Juez federal impide a la administración Trump retirar permisos de trabajo a migrantes
Un juez federal frena temporalmente la política de la administración Trump que buscaba retirar los permisos de trabajo a solicitantes de asilo y beneficiarios del TPS.
El juez federal de distrito Nathaniel Gorton, con sede en Boston, emitió una orden que impide de forma temporal que el Gobierno del presidente Donald Trump prive a decenas de miles de solicitantes de asilo y migrantes con Estatus de Protección Temporal (TPS) de su derecho a trabajar en Estados Unidos. La medida responde a una demanda presentada por una coalición de organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes y sindicatos contra el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
La orden permanecerá en vigor hasta que el juez decida si dicta una suspensión más prolongada de la política de la Administración Trump. Gorton adelantó que se pronunciará antes del 5 de agosto.
La ley fiscal y de gasto público aprobada en julio de 2025 por el Congreso de mayoría republicana introdujo por primera vez tasas para solicitar asilo y restringió la autorización de empleo para personas con TPS. El gobierno de Trump ha buscado poner fin a este estatus para migrantes de más de una docena de países, y recientemente la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó la rescisión del TPS para miles de haitianos y sirios.
El TPS es una designación que permite a migrantes de países afectados por guerras, desastres naturales u otras crisis vivir y trabajar en Estados Unidos mientras no sea seguro regresar a sus lugares de origen.
La demanda, presentada por el grupo jurídico Democracy Forward, sostiene que el USCIS aplicó ilegalmente las disposiciones de la nueva ley, en particular aquellas que podrían dejar sin permisos de trabajo a miles de titulares del TPS de El Salvador, Sudán y Ucrania. Los demandantes alegaron que las políticas eran inválidas porque se aplicaron retroactivamente y sin notificación pública, lo que viola la Ley de Procedimiento Administrativo.
Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, afirmó que la resolución garantiza que miles de familias no pierdan sus medios de subsistencia mientras los tribunales evalúan la legalidad de las políticas.
Aunque el juez Gorton se negó a impedir que el USCIS cobre la nueva tasa por el momento, aclaró que la agencia no puede privar de permisos de trabajo a quienes no la paguen ni imponer sanciones adicionales. El TPS sigue vigente para El Salvador hasta el 9 de septiembre, y para Sudán y Ucrania hasta el 19 de octubre.
Con información de Reuters.