EU asesta golpe al tráfico de especies: caen 2 “empresarios” en operación encubierta
Tras una investigación encubierta de 18 meses, las autoridades de los Estados Unidos capturaron a una pareja dedicada al tráfico ilegal de especies.

Tras una investigación encubierta de 18 meses, las autoridades de los Estados Unidos capturaron a una pareja dedicada al tráfico ilegal de especies de vida silvestre a través de la frontera con México, que llevaba operando al menos tres años con ganancias de decenas de miles de dólares.
Georgina Bribiesca Chávez, de 66 años y originaria de Tijuana, fue arrestada la semana pasada cuando intentó cruzar por la garita de San Ysidro, con cuatro víboras de palma (Bothriechis aurifer), tres cocodrilos de pantano y una cría, 60 dragoncitos o lagartos caimán y una serpiente índigo (Drymarchon), animales protegidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
El socio de la mujer de nombre Salvador Pelayo, de 28 años de edad, residente de Chula Vista, fue aprehendido en julio y enfrenta cargos por tráfico ilegal de vida silvestre ante una corte del Distrito Sur de California.
Según el expediente judicial, la mañana del 10 de agosto de 2026, la señora Bribiesca Chávez pretendió internarse a los Estados Unidos, señalando que "no tenía nada que declarar", y cuando el agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), revisó su identificación, descubrió que tenía una orden de arresto pendiente, por lo que procedió a detenerla y asegurar su vehículo.
El día siguiente, en el corralón de la CBP se descubrió que en el automóvil de color rojo había un compartimiento oculto en el asiento trasero, que contenía fundas de almohada cerradas, anudadas y selladas con cinta adhesiva, donde se registraba movimiento.
Ante esta situación, los oficiales trasladaron la carga al Zoológico de San Diego, donde personal especializado halló los ejemplares de vida silvestre, que permanecieron abandonados durante casi 24 horas bajo los intensos rayos del Sol.
Debido a que la mujer no avisó sobre los animales vivos en el automóvil, los tres cocodrilos perdieron la vida antes de que pudieran recibir atención médica.
En la primera audiencia, la jueza Jill L. Burkhardt ordenó que Georgina Bribiesca Chávez permanezca en prisión, sin derecho a fianza, mientras se desarrolla el juicio, luego de que ella y su cómplice se declararon inocentes.

Historia delictiva
La investigación establece que la pareja comenzó a traficar animales en 2023, según lo pudieron confirmar investigadores del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos (FWS), que realizaron compras encubiertas que llegaban al Condado de San Diego.
En marzo de 2025, un agente adquirió cuatro ejemplares de tortuga de caja mexicana (Terrapene mexicana), y para cerrar el trato, se reunió en persona con Georgina Bribiesca Chávez, a quien le pagó dos mil 600 dólares en efectivo.
Las tortugas fueron inmediatamente trasladadas al Zoológico de Oakland para su cuidado y atención, donde fueron identificadas como especies protegidas nativas de México.
Las tortugas estaban mal de salud, probablemente porque fueron capturadas en la naturaleza y habían contraído una enfermedad respiratoria. En mayo de 2025, las cuatro tortugas habían muerto”, indica el expediente.
En una segunda ocasión, también en marzo de 2025, otro agente encubierto compró cuatro ejemplares de tortuga de caja mexicana y tortuga de caja yucateca (Terrapene yucatana), a su socio Salvador Pelayo.
El hombre usó el nombre falso de "José López" para enviar a Nueva York una caja por paquetería que contenía los ejemplares.
El Servicio de Pesca y Vida Silvestre recibió las tortugas al día siguiente y las transfirió al Zoológico de Buffalo para su protección.
Los registros judiciales indican que Bribiesca y Pelayo también compraban animales protegidos en los Estados Unidos y los exportaban a México, en el mismo automóvil rojo que fue decomisado en la garita de San Ysidro.
La Oficina del Fiscal del Distrito Sur de California informó que la mujer volverá a la corte el próximo 27 de agosto y su cómplice el 2 de octubre, donde podrían enfrentar una pena de cinco años de prisión y una multa de hasta 250 mil dólares.