Esposa de Netanyahu lanza teoría sobre traición el 7 de octubre
Netanyahu acusa a mandos de seguridad de no despertarlo la madrugada del ataque de Hamás

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, señalado por la Corte Penal Internacional (CPI) como sospechoso de crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza, desató una nueva polémica interna al acusar a altos mandos militares y de seguridad de decidir "deliberadamente" no despertarlo la madrugada del 7 de octubre de 2023.
La oposición y responsables de seguridad calificaron el señalamiento de "teoría de la conspiración" con fines electorales.
La CPI dictó en noviembre de 2024 una orden de arresto contra Netanyahu al considerar que existían "motivos razonables" para creer que privó "intencional y conscientemente" a la población civil de Gaza de alimentos, agua, medicinas y combustible.
Israel rechaza la jurisdicción del tribunal y Netanyahu ha calificado la orden de "antisemita", por lo que continúa ejerciendo el cargo sin comparecer ante la Corte.
En medio de ese antecedente, el mandatario formuló su nueva acusación en un video difundido por el Canal 12 israelí y la repitió en un pódcast, donde cuestionó a los entonces altos mandos del Ejército y del Shin Bet.
"¿Por qué no me despertaron?", preguntó Netanyahu de forma retórica, según el registro del propio video.
Teoría sin pruebas que la oposición señala como maniobra electoral
El ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 dejó cerca de mil 200 muertos y 251 rehenes trasladados a Gaza. Según la versión de Netanyahu, los jefes de seguridad temieron que, de haberle avisado, habría ordenado movilizar de inmediato al Ejército, lo que habría precipitado un enfrentamiento que preferían evitar.
La controversia escaló luego de que la primera dama, Sara Netanyahu, insinuara en una entrevista con Canal 14 que el exsubjefe del Estado Mayor, Yair Golan, pudo tener información previa del ataque, al cuestionar cómo llegó a la frontera de Gaza alrededor de las 8 de la mañana. Golan, general de división en la reserva, se trasladó ese día a la zona y participó en labores de rescate, según testimonios y registros citados por el medio Haaretz, sin que exista evidencia pública que respalde la insinuación de la primera dama.
Sara Netanyahu se refirió inicialmente al ataque como ocurrido el "6 de octubre" antes de corregirse, y al ser cuestionada directamente sobre una posible "traición" evitó descartar esa versión, pidiendo en cambio una comisión estatal de investigación, de acuerdo con The Times of Israel.
Golan anunció una demanda por difamación y acusó a la primera dama, en la red social X, de fomentar una "incitación a la violencia continua y descabellada". Su abogado exigió una disculpa pública en 24 horas y una compensación para sobrevivientes del festival Nova, bajo amenaza de reclamar 2.5 millones de shekels, unos 714 mil 473 euros.
El partido Los Demócratas, liderado por Golan, acusó a la primera dama de "cruzar una línea roja que raya en la locura".
El excandidato Naftali Bennett calificó las declaraciones de la familia Netanyahu como una teoría "enferma, falsa y peligrosa" contra los jefes del Ejército y del Shin Bet, mientras que analistas citados por la prensa israelí advirtieron que este tipo de señalamientos, sin evidencia pública que los sustente, buscan desviar la atención de las fallas de seguridad e inteligencia bajo la responsabilidad directa del gobierno de Netanyahu.
El ministro de Defensa, Israel Katz, se negó a descartar que hubiera existido una traición, y el ministro de Asuntos de la Diáspora, Amichai Chikli, llegó a afirmar que los jefes de las Fuerzas de Defensa y del Shin Bet habían ocultado información al primer ministro.
El propio Netanyahu, sin embargo, terminó por señalar que no cree que haya existido una traición y describió el 7 de octubre como un "gran fracaso", sin asumir responsabilidad directa por las fallas de seguridad ocurridas bajo su gobierno.
Las declaraciones ocurren a semanas de las elecciones legislativas del 27 de octubre, en un contexto en el que Netanyahu busca reelegirse mientras enfrenta la orden de arresto internacional y un juicio interno por corrupción.