Venezuela libera a unos 30 presos políticos tras la entrada en vigor de la Ley de Amnistía

Una treintena de personas encarceladas por motivos políticos abandonaron la prisión de El Rodeo I, a unos 40 kilómetros de Caracas, la tarde del lunes tras la promulgación de una nueva ley de amnistía que busca beneficiar a detenidos por delitos políticos desde 1999 hasta febrero de este año, confirmó la organización Foro Penal.

Familiares y allegados aguardaban la salida de los excarcelados, muchos con camisas blancas y gritando consigna al ver a sus parientes cruzar la puerta principal del penal. Algunos corearon “¡Somos libres!” al momento de los reencuentros.

Luis Viera, uno de los excarcelados, dijo a periodistas que estuvo detenido por más de un año y que sus planes inmediatos son ponerse al corriente con lo ocurrido en el país y estar con su familia.

Otro liberado, identificado como Javier Rivas, afirmó que fue señalado de participar en un intento golpista y denunció haber sufrido torturas y maltratos físicos durante su detención. “Aquí estoy vivo”, declaró tras salir del penal.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó el sábado que más de 1 500 personas han solicitado acogerse a la amnistía y que unos 11 mil en libertad condicional podrían obtener libertad plena con la nueva norma.

La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática fue aprobada por unanimidad el 19 de febrero en la Asamblea Nacional e incluye disposiciones que buscan otorgar beneficios legales a personas procesadas o condenadas por delitos políticos cometidos en distintos momentos desde 1999.

Organizaciones de derechos humanos han señalado que, desde la entrada en vigor de la ley, unos 54 liberados han obtenido libertad plena según registros hasta el 22 de febrero, aunque en el país también se mantiene la preocupación por cientos de detenidos que podrían quedar fuera del beneficio por exclusiones en su aplicación.

Expertos y colectivos han señalado que la ley no cubre a todos los casos de detención política, especialmente militares acusados de delitos graves relacionados con acciones armadas, lo que ha generado protestas y huelgas de hambre de un sector de presos que no han sido beneficiados por la normativa.

RLO