‘Se acabó la impunidad para narcoterroristas’: Senadores de EU por caso Rocha Moya

“Desde Nicolás Maduro hasta Rubén Rocha Moya, si eres cómplice del narcotráfico hacia Estados Unidos, te haremos responsable”, afirman.

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Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa.Cuartoscuro/José Betanzos Zárate

El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos advirtió en sus redes sociales, “se acabó la impunidad para los narcoterroristas”. Y subrayó: “Desde Nicolás Maduro hasta Rubén Rocha Moya, si eres cómplice del narcotráfico hacia Estados Unidos, te haremos responsable. Esto es solo el principio”, señala el posicionamiento, que acompaña la difusión de la acusación judicial.

La declaración, difundida en la red social X, no solo menciona al mandatario sinaloense, sino que lo coloca en una narrativa más amplia de persecución internacional contra actores señalados por vínculos con el narcotráfico. “

El caso tiene su origen en la imputación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ante un tribunal federal en Nueva York. La fiscalía acusa a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios de alto nivel de haber colaborado con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas y armas hacia territorio estadounidense.

De acuerdo con el expediente, los implicados “se asociaron para distribuir cantidades masivas de narcóticos en Estados Unidos”, en una presunta red que involucra a figuras clave del aparato político y de seguridad estatal. Entre los señalados figuran el senador Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez y el vicefiscal Dámaso Castro, entre otros.

La acusación posiciona a Rocha Moya como el funcionario mexicano en activo de mayor rango señalado por la justicia estadounidense por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Vínculos con ‘Los Chapitos’

Uno de los elementos más sensibles del caso es la presunta relación con la facción conocida como Los Chapitos, integrada por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Según la fiscalía, este grupo habría apoyado políticamente a Rocha Moya para llegar al poder en 2021.

“A cambio, […] prometió protección mientras distribuían cantidades masivas de drogas”, indica el documento judicial. Este señalamiento conecta directamente la esfera política con las estructuras del narcotráfico, en un estado históricamente marcado por la disputa entre facciones criminales.

La respuesta ha sido inmediata, aunque cautelosa. La Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su inconformidad por la forma en que se hizo pública la acusación, al considerar que se vulneraron mecanismos de confidencialidad bilateral. En ese sentido, anunció el envío de un “extrañamiento” a la embajada estadounidense.

Por su parte, la Fiscalía General de la República informó que abrió una investigación para determinar si existen elementos suficientes que sustenten las solicitudes de extradición. Según la institución, la petición estadounidense “no se acompaña de evidencias contundentes”.

El propio Rocha Moya rechazó los señalamientos. “Carecen de veracidad y fundamento alguno”, afirmó en redes sociales, mientras que en declaraciones a medios locales aseguró estar “tranquilo trabajando por Sinaloa”.

Presión política y contexto bilateral complejo

El endurecimiento del discurso desde Washington ocurre en un contexto de creciente presión del presidente Donald Trump, cuya administración ha intensificado su estrategia contra el tráfico de fentanilo y otras drogas. La posibilidad de imponer aranceles o incluso acciones unilaterales en territorio mexicano ha elevado la tensión diplomática.

El caso también se produce tras recientes fricciones por la actuación de agentes estadounidenses en México, lo que añade un componente de soberanía a la controversia.

En Culiacán, capital del estado, el caso ha generado reacciones encontradas. Para algunos sectores, las acusaciones reflejan una realidad percibida desde hace tiempo. “Era insostenible lo que teníamos en Sinaloa”, afirmó el empresario Miguel Taniyama, aludiendo a la persistencia de la violencia.

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