La reforma judicial ordenada en 2024 por el presidente López Obrador, aceptada por la presidenta Sheinbaum y aprobada sin objeción alguna por el Congreso, no sólo ha sido cuestionada en México por jueces, juristas, políticos de oposición y muchos analistas; también ha merecido reprobación en el ámbito internacional. Primero fue la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos, al desaconsejar que ese modelo se replique en otros países. Y recientemente la Unión Internacional de Magistrados (UIM) aprobó la expulsión de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), por haber respaldado una reforma que atenta contra la independencia y la neutralidad política de los jueces.
La resolución de la UIM fue aprobada este 17 de octubre por una amplia mayoría de su Consejo Central, en cuya asamblea participaron delegaciones de 70 países. La sanción es muy severa, pero −a juicio de la UIM− la causa la amerita. Respaldar una reforma que implicó la destitución de miles de juzgadores de carrera, sin justificación ni garantías y aplicado retroactivamente, viola principios generales de la justicia con los que la organización internacional de magistrados está comprometida.
Desde que en México se hizo pública aquella iniciativa presidencial abundaron las voces que advirtieron los riesgos de politizar de esa forma la designación de jueces de todos los niveles. En primer lugar, la mayoría de los jueces, así como el personal de apoyo del Poder Judicial, denunciaron que no había razones para abolir de tajo la carrera judicial, es decir, las reglas y los mecanismos de selección, designación, evaluación y ascensos basados en el saber especializado y el desempeño profesional. La oposición del personal del Poder Judicial no respondía a una mera defensa laboral, en sí misma totalmente legítima. Se trataba de preservar las condiciones indispensables para que los juzgadores interpreten la ley y protejan los derechos fundamentales con objetividad e independencia, sin someterse a intereses particulares ni a dictados políticos.
Los daños que la reforma judicial está causando a la impartición de justicia son incalculables y muy probablemente serán irreparables por muchos años. De entrada, hay una pérdida enorme de capital humano especializado en Derecho y en impartición de justicia. Pensemos, por ejemplo, que la gran mayoría de jueces federales y magistrados de circuito alcanzaron tales cargos después de laborar en el Poder Judicial, como promedio general, cerca de 15 años (transitando por funciones subalternas como escribientes, actuarios, secretarios de estudio y cuenta, secretarios de juzgado y, algunos, jueces del fuero común). Tan sólo con las elecciones judiciales de 2025, fueron destituidos de sus cargos 890 juzgadores de todos los niveles del Poder Judicial de la Federación. Otros renunciaron por su propia voluntad. Esto suma más de 13 mil años de experiencia judicial, prácticamente arrojados al basurero. Y si agregamos a jueces y magistrados locales también destituidos, a razón de un promedio de 10 años de carrera de cada uno de los jueces de primera instancia y 25 de los magistrados, que juntos acumulan más de 17 mil años, la cantidad total de experiencia judicial desperdiciada se aproxima a 30 mil años. ¿Alguno de los legisladores que levantaron el dedo para aprobar esa reforma pensaron por un momento lo que le costó al Estado mexicano formar y pagar esos 30 mil años de experiencia judicial? No lo creo. Y lo peor es que, según los designios desde el poder político, esa encomienda destructiva habrá de repetirse en 2028.
Tales vacantes forzadas fueron ocupadas por muchos abogados inexpertos o de antecedentes dudosos, mediante unas elecciones desairadas por la ciudadanía y dirigidas por los deshonrosos acordeones. Es de suponerse que entre los nuevos juzgadores designados de esa manera haya algunas personas preparadas y acaso también rectas, pero su reputación ha sido manchada de ilegitimidad por su origen.
En el año transcurrido con esos nuevos juzgadores ya se pueden apreciar muchas deficiencias y algunos vicios que socavan la impartición de justicia: mayores rezagos que antes, proyectos elaborados por los secretarios y firmados sin revisión por los titulares, ausentismo de los jueces, probablemente más facilidad para los sobornos y sentencias emitidas por consigna para favorecer los intereses de la administración pública en funciones, lo que ha dado por llamarse “justicia pro-estado”. Sin duda, el Poder Judicial tenía deficiencias y algunas prácticas viciadas, pero la reforma no hizo otra cosa que empeorarlas.
El resultado es una seguridad jurídica precaria y, con ello, cada vez mayor desconfianza ciudadana en una institución creada desde el origen como principal contrapeso del poder y garante de los derechos individuales. La falta de independencia de los juzgadores desampara a las personas, y la incertidumbre jurídica inhibe las inversiones nacionales y extranjeras. La Unión Internacional de Magistrados reprueba esa reforma judicial mexicana porque debilita gravemente la división de poderes, principio imprescindible del Estado de Derecho.