“Intereses económicos y políticos no dejan actuar”

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de marzo.- El fenómeno de los jornaleros que se trasladan a otros estados del país para ofrecer su mano de obra en campos agrícolas no es nuevo, y por el contrario, es histórico y obedece principalmente a que en sus lugares de origen no cuentan con una fuente de empleo ni medios de subsistencia, afirmó la doctora Teresa de Jesús Rojas, investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional.

En entrevista para Excélsior Televisión con Pascal Beltrán del Río, la especialista en jornalerismo lamentó que este cambio no represente para los jornaleros una mejora en su calidad de vida, toda vez que las empresas que los contratan los mantienen en condiciones deplorables e inhumanas.

“Cualquier realidad que uno pueda documentar, desde mediados del siglo pasado al día de hoy, son exactamente las mismas condiciones de vida y trabajo de esta población”.

Puntualizó que si bien el caso más reciente que salió a la luz involucra a 200 indígenas rarámuri procedentes de Chihuahua que laboraban en campos de la empresa El Cerezo, en Baja California Sur, el principal estado expulsor de jornaleros es Guerrero, seguido de Oaxaca, Veracruz e Hidalgo.

La realidad de atracción de cada entidad federativa se modifica, entonces Chihuahua está muy cerca de Baja California y eso genera que haya una afluencia, pero a escala nacional los cuatro estados expulsores son los que te comento”.

Indicó que los estados del noroeste son el foco más atractivo para estos trabajadores, siendo Sinaloa la entidad que más atrae la fuerza de trabajo externa.

No obstante, expuso que hay otros estados que resultan atractivos para los jornaleros agrícolas y que son catalogados como intermedios como Morelos, Tlaxcala, Estado de México, Puebla y Jalisco, aunque reiteró que las entidades del noroeste encabezan el flujo de mano de obra procedente de otros estados.

Precisó que este fenómeno tiene una característica pendular, es decir, en una determinada época del año estos trabajadores son trasladados por las llamadas “empresas enganchadoras” y una vez que concluye el ciclo de cultivo, se regresan a sus lugares de origen para cultivar sus propias tierras.

La doctora Teresa de Jesús Rojas mencionó que la más reciente encuesta de la Sedesol señala que la cifra de trabajadores agrícolas que se desplazan es de dos millones cien mil, sin embargo “nosotros como investigadores tomamos estos datos con mucha reserva porque uno de los grandes problemas que tenemos con los jornaleros para poder ubicar los distintos indicadores, sobre todo de corte socio demográfico, es que no tenemos datos precisos”.

La especialista dijo que ante este fenómeno tanto los sectores académicos como las ONG y sociedad civil en general han expresado su exigencia de que se cumpla la ley y que las autoridades no permitan que en esos campos agrícolas trabajen menores y, en el caso de los adultos, que reciban mejores condiciones y salarios dignos.

“Tenemos una ley que simplemente no se cumple por los intereses económicos que se están jugando en el país; nosotros podemos ver datos económicos de lo que genera esta fuerza de trabajo y las ganancias son impensables”.

Aseguró que estos intereses económicos mezclados con intereses políticos hacen una mancuerna que provoca que instituciones de gobierno encargadas de proteger social y laboralmente a estos trabajadores —como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social— no puedan actuar.