Cuando el Estado administra la dosis, pero no logra matar

La noche del miércoles 30 de septiembre de 2026, en Nashville, la ejecución de Christa Pike esperó más de ocho horas mientras la Corte Suprema de Estados Unidos revocaba la orden de un tribunal de apelaciones que había frenado el proceso. Después, los funcionarios le administraron dos dosis de pentobarbital. No la mataron, pero sus abogados dijeron que tenía los brazos quemados y ampollados.

Cuatro días más tarde seguía inconsciente y con respirador. Pike tenía 18 años cuando, en 1995, junto a su novio, mató a una compañera, Colleen Slemmer. Nunca negó el crimen. La familia de la víctima, que apoyaba la ejecución, calificó el intento fallido de “un desastre”. 

Pero la historia estadunidense ya había visto antes ejecuciones que no terminaron en muerte. En 1946, en Luisiana, el caso fundacional es el de Willie Francis, un joven de raza negra condenado por matar a un sheriff. Sobrevivió a la silla eléctrica el 3 de mayo de ese año cuando el equipo falló, por lo que Luisiana lo ejecutó el 9 de mayo de 1947. Las fuentes discrepan sobre si tenía 16 o 17 años. La Corte Suprema, en Francis v. Resweber, resolvió que una nueva ejecución no violaba el doble enjuiciamiento ni la prohibición de castigos crueles. 

El texto describe lo ocurrido como el argumento de una película. El verdugo

accionó el interruptor, pero, por alguna falla mecánica, la muerte no llegó. La clave era que se trató de un accidente, sin intención de infligir dolor innecesario.  

Décadas después, el problema ya no era la electricidad. En 2009, Ohio desistió tras dos horas de buscar una vena en Romell Broom. Le clavaron la aguja 18 veces. El médico que lo examinó describió esos intentos, según el Death Penalty Information Center, como “algo entre mala praxis y agresión”. 

En 2016, la Corte Suprema de Ohio, por cuatro votos contra tres, permitió un segundo intento. Como Broom no estuvo en riesgo de morir en el primero, repetirlo no era doble pena, y el Estado no buscaba causar dolor innecesario. Le negó, además, una audiencia probatoria, pero una jueza disintió: si el Estado no puede explicar por qué falló, no puede garantizar que la próxima vez sea distinto. 

Otro juez, también en disidencia, calificó un segundo intento como la “muerte prolongada” que la Corte federal ya consideró cruel. Broom murió de covid-19 en 2020, aún condenado. En 2017, Ohio detuvo también la inyección de Alva Campbell por no hallar una vena.  

En 2018, a Doyle Hamm, con cáncer y hepatitis C, lo inyectaron 11 veces en piernas e ingle durante dos horas y media, pese a que el Estado había sido advertido de que sería casi imposible canalizarlo. Fue en Alabama, que acordó no intentarlo de nuevo. Es el único caso en que la protección vino de un acuerdo negociado, no de una sentencia. 

En 2024, Idaho detuvo la ejecución de Thomas Creech, de 73 años, tras ocho intentos fallidos de insertar la vía, y la orden de ejecución venció ese mismo día. Si Idaho lo intenta de nuevo, usará el pelotón de fusilamiento, que desde el 1 de julio de 2026 es su método principal. 

Luego llegó Tennessee. El pasado 21 de mayo, se logró una vía en el brazo derecho de Tony Carruthers, pero no la secundaria, y tampoco la vía central. El gobernador Bill Lee le concedió un año de indulto. Cuatro meses y después llegó Pike. 

Hasta ahora, casi todas las fallas fueron de acceso venoso o de equipo. Según el medio digital The Conversation, Pike sería la primera persona que recibe las dosis completas del fármaco y sobrevive. Eso pesa en el derecho. Un análisis del despacho Hanken Law razona que, como ambos juegos de jeringas llegaron a sus vías, el precedente más fuerte para Tennessee sería Francis, no Broom, porque en Ohio el fármaco nunca entró. 

Así, el comisionado de prisiones Frank Strada renunció, y el gobernador Lee ordenó una investigación independiente. 

Quizá nunca se sepa qué tortura sufrió Pike ni cuán consciente estuvo, pero desde ya sus defensores piden conmutarle la pena.