas privadas está contemplada.

No es monopolio, es rectoría del Estado a través de CFE, y que esta empresa del Estado nos proporcione a los mexicanos la estabilidad, la continuidad y confiabilidad en el sistema eléctrico, esta ley está encaminada a esto”, detalló la secretaria.

La Segunda Sala de la Corte declaró, el pasado miércoles, inconstitucionales a más de una veintena de disposiciones de la política de confiabilidad en el sistema eléctrico nacional, publicada el 15 de mayo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación.

“ACUERDO PRETENDÍA IMPONER BARRERAS”

Javier Martín Reyes, profesor de la división de estudios jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), celebró la invalidación de la política energética impulsada por el gobierno federal, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al señalar que pretendía imponer barreras a la competencia económica en el sector.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, el especialista indicó que “hay que celebrar esta determinación de la Segunda Sala, de los cuatro ministros que votaron a favor del proyecto del ministro (Luis María) Aguilar”.

Explicó que lo que se tenía era “un acuerdo que buscaba introducir barreras a la competencia económica en el sector de la energía eléctrica para favorecer desproporcionadamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y para afectar de manera particular a todos los generadores de energías limpias y en particular las que se generan con el aire y con el sol”, afirmó.

Detalló que “la controversia constitucional que presentó la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y que sirvió de base para este proyecto de sentencia del ministro Aguilar, es una impugnación muy robusta que demuestra clara y muy contundente cómo la Secretaría de Energía lo que quiso hacer fue introducir barreras que no están contempladas en la ley para que fuera más difícil que estas energías renovables pudieran competir en el mercado”.

Sobre la iniciativa preferente del Presidente para reformar la Ley de la Industria Eléctrica y que se prevé sea aprobada por la mayoría de Morena en el Congreso, el profesor del CIDE dijo que, de darse el caso, es posible que la Corte la invalide, pero aclaró que tendría un largo camino de impugnaciones.

De la Redacción

AMU