Managua, 19 de julio de 2026. Cuarenta y siete años después de que el sandinismo derrocara a un dictador, Daniel Ortega subió a la tarima a decir, sin metáfora ni disimulo, lo que ya todos sabíamos: que no habrá más elecciones en Nicaragua. No unas elecciones limpias, vigiladas y ni siquiera fingidas. Ninguna. “Aquí no volverá a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder”, dijo, refiriéndose a una oposición a la que él mismo metió presa, exilió o desnacionalizó hace años.
No es una ocurrencia. Es la confesión pública de un proceso que empezó mucho antes y que, ahora, por fin se queda sin eufemismo. Conviene no tratar el anuncio como una anécdota folclórica del “excomandante guerrillero” ni como una rareza tropical más en el anecdotario latinoamericano. Ortega no rompió la democracia nicaragüense el domingo en Managua: la enterró en cuotas, durante casi dos décadas, y este fin de semana simplemente leyó la lápida en voz alta.
Todo lo que hoy se anuncia como destino ya se había ensayado como método. Contra los ciudadanos, la represión de abril de 2018 dejó más de 300 muertos, según Naciones Unidas, cuando miles de nicaragüenses salieron a protestar contra reformas al seguro social y terminaron enfrentando a un aparato de Estado que disparó para no ceder ni un centímetro de poder. Esa masacre no fue un exceso puntual: fue el ensayo general de lo que vendría. Contra los intelectuales, universidades enteras fueron clausuradas, organizaciones civiles —más de cinco mil, según cuentan colectivos de derechos humanos— canceladas, y a cientos de críticos, académicos y escritores se les confiscaron bienes y se les arrebató la nacionalidad bajo la figura de “traidores a la patria”. Pensar distinto se volvió, literalmente, motivo de apatridia. Contra los periodistas, el cierre de medios independientes, el exilio forzado de redacciones completas y la persecución judicial convirtieron a Nicaragua en uno de los países con menos libertad de prensa del continente: contar lo que pasa dejó de ser oficio y pasó a ser delito. Y contra los opositores, la lista es larguísima. Y, encima de todo eso, la reforma constitucional de febrero de 2025: la que eliminó la división de poderes, la que creó la copresidencia con Rosario Murillo, la que institucionalizó —por ley, no ya sólo por práctica— la posibilidad de despojar de la nacionalidad a quien disienta. Esa reforma no fue el techo del edificio autoritario; fue apenas el penúltimo piso. El anuncio del domingo es el remate.
Ortega tiene 80 años, arrastra los pasos en sus últimas apariciones públicas y gobierna, de facto, en pareja con Murillo, quien —dicen opositores en el exilio— ya ejecuta una purga interna en las instituciones ante la eventualidad de su muerte. No hay, en este anuncio, la seguridad de un poder eterno; hay, más bien, el miedo de un poder que sabe que sólo se sostiene mientras nadie pueda votarlo fuera. Por eso la insistencia en culpar a Washington de cada intento opositor, por eso el “que por mucha plata que le den los yanquis, no podrán”: la dictadura necesita un enemigo externo para explicar por qué le teme tanto a sus propios ciudadanos. La comunidad internacional —la ONU, la OEA, el Parlamento Europeo, el Departamento de Estado— ha condenado el anuncio, como condenó cada paso anterior. Y como en cada paso anterior, la condena probablemente no cambiará nada en Managua. Nicaragua Nunca Más lo resumió con precisión: el sandinismo se convirtió en un partido único sin oposición real, porque el Estado de derecho, ahí, sencillamente ya no existe.
Lo que distingue este domingo de todos los anteriores no es la sustancia, sino la renuncia al disfraz. Durante años, el ortegismo simuló procesos electorales, aunque fueran de resultado cantado. Ahora ni siquiera eso. Se ahorra la ficción porque ya no le hace falta sostenerla ante nadie. Cuando un régimen deja de fingir que compite, no es porque se haya vuelto más fuerte. Es porque ya no necesita aparentar fortaleza: la ejerce sin más, a cara descubierta. Ése es el verdadero anuncio del domingo. No que Nicaragua dejará de tener elecciones —hace tiempo que no las tenía, en el sentido en que la palabra democracia les da sentido—, sino que su dictador ya no considera necesario que finjamos lo contrario.