La relación entre México y Estados Unidos rebasa una ventanilla migratoria. Compartimos frontera, familias, comercio, inversiones, tecnología y una movilidad humana que sostiene a ambos países. Por eso, cuando las reglas de ingreso comienzan a percibirse como arbitrarias, debemos hablar de reciprocidad, dignidad y respeto.
El Departamento de Estado estadunidense informó que, desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, ha revocado más de 175 mil visas. Muchas cancelaciones responden a razones perfectamente comprensibles: delitos, fraude migratorio, incumplimiento de las condiciones de la visa o amenazas a la seguridad nacional. Ningún país está obligado a admitir a quien pretende violar sus leyes. El problema comienza cuando la frontera entre seguridad y pensamiento político se vuelve borrosa. Existen casos de visas retiradas por expresiones políticas que no agradan a la administración de Trump, o por acciones de gobiernos latinoamericanos que tienen relaciones de negocios con China. Una democracia tiene derecho a protegerse; lo que no debería hacer es confundir una amenaza real con una opinión incómoda.
Además, solicitar una visa estadunidense cuesta dinero. La tarifa de una visa de visitante B1/B2 es de 185 dólares y no es reembolsable. El solicitante paga, aunque la visa sea negada. Pero que algo sea legal no impide preguntarnos si es justo y proporcional.
La asimetría resulta evidente para muchos mexicanos. Los ciudadanos estadunidenses pueden viajar a México por turismo sin obtener previamente una visa mexicana, mientras el ciudadano mexicano necesita solicitar, pagar y obtener autorización para visitar Estados Unidos. Washington, además, mantiene un Programa de Exención de Visa que permite a ciudadanos de numerosos países viajar por turismo o negocios hasta por 90 días; Chile forma parte de ese esquema. México no.
Hay otro punto delicado: los teléfonos y dispositivos electrónicos. La autoridad fronteriza estadunidense reconoce que puede revisarlos. Una búsqueda básica puede realizarse incluso sin sospecha individual; una búsqueda avanzada requiere sospecha razonable o una preocupación de seguridad nacional. El principio merece atención: un teléfono contiene conversaciones, fotografías, opiniones, relaciones personales y buena parte de nuestra vida privada.
Combatir terrorismo, trata de personas, narcotráfico, explotación infantil o fraude es obligación legítima de cualquier Estado. Revisar a quien representa un riesgo comprobable es una cosa. Convertir las ideas políticas, las críticas o las opiniones expresadas legalmente en una especie de examen de admisión es otra muy distinta.
México ha construido su política exterior alrededor de principios que vale la pena recordar: igualdad jurídica de los Estados, solución pacífica de las controversias, cooperación internacional y respeto al derecho. Esta tradición no acepta decisiones intervencionistas de un socio, por poderoso que sea. La cooperación funciona mejor entre iguales que entre quien premia, castiga o presiona.
Tampoco se trata de decirle a los estadunidenses cómo gobernar su país. Sus ciudadanos decidirán en las urnas qué gobierno quieren y qué políticas respaldan. Esa misma consideración debe operar en sentido contrario. México no necesita permiso para pensar distinto, ni sus ciudadanos deberían sentir que una opinión política legítima puede convertirse en una sanción migratoria.
Estados Unidos tiene derecho a cuidar sus fronteras. México tiene derecho a exigir respeto para sus ciudadanos. Y ambos tienen la obligación de distinguir entre seguridad y arbitrariedad, por lo que las visas no deben convertirse en un instrumento de adversidad y de recuperación de influencia política.
Quizá sea momento de poner una palabra incómoda sobre la mesa bilateral: reciprocidad. Si somos socios, vecinos y aliados económicos, el trato debe reflejarlo. Porque una frontera puede separar territorios; lo que no debería separar es la dignidad de las personas. ¿O no, estimado lector?