MADRID.— Algunos fracasos institucionales no se desarrollan a través del escándalo, sino del procedimiento: actos de sabotaje disfrazados de rendición de cuentas e investigación de buena fe. Cuando por fin alguien comprende lo que está ocurriendo, el daño ya está hecho.
Temo que es lo que estamos viendo en los ataques contra Karim Khan, fiscal en jefe de la Corte Penal Internacional en La Haya. Los últimos acontecimientos parecen dirigidos al cumplimiento de objetivos para los que Estados Unidos e Israel venían trabajando hace meses. La historia comienza en abril de 2024, cuando un grupo de senadores estadunidenses envió a Khan una advertencia (en realidad, una amenaza) respecto de que él mismo iba a quedar en la mira si acaso se atrevía a solicitar una orden de arresto por crímenes de guerra contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Sin dejarse amedrentar, Khan hizo exactamente eso: pidió órdenes de arresto contra Netanyahu, contra el exministro de defensa israelí Yoav Gallant y contra un comandante de Hamás, así como antes había pedido la detención del presidente ruso Vladimir Putin, del expresidente filipino Rodrigo Duterte y del liderazgo talibán.
Pero, ahora, los enemigos de Khan consiguieron iniciar un debate sobre su posible destitución, usando como punta de lanza acusaciones de conducta sexual inapropiada. Es un ejemplo clásico de una institución que no somete un asunto interno a los mismos principios (en concreto, el respeto al Estado de derecho) que supuestamente defiende en el nivel mundial. Aunque un panel judicial interno (mecanismo creado por la Corte para evaluar asuntos de esta naturaleza) examinó las acusaciones y concluyó que no cumplían criterios mínimos para probar que hubo una conducta inadecuada, los que buscan la destitución de Khan no se rindieron. Ahora los Estados miembros de la CPI se disponen a mezclar dos cuestiones distintas (la de si hubo una conducta indebida grave y la de si corresponde destituir al fiscal) en una única votación. No es una mera formalidad. Meter la segunda cuestión dentro de la primera (que, insisto, no está probada) permitiría destituir a Khan sobre la base de una acusación sin fundamento o de alguna cuestión completamente distinta (por ejemplo, que hubiera mantenido una relación íntima consentida desde una posición de autoridad, algo de lo que nadie lo acusó).
Dado que el caso de Khan es parte evidente de una ofensiva más amplia contra la CPI, conviene llamar la atención sobre la identidad de los enemigos del tribunal y lo que pretenden. El 13 de julio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, publicó un artículo de opinión en The Wall Street Journal con un título inequívoco: “Por qué estamos desmantelando la Corte Penal Internacional”. No fue mera retórica. Estados Unidos ya dictó sanciones contra once altos cargos de la CPI, entre ellos Khan, dos fiscales adjuntos y ocho jueces; todos ellos tienen (entre otras medidas) las cuentas bancarias congeladas, canceladas las tarjetas de crédito y bloqueadas las cuentas en Apple, Amazon y PayPal. Además, Rubio no se limitó a anunciar que su gobierno tiene intención de desmantelar la CPI “ladrillo a ladrillo”. También disfrazó la iniciativa como una cruzada por la civilización. Presentó a la Corte como un instrumento de activistas progresistas, élites globalistas y gobiernos hostiles a Estados Unidos, y anunció una campaña diplomática para movilizar a todos los aliados que respaldan el credo MAGA de la soberanía nacional contra el globalismo.
Además, según el Financial Times, cuando en mayo el presidente estadunidense Donald Trump se reunió con el presidente chino Xi Jinping, propuso que China y Rusia (que no adhieren al Estatuto de Roma por el que se creó la CPI) se le unan para oponerse al tribunal. El hecho de que los socios elegidos por Estados Unidos en esta cruzada sean precisamente los dos países con más motivos para tener miedo de la Corte dice más sobre el verdadero propósito de la operación contra Khan que cualquier comunicado sobre soberanía. No hace falta creer en conspiraciones para ver la confluencia de intereses entre los gobiernos de EU e Israel. La administración Trump y Netanyahu quieren lo mismo: garantizar que ningún tribunal internacional pueda tocar a soldados, agentes de frontera o aliados selectos, cualquiera sea la gravedad de las acusaciones por crímenes de guerra y contra la humanidad. Para ambos, el “escándalo Khan” es la ocasión perfecta para neutralizar a la Corte. No necesitan destruirla desde fuera si sus propios Estados miembros pueden vaciarla desde dentro al ignorar una resolución judicial y celebrar una votación política contra el hombre que firmó las órdenes de arresto que más les incomodaban.
De modo que los países que todavía adhieren al Estatuto de Roma enfrentan una elección que trascenderá este caso. Pueden exigir un proceso digno de la institución que crearon, que otorgue al fiscal de la CPI las mismas garantías procesales que la CPI exige a todos los Estados. O pueden sentar un precedente de primacía de la política por sobre las sentencias judiciales.
La elección correcta es obvia. La CPI debe seguir siendo un tribunal independiente y no ceder de ningún modo ante quienes quieren desmantelarla “ladrillo a ladrillo”. Khan demostró valor y fortaleza para pedir órdenes de arresto contra sospechosos que en los primeros años de existencia del tribunal se habrían considerado intocables. En momentos en que la justicia penal internacional y el Estado de derecho enfrentan un ataque frontal a gran escala (en particular, de parte de acusados de crímenes de guerra) Khan merece el reconocimiento y el apoyo del mundo entero.
*Fue alto representante de la Unión Europea para asuntos exteriores y política de seguridad, vicepresidente de la Comisión Europea, presidente del Parlamento Europeo y ministro de asuntos exteriores de España
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